El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y la Unión General de Trabajadores (UGT) señalaron a los inversionistas de Wall Street, las casas de corretaje como UBS, los intermediarios y administradores de las emisiones de bonos, e incluso a la banca local, como los responsables de la actual crisis económica.

Para los trabajadores, Puerto Rico ha sido empujado a un ciclo vicioso donde se deteriora la economía, los inversionistas de Wall Street otorgan préstamos a muy altos intereses para ‘solucionar los problemas’ que generan un endeudamiento insostenible, requiriendo que el estado vuelva a tomar prestado para pagar la deuda. Al final los prestamistas y sus intermediarios hacen ganancias multimillonarias, mientras se continúa el círculo vicioso que alentaron las agencias acreditadoras de tomar prestado más allá de la capacidad de repago.

Todo ello ha empeorado las condiciones para que el gobierno pueda implantar un plan de recuperación.

Según expresaran las uniones en comunicación escrita, la banca inversionista de Wall Street se ceba con el pago de los intereses de la deuda de sobre $70 mil millones e impone condiciones usureras a los nuevos préstamos.

Asimismo, culparon a los ejecutivos de UBS y otras casas de corretaje, que propusieron y estructuraron las transacciones que han arruinado los sistemas de retiro.

La banca local también se llevó su agua, ya que en medio de la más profunda crisis económica declara que está en su momento más sólido de los últimos diez años.

Por otro lado, las organizaciones sindicales alertaron sobre la profundización del endeudamiento que traería la millonaria emisión de bonos, indicando que las medidas para atajar la crisis no deben seguir abriendo la brecha de desigualdad socioeconómica que se vive en el país.

También denunciaron el manejo irresponsable de los fondos públicos por los gobiernos de turno, así como su incapacidad para desarrollar un modelo económico que aumente los ingresos gubernamentales y active el flujo de capital local. Incluso, reclamaron que se fijen responsabilidades a los que desde el gobierno no cumplieron con proteger los fondos públicos del pueblo.