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Cobra dañó un parque de $80,000 y no ha respondido

Comunidad pide respuestas.

Un parque comunitario recién remodelado en San Juan fue utilizado como base de operaciones, almacén y helipuerto de Cobra Acquisitions LLC, empresa que luego se marchó sin remediar los daños al terreno de juego una vez finalizadas sus labores para la restauración de la red de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras el paso del huracán María.

Ahora, la comunidad aledaña se cuestiona quién responderá por los daños ocasionados a su parque, que había servido de sede para actividades escolares y deportivas, ya que la empresa norteamericana finalizó sus labores en la Isla y, ante pedidos de investigación, funcionarios locales aún no han tomado acción.

Cobra Acquisitions, contratada por casi $2,000 millones por el Gobierno de Puerto Rico, se asentó en el Parque de Sóftbol de la Comunidad de Cupey Bajo, ubicado en terrenos de la Escuela Juan A. Corretjer, donde permaneció por aproximadamente cuatro meses, según miembros de la comunidad.

Previo al asentamiento de la empresa, el parque fue remodelado a finales del cuatrienio pasado con una asignación especial de $80,000 de la Asamblea Legislativa. Como parte de los arreglos, se reparó el terreno de juego, se asfaltó el estacionamiento y se creó un puente en cemento que conectaba el parque directamente con la escuela.

De esa manera, el parque era utilizado por los niños del plantel escolar como sede de sus días de juegos (“field days”) y fue “adoptado” por la comunidad para actividades benéficas y para los equipos deportivos.

“Después de María, viene esta compañía y se apodera del parque de sóftbol sin consultar a la comunidad. Pusieron candados nuevos [al parque]. Nos dijeron que ellos tenían permisos, que eso iba a ser su centro de mando, que estaban autorizados. Se apropiaron del parque y lo convirtieron en su centro de operaciones”, relató Carlos Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunitaria Recreativa y Cultural de Cupey Bajo, Inc.

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Sánchez contó que el huracán María provocó daños sustanciales en la escuela —que aún permanece cerrada— y la comunidad, mientras que en el parque dejó los postes de energía eléctrica inclinados y roturas en las gradas. No obstante, el daño mayor surgió con la empresa estadounidense.

“Al terreno de juego le tiraron piedra porque lo usaban de helipuerto. Ellos dicen que se iban a comprometer a dejar el parque en óptimas condiciones. La cuestión es que en un momento dado se fueron sin decir nada y cuando inspeccionamos el parque, el parque se quedó sin tirar tierra al terreno de juego, toda el área de asfalto la dañaron”, explicó el líder comunitario.

“Teníamos la esperanza de que una compañía que se estaba llevando contratos multimillonarios dejaran el parque operando. Si te beneficiaste y utilizaste unas facilidades, lo mínimo era dejarlo en óptimas condiciones”, lamentó Sánchez.

La comunidad está bajo la impresión de que el terreno le pertenece a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). No obstante, la agencia aseguró a NotiCel que las instalaciones le pertenecían al Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Una resolución de la Cámara de Representantes, en cambio, señala a la AEP como la entidad titular de los terrenos. A principios de marzo, y a petición de la comunidad, esta rama legislativa radicó la Resolución Conjunta 471 a los fines de ordenar a AEP y a la AEE a investigar los daños causados por la empresa al terreno, no obstante, no se ha tomado acción al respecto.

La medida, que ya cumplió tres meses desde su presentación, fue referida a la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud, que preside el representante Eddie Charbonier Laureano, el día después de radicada, el 7 de marzo.

Desde entonces, el portal de la Cámara no muestra acción posterior. De la oficina de Charbonier Laureano indicaron a este diario que su equipo de trabajo está en plena coordinación para el próximo paso en la resolución, que consiste de una vista ocular al terreno.

La visita está pendiente de planificación con Jorge Navarro Suárez, autor de la resolución. Este diario inquirió a AEP sobre quién otorgó el permiso de uso y bajo qué parámetros, ya que la comunidad no fue avisada, pero la petición fue transferida al DRD, por ser quienes se alega ostentan la titularidad del parque. Al momento, la agencia no ha contestado las preguntas enviadas.

Una búsqueda en el Registro de Contratos de la Oficina de la Contralora no muestra rastros de cesiones temporeras por parte de AEP ni del DRD a Cobra Acquisitions ni a su empresa matriz, Mammoth Energy Services.

Este medio también cursó preguntas a la empresa, pero hasta el momento tampoco hay respuesta.

Los contratos de Cobra Acquisitions con la AEE expiraron en mayo y no fueron renovados, pese a que el director ejecutivo de la corporación pública, José Ortiz, había indicado a este diario en marzo que desde el mes anterior, febrero, no han asignado trabajos a la empresa con sede en el estado de Oklahoma.

A finales de mayo, NotiCel confirmó que autoridades federales investigaban la forma en que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) manejó los contratos de la empresa que ha recibido $1,057 millones por parte del Gobierno de Puerto Rico, cantidad que aún no alcanza su suma final.


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