Las organizaciones e individuos que componen la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia expresaron su preocupación sobre la intención de la Legislatura de enmendar el Código Penal y criminalizar la libertad de expresión.

‘Estas enmiendas al Código Penal buscarían castigar a quienes, como parte de una protesta legítima, obstruyan o paralicen obras de construcción, obstruyan o paralicen acceso o labores en edificios donde se ofrezcan servicios públicos, utilicen máscaras o capuchas dentro de instituciones de enseñanza o ‘estorben’ en procesos legislativos o actividades educativas, entre otras conductas. Preocupa, además, el impacto que podría tener la enmienda propuesta al delito de obstrucción a la justicia, bajo la cual ‘demorar o estorbar’ a un funcionario público sería un delito. Esto impediría que mediadoras promuevan el diálogo y la negociación entre policías y manifestantes. También pudiera impedir la labor de las personas observadoras y de los comités de disciplina. Algunos de estas enmiendas – como la Ley Tito Kayak- ya fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales de Puerto Rico’, reza en el comunicado de prensa.

La Mesa de Trabajo delcaró que las enmiendas son preocupantes ante los próximos días donde habrá asambleas y protestas de distintos sectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR). ‘La protesta es el primer derecho en la democracia y debe protegerse.’ manifestó la licenciada Ariadna Godreau Aubert, portavoz de la Mesa.

Por su parte, la licenciada Marilucy González Báez expresó que ‘estas medidas no guardan relación alguna con la lucha contra el crimen. Además, son amplias y vagas, por lo que no deben de ser válidas. Criminalizan derechos protegidos por la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos.’

La Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia es un espacio de diálogo, colaboración, estrategia y acción que reúne organizaciones, abogados, abogadas y estudiantes que trabajan por la defensa de los derechos de las personas, grupos y comunidades de escasos recursos.