Tras un extenso debate de cerca de tres horas, y con 21 votos a favor, el Senado dio su consentimiento para el Proyecto de la Camara (PC) 675, que mantiene la suspensión del pago de la deuda pública hasta el 1 de mayo próximo para garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía y evitar un cierre gubernamental.

La vigencia de la llamada ‘Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal’ se podrá extender una sola vez por tres meses adicionales. Todo esto sin menoscabar las facultades de la Asamblea Legislativa.

La votación se dio luego de que la Junta Fiscal (JF) concediera a la presente Administración tiempo adicional para presentar el plan fiscal. A más tardar deberá estar listo el 28 de febrero próximo. También, aprobaron extender hasta el 1 de mayo la fecha de vencimiento de la moratoria.

No obstante, el gremio federal se mostró preocupado ante el PC 675 porque dice priorizar los servicios esenciales, pero no define cuáles son. De todos modos, la JF añadió que la Administración de Rosselló debe considerar catalogar como esencial el pago de la deuda pública, que al momento abarca más de $70 mil millones.

En el Senado, la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) alegaba que esta medida fue presentada de forma expedita por el presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz.

En respuesta, Rivera Schatz declaró que, contrario a la aprobación de la Ley de Moratoria el año pasado, en esta ocasión el la Cámara Alta realizó vistas públicas, no se descargó la medida en la madrugada, se emitió un informe con enmiendas y se otorgó ‘amplia oportunidad para que lo leyeran’.

En su exposición de casi 30 minutos, Schatz se dedicó a establecer las diferencias entre el PC 675 y la Ley de Moratoria aprobada por la pasada administración.

‘Entonces hoy aquí pretenden hacer un ejercicio de que la gente interprete que la Ley de moratoria hija del ‘me vale’ es similar al proyecto que tenemos ante nuestra consideración que es todo lo contrario. La ley que presenta el Gobernador de Puerto Rico es la ley del cumplimiento: palabra que no estaba en el diccionario del gobierno popular’, dijo.

El expresidente senatorial Eduardo Bhatia comentó que la extensión de la moratoria ‘es una reivindicación’ al objetar la misma junto a otros senadores de la delegación PPD. Sin embargo, el senador José Nadal Power, a pesar de informar sus preocupaciones, adelantó en su turno que le votaría a favor porque ‘la moratoria es necesaria’.

Por su parte, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Santiago declaró que ‘el problema de esta ley de moratoria es que nadie puede servir dos amos’.

Según Dalmau, el PC 675 resulta ser inoficioso porque la determinación de usar los fondos públicos para asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía o para pagarle a los bonitas estará sometida a lo que dictamine la Junta Fiscal.

En resumen, el proyecto cameral también permite nombrar síndicos para dependencias en estado de emergencia, así como nombrar recursos según sea necesario. Asimismo, le otorga al gobernador la potestad de vender, alquilar, traspasar, asignar o transferir activos y obligaciones de una entidad gubernamental de acuerdo al ‘ordenamiento jurídico vigente’ y sin ‘poner en peligro’ la salud, bienestar de los residentes de la Isla o afecta ‘inconstitucionalmente un bono, pagaré, valor u obligación legal no impugnada de una entidad del Gobierno’.

También estará en manos del gobernador aprobar o desaprobar la emisión de obligaciones de una entidad gubernamental de la Rama Ejecutiva sin trastocar la partida asignada al pago de nómina, costos relacionados y utilidades.

De otra parte, se autoriza a entidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva tomar dinero en préstamo pero ‘estas acciones sólo se podrán realizar sujeto al ordenamiento jurídico vigente’.

La versión aprobada elimina el estatuto en el que se le autorizaba al Gobernador la redesignación de fondos especiales que no se consideran parte del Fondo General.

Por otro lado, este cuerpo legislativo dio paso al Proyecto del Senado (PS) 6, según enmendado, que tiene el propósito de crear la (ODSEC) a través de la cual se modernizarán, simplificarán, unificarán y agilizarán los procesos y servicios gubernamentales en aras de lograr el desarrollo pleno de las Comunidades para que junto al tercer sector ‘sean motor de su propio desarrollo’ en el que el gobierno servirá de enlace y promotor de alianzas con el sector público y privado.

En su turno en contra de la medida, Dalmau Santiago se opuso porque el proyecto elimina la Ley de Comunidades Especiales y crea otra otorgándole súper poderes al gobernador en la administración de los fondos y la posibilidad de destituir al representante de las comunidades.

El senador independiente, José Vargas Vidot, comentó que esta medida ‘recibió tratamiento y empezó a ser parte de una consideración permanente de la comunidad’ y ‘ha habido un trato responsable sobre esto…La comunidad no habrá de perder lo que piensa que puede perder. Lo que justamente podía perder’.

En una reflexión sobre el estatus de las ‘Comunidades Especiales’, Vargas Vidot— presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias— sentenció que se convirtió en una ‘alcancía de lo inesperado’.

‘Cualquiera que decidió meter las manos lo hizo para sufragar proyectos de agendas que no tenían que ver con la comunidad. Las llamadas ‘Comunidades Especiales’ quedaron en un letrero. En un letargo’, declaró.

El PS 6 recibió 21 votos a favor y ocho en contra.

En la sesión, el Senado dio su aval a las Resoluciones 2, 11, 22 y 36 y concluyeron los trabajos a las 11:15 p.m. La próxima sesión será el jueves, 2 de febrero, a la 1:00 p.m.