La Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (ACASE) catalogó este domingo como un ‘insulto al pueblo’ el aviso que la gerencia de la planta de carbón AES, de que enviaría 35 camiones de cenizas de carbón a los vertederos de EC Waste en Humacao y Peñuelas el lunes, mientras estaba en curso un proceso legislativo para prohibirlo.

‘En estas condiciones, donde las instituciones de gobierno se desentienden de los urgentes reclamos de salud y de una mejor calidad de vida del pueblo, los vecinos de Humacao y pueblos limítrofes entendemos que nos queda como alternativa defender nuestra salud ejerciendo nuestros poderes ciudadanos directamente’, sostuvo en declaraciones escritas Timmy Boyle, portavoz del grupo.

ACASE convocó a las comunidades de Humacao y pueblos adyacentes a una manifestación, frente al vertedero de EC Waste en Humacao, este lunes, desde las seis de la mañana.

Por otra parte, acerca de la amenaza empresa de cerrar la planta si se aprobara una ley de prohibición como esa, representa ‘un intento de chantaje contra la ciudadanía para que de forma engañosa pongamos el costo de la electricidad primero que la salud’, sostuvo Boyle.

El activista dijo que coinciden con conocedores de la situación de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que según dijo, confirmaron recientemente que la generatriz a base de carbón no es necesaria para mantener un servicio eléctrico adecuado.

‘Lo que sí hace falta es el mantenimiento a distintas generadoras de la Autoridad para que el servicio sea confiable. Los argumentos de la AES de que producen energía ‘barata’ son falsos porque excluyen el costo a la salud por contaminación por la quema de carbón; contaminación y costos que recaen sobre todo el pueblo. Así se demuestra una vez más que los ejecutivos de la carbonera no le mueven los reclamos por una mejor salud y calidad de vida en Puerto Rico, sino únicamente sus ganancias’, reclamó el vocero de la comunidad.

Boyle recordó que en mayo, la empresa demandó a la Agencia Federal de Control Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para que cambie la reglamentación que le impone controles ambientales en torno a las cenizas que aglomera en su planta de Guayama.

‘Pretenden que se les permita almacenarlas allí sin cubrirlas y sin medir parámetros de contaminantes en el agua de acuíferos cercanos. Las vías de poderes democráticos que tiene el pueblo para enfrentar tales insolencias se han ido cerrando con el paso de los meses. El gobernador Ricardo Rosselló prometió en febrero una acción ejecutiva para resolver el problema de salud que causan las cenizas. Al día de hoy no hay acción de su parte’, destacó Boyle.

Por otro lado, lamentó que el Primer Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en Boston reiteró la semana pasada que el permiso que dio la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para depositar cenizas como un desperdicio en los vertederos va por encima de las ordenanzas municipales que lo prohíben.

‘Y, finalmente, la legislatura de Puerto Rico trabajó desde marzo pasado con la producción y aprobación de un proyecto para atender parcialmente el asunto de las cenizas de carbón, un asunto investigado y discutido hace mas de 6 años por legislaturas anteriores, el cual fue aprobado más para favorecer a la carbonera que para prevenir los efectos nocivos a la salud que pueden tener las cenizas’, fustigó el portavoz.