Peñuelas Valley Landfill (PVL) no podrá usar ni depositar cenizas de carbón en el vertedero peñolano o en cualquier jurisdicción del municipio, resolvió este martes el juez Eric Ronda del Toro del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce.

Peñuelas Valley Landfill (PVL) no podrá usar ni depositar cenizas de carbón en el vertedero peñolano o en cualquier jurisdicción del municipio, resolvió este martes el juez Eric Ronda del Toro del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce.

En su sentencia, el magistrado advirtió además que si algún contratista o funcionario de PVL ‘ordena o intenta’ depositar en el área cualquiera de los residuos de la combustión de carbón que genera la empresa eléctrica AES en Guayama, podrá ser encontrado incurso en desacato al Tribunal.

Con este fallo, el juez dio por terminado un pleito que se originó en junio de 2015, cuando PVL acusó a los activistas José Manuel Díaz Pérez, Jimmy Borrero Costas y miembros del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa por obstruir el acceso al vertedero y ‘provocar daños irreparables’ a la empresa.

Los demandados, por su parte, argumentaron que su intervención tuvo como objetivo impedir la entrada de camiones con toneladas de cenizas tóxicas y exigir a la empresa operadora del vertedero que cumpliera con la Ordenanza Municipal Número 13. Esta última prohíbe desde el 10 de abril de 2013 el uso y depósito de cenizas producto de la quema de carbón en cualquier lugar de Peñuelas.

Aun así, durante los primeros meses del 2015 la compañía PVL introdujo de forma ilegal siete mil toneladas de cenizas de carbón en el vertedero industrial, como admitió la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico en su Resolución 15-23-1.

Estas violaciones, sin embargo, no redundaron en sanciones, multas o la cancelación de permisos de la agencia a PVL.

Las descargas de este material, además, ocurrieron en violación al artículo 6.6 del contrato entre AES y el cliente que compra toda su producción eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica. Desde su firma en octubre de 1994, dicha cláusula garantizaba al gobierno que las cenizas de carbón que produjera la empresa privada nunca serían descartadas en la isla.

Esta sección del contrato se enmendó en secreto el 17 de julio de 2015, un mes después de que el pleito entre los operadores de PVL y los activistas de Tallaboa llegara al tribunal de Ponce.

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