El administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Gabriel López Arrieta, instó a los residentes a que asistan a las oficinas comerciales de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) para que establezcan acuerdos de pago y eviten la suspensión del servicio de energía electrica, según establece la Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de Servicios de la Autoridad de Energía Electrica y Acueductos y Alcantarillados (Ley 22 – 2016).

‘Urgimos a los residentes que aún no se han acogido al plan de pago de su deuda con la AEE, en especial de las zonas de Bayamón, San Juan y Carolina, a que pongan sus cuentas al día. En Vivienda Pública seguimos en la disposición de orientarles y continuar ofreciéndoles transportación a los residentes que así lo soliciten hasta las diversas oficinas regionales de la AEE, esto a través del agente administrador privado o municipio’, expresó López Arrieta.

Una vez entró en vigor la Ley 22 – 2016, la AVP inició un proceso de orientación sobre las disposiciones de la ley y constituyó un comité compuesto por líderes comunitarios para aunar esfuerzos con los trabajadores sociales de cada proyecto para lograr que los residentes en morosidad se acojan a un plan de pago y mantengan sus cuentas al día.

‘A inicios de este año comenzamos una iniciativa en conjunto con la AEE para que los residentes con cuentas atrasadas pudieran llegar hasta las oficinas comerciales de la Autoridad. Y como bien informó la AEE, hasta el 30 de junio 6,102 residentes hicieron acuerdos de pago, lo que produjo el recaudo de $1, 052,448.82’, explicó el administrador.

La Ley 22 – 2016 establece que el pago inicial o pronto para el plan de pago para los clientes de Vivienda Pública no excederá el 10% de la deuda en atraso o $200.00 lo que fuera menor, y el abono mensual será de $10.00. No obstante, si el cliente incumple con pagar 2 meses de su plan de pago, perderá el derecho al mismo.

‘Reconocemos que la AEE está en una situación fiscal delicada, sin embargo, hemos tenido avances significativos en la coordinación de planes de pagos con los residentes. No obstante, nos preocupa grandemente que hemos identificado un perfil de residentes que son ancianos y otros con problemas de salud que no reciben ingresos, y las ayudas económicas que reciben apenas las utilizan para el pago de alimentos y medicinas. Por eso, exhortamos a la AEE a continuar trabajando en coordinación con Vivienda Pública y que evalúe caso a caso, ya que el corte de luz masivo pudiera provocar el desahucio de aproximadamente 24,000 familias’, finalizó López Arrieta.