Ante el impacto en la salud y en la contaminación ambiental que puede tener la práctica de depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico, el senador por el Distrito de Ponce, Luis Berdiel Rivera y el senador por acumulación, Jose Vargas Vidot, radicarán una medida para prohibir mediante ley el uso de las cenizas de carbón y sus residuos como material de relleno en proyectos de construcción, carreteras y en cuerpos de agua.

‘Es imperativo que esta Asamblea Legislativa provea los mecanismos legales para prohibir el depósito de cenizas producto de la generación de energía eléctrica a base de carbón sobre los terrenos de Puerto Rico y cualquier uso relacionado con las cenizas, como material de construcción o relleno. Además, es importante que se establezca que dichos desechos deben ser exportados de la Isla para disponerse en otras jurisdicciones que no afecten la salud de los seres humanos’, expusieron los legisladores en el proyecto senatorial en el cual hacen referencia a la situación que involucra a la planta generadora de energía a base de carbón Applied Energy Systems (AES) y el vertedero que opera EC Waste en Peñuelas.

La medida detalla que ningún generador de cenizas de carbón podrá almacenar las mismas en Puerto Rico por más de 90 días a partir de la fecha de generación. También dispon que sean exportadas por sus generadores. Durante este periodo, previo a la preparación para su disposición final, las cenizas deben estar bajo la tenencia, control, supervisión o custodia del generador y deberán estar contenidas en construcciones cerradas que impidan el acceso a la atmósfera. Quienes violen la ley incurrirán en delito grave por un término fijo de tres años, pena de multa de $10 mil por cada violación y/o ambas penas según determine el Tribunal.

El historial del depósito de cenizas de carbón por parte de AES, según el proyecto senatorial, se remonta al 2002 cuando esta compañía ubicó sus facilidades en el barrio Jobos de Guayama produciendo anualmente 250 mil toneladas de cenizas de carbón.

En un principio, la empresa exportó sus cenizas a República Dominicana para ser usadas como material de construcción en el pueblo Arroyo Barril. Ante esto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo publicó un estudio en el que se reveló que los residentes de dicho pueblo sufrieron, a causa del depósito de cenizas, lesiones pulmonares, enfermedades respiratorias, lesiones en la piel, defectos congénitos y abortos espontáneos. Posteriormente, el gobierno nacional entabló una demanda contra AES en los tribunales de Delaware que transaron por $6 millones.

Al enfrentar la oposición del gobierno dominicano, AES comenzó a depositar cenizas en el vertedero de Salinas y en caminos y a partir del 2008 comenzaron a convertirlas en relleno para nuevos proyectos de urbanizaciones y vías en diversos pueblos de la Isla. Luego AES, a través de su marca AGREMAX, comenzó a mercadear las cenizas para el uso de material de construcción. De hecho, varios grupos ambientalistas y sectores en Puerto Rico se han manifestado en contra del uso y depósito de las cenizas de carbón porque la presencia de metales y emisiones radioactivas afectan la salud y los acuíferos. Además, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) impuso en el 2012 a AES una multa de $170 mil por realizar descargas ‘ilegales’ de material contaminante en varios humedales entre los años 2005 al 2011.