Entre el período de verano y noviembre del 2012, el empresario Anaudi Hernández Perez, junto a su socio Hector Vargas Soto, organizó actividades de recaudación de fondos para un grupo de políticos del Partido Popular Democrático (PPD).

La persona de más alto perfil por quien levantaron fondos – $25,000 en una actividad en agosto – era Alejandro García Padilla, quien ese noviembre se convertiría en el gobernador de Puerto Rico. En el palacete de Hernández Pérez en Aguadilla, se levantaron fondos para el Gobernador, para la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, para la senadora Maritere González y para el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.

‘Para qué eran estas actividades?’, preguntó el fiscal José Capó. ‘Uno busca ese acceso para poder establecer relaciones dentro del Gobierno para negocios futuros’, respondió Vargas Soto, sentado a la silla de testigo.

Con el testimonio de Vargas Soto, arrancó el quinto día de juicio contra los cuatro alegados cómplices del esquema de fraude gubernamental liderado por el empresario Hernández Pérez.

Vargas Soto se declaró culpable de haber participado en los tres esquemas de venta de influencias y corrupción por los que se acusó a Hernández Pérez, los cuales se ejecutaron en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Cámara de Representantes y en la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) del Departamento del Trabajo, hoy adscrita a La Fortaleza.

El 9 de noviembre del 2012, días después de que García Padilla ganara las elecciones, el testigo creó la compañía 3 Comm Global Inc., junto a Hernández y otros socios. La corporación de comunicaciones y tecnología fue incorporada específicamente para firmar contratos de tecnología con el gobierno, a pesar de que Vargas Soto reconoció en Corte que carecían de peritaje alguno en el campo.

Así que el propósito frontal de la empresa era, a través de contratos con el Gobierno, ‘hacer dinero y lograr beneficios’, expuso Vargas Soto. Aparte de las agencias anteriormente mencionadas, también buscaron sus beneficios en el Departamento de Corrección, la Administración de Servicios Especiales, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Compañía de Parques Nacionales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, entre otras.

De esos jugosos contratos, que podían sumar decenas o centenas de miles de dólares, las ganancias iban a 3 Comm Global Inc., y acto seguido se repartía entre los bolsillos de Anaudi Hernández, Héctor Vargas, Ramses Maldonado, José Rodríguez y el exsenador y excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz.

Vargas Soto fue enfático en que la amistad de Anaudi con el Gobernador y los estrechos vínculos políticos de Ortiz con el PPD, les permitía tener acceso a numerosas agencias que, al fin y al cabo, significaba numerosas oportunidades de negocio.

Fue entonces que se estableció un vínculo con una de las acusadas: Sally López Martínez. El testigo aseguró que sabía de primera mano que tanto Anaudi como Eder Ortiz contribuyeron a que fuera confirmada en la Legislatura y se posicionara como la jefa de ADL. ‘Era una oportunidad de tener acceso a posibles negocios con la ADL’, enunció el testigo, quien identificó a López Martínez en la mesa de los acusados.

Vargas Soto conoció a López Martínez a través de Anaudi en una actividad política, y una vez asumió el cargo, el primer contrato que gestionaron fue ‘para establecer electrónicamente el registro de participantes en las filas de empleo’ que organizaba dicha división del Departamento del Trabajo.

La empresa 3 Comm Global, representada por José Rodríguez, obtuvo el contrato a razón de $86,720. El contrato fue firmado el 30 de julio de 2013, a pesar de que se comenzó a gestionar en febrero y atravesó seis revisiones. Según el contrato, la empresa no tenía la autorización para subcontratar, pero así lo hicieron puesto que, como mencionó Vargas, carecían de peritaje para realizar la labor asignada.

A Ivonne Falcón Nieves, la única otra acusada que mencionó Vargas Soto en su testimonio, la conoció en la AAA, cuando esta ejercía como vicepresidenta y, junto a la exdirectora de compras de la agencia, Sonia Barreto, y a veces junto al actual presidente Alberto Lázaro, se reunía para presentarles propuestas y cuadrar contratos.

El testigo también mencionó encuentros extraoficiales, como cuando celebraron el cumpleaños de Anaudi en la suite del Gobernador en el Coliseo de Puerto Rico, donde acudieron López Martínez, Falcón Nieves, el director de la Administración de Servicios Generales (ASG), Luis Castro, – agencia con la cual también mantenían contratos –, entre otros.

A preguntas de Fiscalía, Vargas Soto también infirió que López Martínez tenía gustos costosos que eran complacidos por Anaudi y su socio, como costosas botellas de champagne rosa la cual le compraban con una American Express Black a la cual el testigo aún debe más de $200,000.

Otro dato que salió a relucir es que Anaudi formaba parte del Comité de Finanzas del actual presidente de la Cámara, Jaime Perelló. A ese comité también pertenecían Vargas Soto, Ferdinand Pérez y Liza Ortiz, actual directora de campaña de David Bernier.

A pesar de que el caso es conocido popularmente como el Caso Anaudi, los acusados que enfrentan juicio por alegadamente participar en el esquema de fraude gubernamental son los únicos que no se declararon culpables por los delitos de conspiración para cometer fraude, soborno o extorsión dependiendo del caso.

De los once involucrados en el esquema de fraude, solo cuatro mantuvieron su inocencia y pasaron a la etapa de juicio: López Martínez, Falcón Nieves, su hermana Marielis Falcón Nieves, y el exayudante de la Cámara de Representantes, Glenn Rivera Pizarro. Estos últimos dos no aparentaron guardar vínculo con lo que declaró el testigo.

El resto de los acusados, que incluye al empresario Hernández Pérez, cabeza del esquema de corrupción gubernamental, su socio Héctor Vargas, la exdirectora de compras de la AAA, Sonia Barreto, el exadministrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón, entre otros, se declararon culpables de los cargos que pesaban en su contra.

Presidido por el juez Pedro Delgado, el juicio se lleva a cabo en la sala 3 del Tribunal Federal de Hato Rey ante los miembros del Jurado.