El director interino de Transmisión y Distribución de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), ingeniero Cesar González, defendió a capa y espada la subcontratación de empresas para los desganches de la corporación pública. Sin embargo, no pudo responder el ahorro que representa esta movida para la Autoridad porque aún no se han escogido las empresas con las cuales negociar.

‘La Autoridad tiene entre uno y cinco millones de dólares para empezar a trabajar con estas primeras cuatro compañías en ocho alimentadores (tendidos eléctricos). De números y costos no podemos hablar hasta que nosotros no nos sentemos a negociar con las compañías para buscar el costo más barato. Si yo te doy números pues obviamente le estoy dando una idea a los terceros (compañías) para que vengan a negociar conmigo’, sostuvo González.

A preguntas de NotiCel sobre las razones para subcontratar en vez de utilizar los mismos empleados de la AEE para estas labores, el ingeniero explicó que la aunque tienen todo los recursos no cuentan con los empleados para esta labor en los circuitos de la corporación pública.

‘Nosotros como empresa no podemos reclutar masivamente a unos empleados que luego que terminen los desganches, qué yo voy a hacer con esos empleados luego que tengamos un contrato de 30 años? Lo que queremos es poder buscar alternativas con terceros que puedan ayudarnos a controlar y mantener los circuitos limpios’, justificó González.

‘La flexibilidad de contratar a personas por tiempo definido ellos la tienen ya, es falso lo que dice el Director Ejecutivo de que él necesita personas para cinco años y no para 30. El convenio colectivo establece flexibilidad para contratar empleados de emergencia y empleados temporeros’, rebatió, por su parte, el secretario de Salud y Seguridad Ocupacional de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos.

‘Nos hacen falta empleados para el desganche. Lo hemos denunciado durante años. Sin embargo, en marzo les hicimos una propuesta, de reclutar empleados por la categoría de emergencia, que tiene una condición salarial menor, y que en el pasado lo habíamos hecho con el ingeniero Miguel Cordero en otros trabajos, en especial en la Central Costa Azul. Los resultados eran un 30 por ciento menos de lo que el contratista pretendía facturar’, reforzó el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.

Figueroa Jaramillo detalló a NotiCel que los empleados de carácter temporero cobran $12.91 la hora, pero están exentos de aportaciones al Sistema de Retiro, plan médico y días feriados. El adiestramiento para realizar los desganches de los tendidos eléctricos pueden durar de dos a tres meses.

‘Nosotros le propusimos a la Autoridad en marzo llegar a un acuerdo sobre la contratación de empleados temporeros, es cierto que no hay trabajadores pero ellos mismos lo han provocado’, insistió.

El director de la AEE, Javier Quintana, adelantó en entrevista radial (NotiUno) que serían cuatro las compañías agraciadas para el desenganche. Al momento, se evalúan 16 proveedoras de servicios de desganche, de los cuales solo cuatro serán contratados. Se trabaja la solicitud de propuestas para la cualificación de compañías (Request for Qualifications) y a mediados de octubre iniciaría la licitación, explicó González. Entre diciembre y enero se deben anunciar las compañías contratadas y el monto de los contratos para cada una.

Figueroa Jaramilloarremetió contra Quintana al asegurar que han contratado compañías privadas ‘para realizar desganches de forma secreta para beneficiar a empresas privadas, utilizando fondos públicos del pueblo de Puerto Rico’, a la vez que cuestionó la intención de la Autoridad en contratar por cinco millones de dólares ‘a estas compañías de forma sorpresiva, de forma fantasma, que no tienen ninguna experiencia’.

‘Vamos a evaluar costos, efectividad y calidad del trabajo, hay varias cosas, porque aunque una compañía podría hacer el trabajo, al nosotros poder contratar cuatro compañías diferentes nos vamos a poder sentar a negociar precios’, aseguró González.

Para Santos, ‘Sin lugar a duda ellos (el gobierno) provocaron con la Ley 66 que 1,500 trabajadores se acogieran a la jubilación y han ido desestabilizando la empresa de forma deliberada, como parte de una estrategia para implantar un modelo de privatización. La Autoridad está bajo la sindicatura de Lisa Donahue, el Director Ejecutivo, el Presidente de la Junta de Gobierno, el Presidente de la Comisión de Energía, y un grupo de empresarios privados que fueron colocados en posiciones claves para que timonearan la Autoridad a un proceso de privatización’.

Entretanto, el ingeniero González estimó que las pérdidas que el apagón general ocurrido en septiembre ronda los $550,000 por el daño de los ‘brakers’ y la limpieza del aceite mineral que calló en el terreno de las estructuras de la central de Aguirre en Salinas. Los daños a nivel isla en los tendidos eléctricos se estimó entre $8 y $9 millones.