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Así piensa la fiscal que tomaría el caso de los boricuas en Orlando

La fiscal Aramis Ayala ha estado en controversia.

Desde el día que asumió su cargo, la fiscal del estado de Florida, Aramis Ayala, dejó claro que no perseguiría la pena de muerte en los casos que llegaran a su oficina, y al parecer, el caso de los tres puertorriqueños que asesinaron a la ponceña Janice Zengotita Torres, no sería la excepción.

El debate sobre aplicar la pena de muerte no es cosa nueva en la Florida, pero sí se avivó tras darse el caso de la maquillista Ishnar López, y los novios Alexis Ramos y Glorianmarie Quiñones, quienes habrían aceptado haber cometido el crimen.

Supuestamente, la pareja aceptó haber asesinado a Zengotita, tras haberla confundido con su verdadero objetivo mortal: una mujer que le habría robado a López el amor de un hombre.

“Decidir cuándo aplicar la pena de muerte es una de las decisiones más importantes que debo tomar como fiscal. Es una decisión seria, con grandes consecuencias para las familias de las víctimas y de esta comunidad. Yo no estaré buscando la pena de muerte en los casos que se vean en mi oficina”, dijo la fiscal, que es la primera afroamericana en asumir este puesto en la historia de Florida.

Según la fiscal, su determinación llega después de que realizara un estudio sobre los resultados que pudiera tener el aplicar este castigo severo a los criminales. Entre los sus hallazgos, dijo, no hubo evidencia de que la pena de muerte garantice la seguridad pública o que protejan de alguna manera en particular a la ciudadanía.

"Se supone que debo administrar la justicia de una manera adecuada y para tomar una decisión sobre quién vive y quién muere, es necesario que haya un proceso muy claro”, ha dicho en ocasiones anteriores.

Su oposición a aplicar la pena de muerte ha ocasionado que el gobernador Rick Scott reasigne casos en los que pudiera prosperar esta condena a otro fiscal del estado. Ayala ha llegado a los tribunales para protestar por dicha acción, sin embargo, la Corte Suprema de Florida falló en su contra, aduciendo que el Gobernador está en su poder para retirarle los casos, según ha trascendido en diversos medios.

Recientemente, el representante republicano de Florida, Bob Cortés, solicitó al gobernador que reasigne el caso a otro fiscal, que apoye este tipo de condena.

Los tres puertorriqueños habrían confesado los hechos y se encuentran recluidos sin derecho a fianza.


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