El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, catalogó el miercoles, como preocupante y errada la interpretación en ley de la Superintendente designada a la Policía, Michelle Hernández, a los efectos de que estarán interviniendo con aquellos ciudadanos que exigen el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Peñuelas que prohíbe el depósito de cenizas tóxicas, estatuto recientemente avalado por el Tribunal Supremo del país.

‘Es sorprendente e increíble que comenzando sus funciones como Superintendente de la Policía, Hernández se haya convertido en la defensora y procuradora de quienes atentan contra la salud de las comunidades en Peñuelas y del medio ambiente mediante el deposito ilegal de cenizas tóxicas. Es inconcebible que el funcionario llamado a defender los derechos de los ciudadanos se haga de la vista larga y promueva con sus expresiones que se violente la ordenanza municipal -aprobada a instancias del Legislador Municipal del PIP- recientemente ratificada por el Tribunal Supremo Puerto Rico. Ante esta acción inaudita se hace imperativo la aprobación del proyecto de la Cámara 136 que resolvería la controversia de una vez y por todas estableciendo como política pública del Estado la prohibición del depósito de cenizas’, sentenció el recién juramentado legislador en declaraciones escritas.

A tales efectos, el representante pipiolo emplazó a la Superintendente de la Policía a que desista de su intención de intervenir y arrestar a los ciudadanos y requirió a la titular a que se cumpla con la ordenanza municipal que claramente prohíbe el depósito de cenizas en Peñuelas.

Por último, el Portavoz del PIP en la Cámara informó, que tan pronto como el jueves se trasladará hasta el Campamento ‘No más cenizas en Peñuelas’ para entregar copias del proyecto 136 a los residentes y líderes de las comunidades peñolanas. Ante las expresiones de la designada Superintendente, Márquez Lebrón informó, además, que se mantendrá en comunicación constante con los residentes y líderes comunitarios ante la eventualidad de cualquier suceso en perjuicio de los ciudadanos.