El Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda reiteró la importancia de una investigación profunda sobre la legalidad de la deuda pública a la luz de las recientes recomendaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF).
‘Ningún plan fiscal para atender las finanzas de Puerto Rico responde al mejor interés del pueblo si no va de la mano con la auditoría de la deuda según mandata la Ley 97 del 2015. La auditoría de la deuda es indispensable para la recuperación económica del País. La Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público ya ha advertido posibles ilegalidades en las emisiones de mucha de esa deuda. A su vez, el gobernador electo, Dr. Ricardo Rosselló también se ha expresado sobre la posible negligencia en el manejo de las finanzas públicas. No hay negociación de buena fe que se pueda llevar con acreedores, ni se estará protegiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, si no se certifica que esa deuda es legal’, expresó la licenciada Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente, en declaraciones escritas.
La abogada señaló que incluso la Ley PROMESA, en su Artículo 413, reconoce la importancia de los trabajos de la Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público en la determinación de la deuda a pagar. Sin embargo, tanto el gobierno entrante como la JCF mantienen silencio sobre el asunto.
‘Muchas de las recomendaciones presentadas por la Junta implicarán un alto precio para la ciudadanía, mayor pobreza para las familias trabajadoras y un gran retroceso en el disfrute de los derechos humanos de las próximas generaciones. Ejemplo de esto es la idea descabellada de la Junta que implicaría aumentar el costo del pasaje en las lanchas a Vieques y Culebra a 30.00 o 35.00 dólares. Todo lo anterior, para pagar una deuda que pudo ser emitida y adquirida de forma ilegal o negligente. Es una irresponsabilidad y negligencia crasa imponer todas estas medidas de austeridad sin que el pueblo tenga la información completa sobre la legalidad de lo que debemos. Además, qué garantía tiene el pueblo de que esto no vuelva a ocurrir’, añadió Justo Méndez Arámburu, también integrante del Frente y portavoz de VAMOS.
El Frente, junto a otras organizaciones, ya se había expresado esta semana ante el informe realizado por Hedge Clippers Campaign con la colaboración del Committee for Better Banks en Estados Unidos detallando una serie de conflictos de intereses e irregularidades cometidas por el Banco Santander en 67 mil millones de dólares de la deuda de Puerto Rico, y sus conexiones con la actual Junta de Control Fiscal que tiene dos miembros que fueron sus ejecutivos y presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Finalmente, el Frente hizo un llamado a la ciudadanía a mostrar su apoyo a la auditoría uniéndose a la petición en línea de la organización que ya ha alcanzado las 7,000 firmas y que está disponible en http://www.peticion.auditoriaya.org/.
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