El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, preside la vista para atender la demanda que un grupo de personas presentó contra el Gobierno para intentar detener la Orden Ejecutiva que ordena la vacunación obligatoria contra el covid-19 par estudiantes mayores de 12 años y empleados de gobierno.
La petición del grupo de 126 personas subraya que la vacunación obligatoria violenta sus derechos »humanos, civiles y constitucionales» y solicitan una compensación no menor de $50,000 a cada reclamante.
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