La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el martes el despido de cuatro gerenciales y una cuidadora como consecuencia de la muerte de una infanta en Casa Cuna el pasado 4 de julio.

‘Ninguna palabra de aliento, ninguna acción disciplinaria, ninguna cantidad de dinero pueden devolverle la vida a Emiliana Del Valle Colón. Aunque nada en nuestra investigación demuestra una intención expresa de hacer daño a ningún participante por ninguna de las cinco personas aquí mencionadas, ya sea por hechos o por omisión, estos empleados se vieron involucrados en una serie de sucesos que desembocaron en la muerte de una niña inocente’, dijo la Alcaldesa en una declaración a la prensa.

Cruz Soto no reveló los nombres de los empleados despedidos, pero detalló que se trata de la subdirectora de Casa Cuna, la supervisora de las cuidadoras, la supervisora de sección y la cuidadora de la niña así como el director auxiliar de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias.

Según la investigación que realizó el Municipio, la piscina en la cual la menor murió se compró el 24 de marzo de 2016, pero se instaló en Casa Cuna el 23 de junio de 2016. La piscina fue llenada por personal de Manejo de Emergencias ese 23 de junio a solicitud de la subdirectora de Casa Cuna.

El 4 de julio se desarrolló una actividad de confraternización en Casa Cuna donde participaron 19 menores y siete cuidadoras. La cuidadora encargada de Emiliana del Valle Colón no ejerció a cabalidad sus funciones y como consecuencia la menor murió.

La supervisora de las cuidadoras no estaba, según la investigación, realizando a cabalidad sus deberes de supervisión, por lo tanto, no pudo apoyar los esfuerzos para evitar el trágico incidente.

‘De por sí la presencia de una piscina no es negativa, siempre y cuando esté acompañada de elementos esenciales para mantener la seguridad de los participantes’, sentenció la Alcaldesa.

Los familiares de la menor radicaron una demanda de casi un millón de dólares contra el Municipio de San Juan por el incidente. Posteriormente, la jueza federal Carmen Consuelo Vargas ordenó el arresto del padre de la menor por la supuesta amenaza que hiciera contra Casa Cuna y sus empleados. El sujeto estaba libre bajo fianza por un caso de supuesto narcotráfico y Ley de Armas.

Del Valle Díaz compareció en la mañana del martes, a la vista de revocación de fianza ante el magistrado federal Bruce McGiverin, quien acogió la solicitud de la defensa y la recomendación de la Oficina de Probatoria para que el acusado permanezca bajo arresto domiciliario hasta que se celebre el juicio en su contra.

Según reportes de prensa, el magistrado le advirtió que solo podrá salir de su residencia para acudir a las exequias fúnebres de su hija.

La fiscal Penélope Castellanos dijo que el ministerio público no se opone a que el acusado permanezca bajo fianza. Empero, destacó que Del Valle Díaz amenazó con tirotear Casa Cuna, por lo que el Municipio de San Juan tomó las advertencias en serio y dispuso protección policiaca en el lugar.

A Del Valle se le advirtió que no podrá acercarse a Casa Cuna ni a la trabajadora social del Departamento de la Familia que tenía a cargo el caso de su hija.

Este se entregó el lunes, a las autoridades federales, luego de que la jueza Carmen Consuelo Cerezo ordenara su arresto luego de que la Oficina de Probatoria, le notificara sobre las amenazas a Casa Cuna.

El acusado pasó la noche del lunes ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés).

Del Valle López se encontraba en libertad bajo fianza, tras ser acusado por un Gran Jurado por cargos por trasiego de drogas y uso de un arma de fuego en relación a un delito de narcotráfico.