Insisten en que el plan de la Junta, tal y como está, atenta contra el futuro económico de Puerto Rico

La portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Eva Prados Rodríguez, y el abogado experto en PROMESA, Rolando Emmanuelli Jiménez, quienes han estado analizando las implicaciones para el país del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, se expresaron hoy sobre las últimas declaraciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra las enmiendas introducidas en el Senado al Proyecto de la Cámara 1003.

En su más reciente comunicación a la Legislatura, la JSF se opuso a las enmiendas que condicionan el respaldo al plan de ajuste a que no ocurran recortes a las pensiones ni se modifiquen los beneficios de pensión a los empleados públicos, y que se aseguren presupuestos para la Universidad de Puerto Rico, los municipios y la propia Asamblea Legislativa.

“Esta es otra táctica intimidante de la Junta. Como no puede convencer sobre los beneficios reales de su propuesta para el país, recurre a la amenaza. Es la misma Junta que hasta hace unas semanas hablaba de Plan B y de que no necesitaba a la Legislatura. Ahora sí acepta que la Legislatura es quien único puede autorizar una nueva emisión de bonos”, expresó la licenciada Prados Rodríguez, quien es portavoz del Frente Ciudadano de la Auditoría de la Deuda.

“Sin embargo, la JCA quiere que los legisladores sean sellos de goma y acepten un plan de pago que, además de insostenible, atenta contra los pensionados, la universidad y los municipios. Ni la Legislatura ni ningún pensionado(a) se debe dejar presionar por tácticas intimidantes de la Junta”, añadió la abogada.

Prados Rodríguez reiteró que el plan de la Junta, tal y como está, atenta contra el futuro económico de Puerto Rico, como lo han expresado expertos(as) economistas y los números de la Junta.

Por su parte, Emmanuelli Jiménez, abogado especializado en quiebra y PROMESA señaló: “Ante el claro reconocimiento del poder de la Legislatura sobre la confirmación del plan de ajuste de la deuda, la Junta recurre a tácticas de miedo, desasosiego y desinformación al pueblo”.

Emmanuelli Jiménez insistió en que no es real decir que, porque no se apruebe este plan de ajuste, se levanta la paralización de la quiebra y los acreedores pueden cobrar el 100%.

“La Junta puede presentar más enmiendas al plan de ajuste y el proceso a seguir hasta que se logre un acuerdo verdaderamente sostenible para el país. La Legislatura debe resistir e impedir que se apruebe este plan de ajuste de la deuda como está, pues nos va a llevar a una segunda quiebra y a Puerto Rico a la miseria”, aseveró.

Ambos enfatizaron en la importancia de no pagar por deuda emitida ilegalmente y que existen casos pendientes en el Título III que cuestionan la legalidad de estos bonos, que se caerían de confirmarse este plan de ajuste de la deuda propuesto por la Junta, costándole millones de dólares al país.

“Mientras la Junta alega que no confirmar este acuerdo representaría una penalidad de $100 millones, no le dice al país los cientos o miles de millones que se pierden también por renunciar a las solicitudes de cancelación de deuda ilegal y a las demandas contra los bancos y casas de corretajes que apoyaron estas emisiones fraudulentas”, concluyó Prados Rodríguez.