Transigen a oscuras pleitos contra Perelló por discrimen político (documentos)
El Departamento de Justicia transigió cinco casos federales que pesaban contra el expresidente cameral Jaime Perelló por violación de derechos civiles con alegaciones de discrimen político mediante acuerdos confidenciales.
Justicia ni Perelló ofrecieron detalles anoche de las transacciones que quedaron consignadas en la minuta de una reunión celebrada el martes pasado ante el juez federal Juan M. Pérez Giménez.
Por Justicia estuvo su jefa de litigios federales, y también miembro del Comité de Transacciones, Wandymar Burgos, y por Perelló estuvo el abogado Javier Burgos Ruiz, así como los abogados de los demandantes. Las transacciones cubrieron cinco casos.
Según la minuta de uno de los casos, hubo alguna discusión sobre lo que podía pasar 'si la validez del acuerdo (transaccional) es cuestionado por cualquier miembro de la próxima administración del Gobierno de Puerto Rico', y la respuesta fue que eso se llevaría a la atención del juez Pérez Giménez, quien quedó a cargo de la implantación del acuerdo en los casos.
La minuta no detalla el dato crucial de a cuánto ascienden los pagos de dinero público para compensar a los demandantes, quienes originalmente reclamaron $101 millones en compensación y daños, ni se detalla cualquier otra acción que obligue los, escasos, recursos públicos del Gobierno de Puerto Rico.
Lo que sí se conocen son los hechos de cada una de las demandas y una de las alegaciones que se repite es que Perelló supuestamente dijo, en referencia al grupo de empleados demandantes despedidos, que 'no voy a descansar hasta que bote a todos los hijos de putas penepés del Capitolio'.
Los pleitos cubren las reclamaciones de 68 exempleados de la Superintendencia del Capitolio. Tres de estos también están acusados a nivel criminal en el caso que Justicia lleva por el esquema de fraude masivo que se ejecutó en la Superinendencia durante la Administración Fortuño cuando eran presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Jennifer González y bajo el mando del exsuperintendente, actual administrador de municipio de Ponce, Eliezer Velázquez. La presencia de estos acusados criminales en el grupo de demandantes hace aún más crucial conocer cuál fue el tratamiento que tuvieron en el acuerdo transaccional de parte del mismo gobierno que los procesa criminalmente.
Los hechos de corrupción en la Superintendencia bajo Velázquez son también objeto de una auditoría de la Oficina del Contralor que totalizó el fraude en casi $3 millones y que precisó que parte del dinero desviado acabó en la cuenta de un candidato político. Velázquez fue candidato primarista en el ciclo eleccionario de 2012.
En uno de los pleitos, aparece el presidente senatorial Eduardo Bhatia como codemandado y en otros aparece el convicto exadministrador de a Cámara bajo Perelló, Xavier González Calderón, como codemandado.
Mientras, la representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, recordó en un aparte con NotiCel que cuando asumió el puesto de portavoz de la minoría en la Cámara cuestionó que cesantearan más de cien empleados que habían laborado en el cuerpo legislativo.
'Estas eran personas que no venían acompañadas de nombramientos políticos y lamentablemente por expresiones del propio Presidente de la Cámara (Jaime Perelló), que decía que los iba a destituir, tuvieron que entablar una demanda y de esos empleados, 68 la ejecutaron una demanda a nivel federal que es un minúsculo grupo de uno mucho más grande al que originalmente demandó. Aunque son transacciones confidenciales, yo me alegro que hayan tenido que llegar a unos acuerdos de transacción con estas personas que estuvieron más de cuatro años privados de sus empleos y que pasaron vicisitudes, yo me alegro que haya habido justicia sobre este caso y el tiempo es el mejor testigo', afirmó la candidata a la Comisaría Residente del PNP.
Su contrincante por el Partido Popular Democrático (PPD), licenciado Héctor Ferrer, aseguró desconocer los pormenores del caso, pero enfatizó que 'una cosa es una investigación criminal y otra cosa es un proceso administrativo judicial '.
Cuestionado sobre si votará por Perelló aclaró que, 'donde yo voto él no está, es inconsecuente ese acto en sentido que yo voto por el primero que esté en mi precinto y no es él'.
Entretanto, el juez Pérez Giménez indicó a este medio que no puede hacer expresiones por los acuerdos de confidencialidad que solicitaron y acordaron las partes.
*Nicol Colón Santiago colaboró en esta historia.
Minuta en caso 13-1820 - NotiCel_21183