El exjefe de la Administración para el Desarrollo Socieconómico de la Familia (ADSEF) bajo la administración del entonces gobernador Luis Fortuño, Esteban Perez Ubieta, recurrió hoy, lunes, al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para demandar a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y al Departamento de Justicia (DJ).
Para abril de 2016, Justicia intentó presentar un caso criminal en contra del Pérez Ubieta. Durante la vista de causa, el funcionario solicitó la desestimación total de las denuncias ya que el DJ no tenía autoridad en ley para presentar las mismas al estar cobijado por el esquema procesal penal excepcional establecido en las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 2 del 23 de febrero de 1988, que crea la OPFEI.
Pérez planteó que no ha transcurrido el término de cuatro años para fines de que la OPFEI pierda jurisdicción exclusiva sobre su persona en relación a la presentación de casos criminales en su contra, relacionados a su función como administrador de ADSEF.
Primera Instancia desestimó todas las denuncias acogiendo los planteamientos de Pérez en torno a la ausencia de autoridad en ley y violación al debido proceso de ley. El DJ recurrió al Apelativo y dicho foro confirmó el dictamen del TPI. Justicia nunca recurrió al Supremo de Puerto Rico, por lo que dicho dictamen advino final y firme.
Además, el demandante señaló conflictos de parte de la presidenta de la OPFEI, Lcda. Nydia Cotto Vives, a quien la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) refirió para investigación criminal a Justicia por conducta ilegal cometida mientras se desempeñaba como asesora legal externa de ADSEF y simultáneamente ocupaba la Presidencia de la agencia.
El 24 de agosto, Justicia expidió una citación en contra de Pérez para que comparezca este miércoles, 31 de agosto de 2016, para presentar el mismo caso criminal.
Por todo lo anterior, Pérez solicitó a modo urgente y extraordinario, los siguientes remedios: interdicto preliminar en contra del DJ para que dicha agencia cese y desista de su intención de presentar denuncias criminales en su contra; y un mandamus en contra de la OPFEI para que en base a la regla de necesidad, cumpla con su deber ministerial de asumir jurisdicción sobre el expediente investigativo referido por Justicia sobre este caso.
Justicia presentó 18 cargos contra Pérez y otra funcionaria, ElainePorrata Toro, de la agencia por falsificar documentos, fraude, falsedad ideológica, e intervención indebida para beneficiar a dos empresas con contratos.
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