Tras un juicio de una semana, un jurado federal en condenó a cuatro individuos por conspirar para cometer fraude en una subasta para servicios de transporte público de autobuses escolares en el municipio de Caguas, anunció el Departamento de Justicia.

Gavino Rivera Herrera, Luciano Vega Martínez, Alfonso González Nevarez y René Garay Rodríguez fueron hallados culpables hoy por conspirar para ajustar sus ofertas y repartirse el mercado de transporte público escolar en el municipio de Caguas desde aproximadamente agosto de 2013 hasta mayo de 2015. Cada individuo también fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude postal y por cargos de defraudar al municipio de Caguas para obtener fraudulentamente contratos de servicios de transporte escolar. La vista de sentencia quedó señalada para el 30 de mayo de 2017.

‘Estos acusados ​​se enriquecieron a expensas de las escuelas de Puerto Rico y han sido responsabilizados por un jurado de sus pares’, dijo el Procurador General Adjunto Brent Snyder de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia.

‘Estas convicciones deben servir como un recordatorio de que las agencias federales tienen la intención de enjuiciar enérgicamente a aquellos que manipulan los procesos de licitación del gobierno para enriquecerse ilegalmente’, dijo la jefa de fiscales federales de San Juan, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

De acuerdo con la evidencia presentada en el juicio, los cuatro propietarios de autobuses escolares y otros coconspiradores llevaron a cabo la conspiración acordando durante reuniones y comunicaciones para repartirse los contratos de rutas de transporte otorgados por el Municipio. La evidencia demostró que los conspiradores presentaron certificaciones fraudulentas y recibieron cartas de adjudicación por correo certificado en relación con su conspiración.

Los acusados enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares. También fueron condenados por un cargo de conspiración para cometer fraude postal y cuatro cargos de fraude postal. Cada cargo de fraude postal y conspiración para cometer fraude postal, lleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de $ 250,000.

La investigación antimonopolística que produjo este caso sigue abierta y las autoridades pidieron la cooperación de cualquiera que tenga información sobre actuaciones similares en la industria de servicios de transporte de autobuses escolares de Puerto Rico la comunique mediante el 202-307-6694, la página www.justice.gov/atr/contact/newcase.html o el 787 -754-6000.