Una masiva demanda por discrimen político sometida en el Tribunal Federal contra los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos Mendez, vuele a poner en vitrina el gasto de dinero público que ocurre en cada cambio de administración por el discrimen político de los empleados en la Superintendencia del Capitolio.

Como ha ocurrido durante por lo menos 25 años, la Superintendencia y la Oficina de Servicios Legislativos han sido botín para que las mayorías legislativas coloquen allí, mayormente, a los leales que, además de ese trabajo formal, se dedican a ser operadores del partido que está en mayoría para actividades proselitistas como mítines, trabajo electoral y otros.

El reinado actual del Partido Nuevo Progresista (PNP) no ha sido la excepción y ahora enfrentan una demanda federal radicada ayer por 78 exempleados de la Superintendencia que sostienen que fueron despedidos por estar identificados con el PPD.

Estas demandas se ha radicado en otras ocasiones y comúnmente cuestan dinero público por sentencias en contra de la Legislatura o por acuerdos extrajudiciales con los exempleados discriminados. Los casos previos registrados en administraciones pasadas con hechos similares son indicativos de que esta práctica de despedir empleados sin causa sólo porque son de otro partido es conocida y se ejecuta a sabiendas de que se tendrá que usar dinero público para llevar los casos y pagar las compensaciones.

En el pliego, de 472 páginas, se reclama una compensación por sobre $100 millones y la reinstalación de los empleados que fueron despedidos el 15 de febrero de 2017.

Los presidentes legislativos se turnan la designación del Superintendente y, en este cuatrienio, la designación la hizo Rivera Schatz recayendo en Wilfredo Ramos. Además, colocó a su hermana, Sylvia Rivera Schatz, como directora de Protocolo de la Superintendencia. A la mujer se le implica en la demanda averiguando quién había recomendado la contratación de algunos de los despedidos.

Los actos alegados en la demanda incluyen que el logo y los uniformes de la Superintendencia fueron cambiados para integrar el azul y blanco asociado al PNP y que Rivera Schatz ‘gastó miles de dólares de dinero de los contribuyentes para remodelar su oficina presidencial con muebles azules y blancos’.

La Superintendencia del cuatrienio del 2009 al 2012 fue también notoria por el caso de corrupción que se radicó, y luego no prosperó, contra el exsuperintendente Eliezer Velázquez y una docena de empleados. Estando en la superintendencia, Velázquez desarrolló una precandidatura legislativa fallida para la cual recaudó más dinero que candidatos oficiales.

Demanda por discrimen político contra Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez – NotiCel_25415