Una funcionaria con capacidad para decidir sobre contratos. Unos contratistas públicos que conocen a la funcionaria y crean compañías para que ella les extienda contratos públicos a cambio de dinero y regalías. ¿Que es esto? ¿Sally López y Anaudi Hernández?

No, es el caso de la exadministradora auxiliar de programas de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) de la Administración Fortuño, Elaine Porrata Toro.

La exfuncionaria fue acusada por extorsión a nivel federal en lo que en su momento se aseguró que era el primer arresto en una investigación que supuestamente abarcaría amplio en la Administración Fortuño. Pero esos eran otros tiempos. Ahora el caso de Porrata se dirige a una rápida desaparición el 14 de septiembre próximo cuando se espera que la mujer se declare culpable y ese mismo día sea sentenciada a probatoria sin ningún rastro de la anticipada, y abarcadora, investigación.

Así quedó establecido el martes mediante mociones de su defensa y de la fiscalía federal en la que se acuerda que Porrata se declarará culpable solo de un cargo de fraude con transferencias electrónicas y que la fiscalía no se opondría a una sentencia inmediata de probatoria. Originalmente, Porrata, arrestada el 15 de septiembre de 2015, enfrentaba 20 años de cárcel por esta acusación que se había presentado como la punta del iceberg para una investigación más amplia a cargo de fiscales del Departamento de Justicia federal en Washington DC.

Aunque no se ofrece como la razón oficial para el acuerdo, la moción del abogado de Porrata apunta a que la resolución del caso vino por un deterioro notable en la salud de la acusada, quien está obligada a someterse a diálisis tres veces a la semana.

Con esta resolución del caso, quedarán en el tintero sin exposición en corte abierta, como está pasando en el caso del recaudador popular Anaudi Hernández Pérez, las alegaciones del pliego acusatorio de que Porrata inventó y ejecutó un esquema para enriquecerse personalmente cuando coordinó los esfuerzos para que dos empresarios particulares recibieran contratos de ADSEF para el almacenamiento de comida en Caguas. Los empresarios mencionados en la acusación son Ramón Díaz Delgado y Ángel Avilés Rosario, y las compañías involucradas son Warehouse Operation Management, High Quality Multi Services y otras no mencionadas. Porrata ayudó a formar las compañías, intervino en la contratación de personal dentro de las mismas, ayudó a redactar las propuestas y luego provocó dentro de la agencia que se extendieran los contratos a sus contactos.

La acusación incluía dos cargos de obstrucción a la justicia mediante intervención con testigos.

Acusación federal Elaine Porrata – NotiCel_20805