Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) hizo hoy, domingo, un llamado a que se garantice la seguridad de los manifestantes, mayormente jóvenes, que han establecido un campamento frente al Tribunal Federal de Hato Rey en repudio a la aprobación de una Junta de Control Fiscal.

Los manifestantes llevan desde el miércoles en el campamento, pero el pasado viernes 1 de julio, alguaciles federales advirtieron que no se pueden quedar en su ubicación actual y que los participantes se deben retirar.

‘Entendemos que este grupo de personas quiere expresar su preocupación por la decisión de imponer una Junta de Control Fiscal y que se está llevando a cabo de manera pacífica. Exigimos que cualquier intento de desalojar el campamento se haga con pleno respeto por los derechos humanos de estos jóvenes que están expresando su sentir sobre una situación que preocupa a gran parte de la sociedad’, expresó Liza Gallardo Martín, Directora Ejecutiva de AIPR.

La organización global, defensora de los derechos humanos, hizo su llamado debido al historial de criminalización del derecho a expresión pública en Puerto Rico. ‘Expresarse públicamente y participar en manifestaciones es un derecho fundamental para poder reclamar sus otros derechos’, explicó Rubén Kondrup, Coordinador de Activismo de AIPR.

‘Sin embargo, hemos visto como en Puerto Rico y muchos otros países, la protesta se trata como un acto criminal. Este es un asunto de mucha preocupación para Amnistía Internacional’, añadió Kondrup.

La desobediencia civil es una táctica que se utiliza en todas partes del mundo y mientras siga siendo un acto no-violento la Policía y otros actores del Estado no deben utilizar fuerza contra los manifestantes.

‘Los ojos del país están actualmente sobre este campamento y en Amnistía Internacional también estamos pendientes de los acontecimientos allí. Cualquier incidente de uso de fuerza excesiva o irrazonable sería totalmente inaceptable’, concluyó Gallardo.