El expresidente de la Cámara de Representantes, Jose Aponte Hernández, solicitó el lunes al Departamento de Justicia, así como a la Oficina de Ética Gubernamental, el estatus de las investigaciones sobre un supuesto esquema de corrupción pública por parte de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) que laboran en el Área Tecnica de Guayama.

‘En abril del 2016 sometimos unos referidos a Justicia y Ética Gubernamental para que estas entidades investigaran un aparente esquema de corrupción dentro de la AEE, específicamente en el Área Técnica de Guayama. Ha transcurrido más de un año y todavía no tenemos respuesta, a pesar de que ambas dependencias acogieron nuestro referido. Por eso estamos solicitándole a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, al igual que la directora de Ética, Zulma Rosario, que nos informen sobre el estado de dichas pesquisas’, indicó el representante en declaraciones escritas.

El líder legislativo denunció hace un año que desde finales del 2015 se comenzaron a desaparecer equipos y materiales de la AEE en Guayama.

Indicó que según la información provista al Departamento de Justicia, todo comenzó supuestamente cuando una brigada fue despachada a reparar una avería eléctrica en diciembre de 2015.

Explicó que el trabajo consistía en reemplazar un cable con una distancia aproximada de 300 pies. Para eso, el supervisor, José Morales, ordenó que se despacharan 1,400 pies de alambre tipo 4/0 1.5kv. En los trabajos también se cambió un alambre neutral 4/0 por uno de 2/0, esto fue a una distancia de 400 pies. Tanto el material removido, así como el sobrante del nuevo, jamás llegó de regreso al Área Técnica, por instrucciones de Morales, aseguró.

De acuerdo con Aponte Hernández, ante la irregular situación, un grupo de empleados alertaron al Ingeniero Enrique Colón, el entonces Director del Área Técnica de Guayama, en varias ocasiones sobre lo que estaba pasando.

En una carta fechada el 4 de abril de 2016, el entonces secretario de Justicia, César Miranda, acogió la solicitud de investigación y refirió la misma a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, la cual dirige el Fiscal Alberto Valcárcel Ruiz. Lo mismo ocurrió con Ética Gubernamental, concluyó.