La ASPPRO lleva un proceso a nivel federal.

El Departamento de Justicia apuntó hoy, martes, a que se mantiene de acuerdo con que sean publicadas las grabaciones de las vistas en las que estuvo solicitando una orden de protección la joven asesinada, Andrea Ruiz Costas, pero mostró reparos con la solicitud de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) por ser «más abarcadora».

En declaraciones escritas, el procurador general de Puerto Rico, el licenciado Fernando Figueroa Santiago, dijo que la petición no se limita a dicho caso, sino que es más abarcadora.

“La petición realizada por la ASPPRO es a los efectos de que el Tribunal Supremo federal tome una determinación sobre una cuestión general de derecho de índole constitucional, cuyas implicaciones podrían ir más allá del lamentable caso de la joven Andrea Ruiz Costas. En específico, la ASPPRO peticiona que la Corte determine si el Artículo 5.005 de la Ley de la Judicatura, que dispone para el cierre y confidencialidad de los procesos judiciales en los casos de violencia de género, constituye una violación a la libertad de prensa y expresión, según lo dispuesto en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, expuso el procurador general.

El procurador general explicó por qué el Gobierno de Puerto Rico no se opuso a la petición de la ASPPRO en esta etapa del procedimiento. “Cuando se presenta una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico o de Estados Unidos, el reglamento no dispone como requisito mandatorio que la otra parte deba expresarse de inmediato, salvo que el tribunal así lo ordene; lo cual no es usual en esta etapa de los procedimientos. Conforme a esto y como norma general, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Justicia de Puerto Rico, se expresa una vez el foro judicial determina si acoge el caso”, aclaró Figueroa Santiago.