El gremio agricultor oficializó su rechazo a la Junta de Control Fiscal (JCF), impuesta bajo la Ley Promesa, por considerar que su Sección, que alude a las determinaciones sobre el uso de terrenos en Puerto Rico, pudiera afectar a las 161,436 cuerdas de terreno catalogadas por la Junta de Planificación como reservas agrícolas y traer como resultado la merma en el desarrollo de estos productos.

Como parte de este argumento de rechazo, las organizaciones reiteraron su apoyo a la postura del juez Juan R. Torruella, quien anteriormente convocó a la ciudadanía a realizar un boicot económico ante la llegada del ente federal que en este caso, se resumiría a un menor apoyo a los productos importados.

‘Cómo puede un país al que se le ha colocado una sindicatura producto de la imposición de una JCF, que no es sino una agencia de cobro para el recaudo de una deuda pública estimada en $72 mil millones, pensar que antes que se pague a dichos acreedores, estará en primer orden de prioridades fomentar y alcanzar la autosostenibilidad alimentaria mediante el fomento de nuestra agricultura’, preguntó el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR), Alejandro Torres Rivera, como parte de la apertura del evento que reunió a 4 exponentes de la industria agrónoma.

Consecuentemente, se dio paso a la intervención de los exponentes, quienes compartieron sus preocupaciones ante el organismo federal, entre las cuales, se hizo especial énfasis en el Título 4 de la Ley, el cual otorga a los 7 miembros del ente, la autoridad de anular leyes estatales que fomenten entre otras cosas, la seguridad y el desarrollo alimentario. De igual modo, se mencionó la posible privatización de las corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), situación que según se dijo Torres, expondría el recurso del agua como un factor limitante, provocando que el precio del agua para los agricultores se venda ‘como si fuese a una compañía’.

Ante esto, Pablo L. Jiménez Cruz, presidente del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, estableció que la postura de su gremio ronda en proteger el desarrollo de los terrenos con potencial agrícola al igual que los recursos naturales.

Mientras, Héctor Collazo, presidente de la Comisión de Agricultura del CAPR, catalogó la imposición de la JCF como un ‘huracán categoría 5 para la agricultura’. Y solicitó, además, a la ciudadana, adelantar la agenda del boicot económico ante el 85% de alimentos que se venden importados. También denunció la organización de un sistema que permite ‘una mayor liberación económica concediendo libertad comercial como La Real Cédula de Gracia que, en 1815, concedió a Puerto Rico libertad comercial bajo el dominio español’.

Por su parte, Kathia Avilés, directora ejecutiva de la Oficina del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico, incluyó que las decisiones que tome el mecanismo federal ‘pudieran poner en peligro todos los activos de Puerto Rico’, situación que no permitiría lograr sostenibilidad alimentaria, sino que culminaría con una mayor dependencia a la importación.

Según datos citados durante el foro celebrado en las instalaciones del CAPR, ‘en 1950 se estimaban sobre 1.8 millones de cuerdas destinadas a la agricultura de las cuales se ha visto la reducción de mas de 1 millón de cuerdas’.

El panel de oradores presentó, además, su preocupación ante la posible aprobación del artículo de Promesa que induciría a los jóvenes menores de 25 años a un salario de $4.25 la hora, razón por la cual se solicitó que estos también hagan frente al boicot económico, fomentando la compra de alimentos producidos en la isla.

Cada exponente gozó de 15 minutos de presentación donde explicaban su respectivo ente representador y enumeraban las razones por las cuales las decisiones de los miembros de la JCF pudieran resultar negativas en el desarrollo de la autonomía alimentaria en Puerto Rico.