La jueza determinó que el FEI tiene jurisdicción para acusarlos

La jueza Iradia Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra el licenciado Juan Maldonado de Jesús y el empresario Aaron Vick por la transacción mediante la cual se intentó obtener $19 millones del gobierno por un cargamento de pruebas de detección de COVID-19.

La abogada de Maldonado de Jesús, Mayra López Mulero, adelantó que pedirá una revisión de la determinación. El argumento principal del imputado en esta etapa es que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no tiene jurisdicción para procesar el caso porque se trata de dos ciudadanos privados y no se acusó a ningún funcionario público.

“Vamos a insistir que el FEI no tiene jurisdicción después de haber exonerado a todos los funcionarios públicos que eran los que tenían todo el control y el deber ministerial de velar por los tramites de la adquisición de pruebas y eran los que exigían los requisitos a las personas privadas y después la certificaban. Ahora resulta que lo que certificaron es constitutivo de delito, o sea, esto es una cosa absurda”, expresó.

La vista preliminar quedó pautada para el 22 de noviembre.

A Vick se le procesó en ausencia porque los fiscales no pudieron localizarlo y entienden que está fuera de Puerto Rico.

Maldonado de Jesús, Vick y Roberto Rodríguez conformaron un grupo que, bajo el ente corporativo APEX General Contractors, intentó conseguir un contrato de $38 millones con el Gobierno de Puerto Rico en los inicios de la pandemia el año pasado para proveer pruebas rápidas de detección de COVID-19. Hubo múltiples funcionarios públicos, incluyendo la cúpula del Departamento de Salud y La Fortaleza, que se enfrascaron en el proceso y autorizaron el contrato en solo días e, incluso, se llegó a emitir un primer pago de $19 millones.

Pero el pago fue detenido por el Oriental Bank porque le pareció sospechoso y, luego, se supo de la forma sospechosa en que se realizó el trámite y se confirmó que las pruebas nunca estuvieron listas para entregarse al gobierno y tenían de fuente a una compañía australiana que también resultó ser dudosa y con problemas legales.

Luego de una investigación cameral, hubo referidos al Departamento de Justicia que inicialmente recomendó a la OPFEI que no se designara a fiscales para radicación de cargos porque una investigación preliminar no había arrojado suficiente prueba de de comisión de delito.

En esa investigación, Rodríguez, presidente de APEX, dijo que Maldonado de Jesús realizó el trámite a sus espaldas. En este caso, Rodríguez figura como testigo cooperador con acuerdo de inmunidad.

El exsenador popular, Ramón Luis Nieves, refirió el año pasado a Vick para investigación en Justicia y hoy reaccionó felicitando a la OPFEI por iniciar el procesamiento de los participantes del esquema en el sector privado.

“Si no se logra la convicción de estos individuos -a pesar de prueba clara y admisiones logradas durante la investigación realizada por la Cámara de Representantes- el mensaje será que cualquiera puede planificar tumbes millonarios contra el gobierno, y nada pasará”, expresó.

Maldonado De Jesús, quien estaba en el sector privado al momento de los hechos pero ocupó varias posiciones públicas en las administraciones Fortuño y Rosselló Nevares, enfrenta cargos por tentativa de fraude, falsificación de documento privado, falsificación ideológica, traspaso de documento falsificado e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales. Vick, por su parte, enfrenta los mismos delitos, menos el de falsificación de documento privado.

Vea:

Presentan cargos contra Juan Maldonado por transacción de pruebas COVID-19