El comisionado residente, Pedro Pierluisi, presentó el jueves un proyecto de ley que otorgaría al Gobierno de Puerto Rico la facultad de autorizar a corporaciones públicas a reestructurar el pago de sus deudas al amparo del Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

‘Al aprobar la Ley de Quiebra Criolla la administración actual envió una señal clara de que una o más de nuestras corporaciones públicas podrían buscar reestructurar el pago de sus deudas. Esta señal generó una fuerte reacción negativa en los mercados financieros y en las casas acreditadoras. También provocó sendas demandas legales que alegan que el Gobierno de Puerto Rico no cuenta con el poder para aprobar la ley y que sus disposiciones son inconstitucionales’, explicó Pierluisi en un comunicado de prensa.

Bajo el Código de Quiebras de Estados Unidos las asambleas legislativas de los estados pueden autorizar a sus subdivisiones políticas o instrumentalidades públicas a reestructurar el pago de sus deudas conforme a las disposiciones del Capítulo 9. Sin embargo, la ley federal de quiebras excluye expresamente a Puerto Rico de la definición de estado para esos propósitos. El proyecto del Comisionado Residente le otorgaría a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el mismo poder que tienen las legislaturas estatales a la hora de autorizar la reestructuración de las deudas de entidades públicas.

El proyecto de Pierluisi fue endosado por la Conferencia Nacional de Quiebras, una organización compuesta por abogados, profesores y jueces que asesoran al Congreso en relación a posibles cambios a la ley de quiebras federal. En su carta de endoso la Conferencia sostuvo que ‘no visualiza ninguna razón de política pública para que las municipalidades de Puerto Rico no tengan el mismo acceso al Capítulo 9 que las municipalidades de los estados.’

‘Antes de aprobar la legislación en cuestión, la administración debió haber considerado y debatido públicamente todas las alternativas existentes que pudieran mejorar la condición financiera de nuestras corporaciones públicas. Asimismo, debió haber allanado el camino con los principales fondos que han invertido en bonos de nuestras corporaciones públicas, así como con las casas que evalúan su crédito. Pero obviamente no lo hizo’, añadió el Comisionado.

‘El procedimiento establecido en el Capítulo 9 es constitucional, ya está probado y tiene mayor probabilidad de lograr un resultado justo y equitativo para todas las partes. Mi proyecto le permitirá a la Asamblea Legislativa y el Gobernador de Puerto Rico autorizar que corporaciones públicas puedan reorganizarse bajo la supervisión del Tribunal de Quiebras federal’, concluyó Pierluisi.

El Comisionado indicó que las partes con interés en este asunto deben comprender que si se enmienda el Código de Quiebras de todas maneras el Gobierno de Puerto Rico tendrá la última palabra en cuanto a qué entidades pudieran buscar alivio ante el Tribunal de Quiebras. Además, cualquier corporación pública tendría que estar ‘insolvente’, no meramente tener ‘dificultades financieras’, y que haya negociado de buena fe con sus acreedores, o haya concluido que ese tipo de negociación no es posible.

Asimismo, Pierluisi recalcó que al igual que los estados, el gobierno central de Puerto Rico no podrá reestructurar el pago de sus deudas bajo la ley de quiebras federal.

Este proyecto será referido a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Uniformity Act Pedro Pierluisi – NotiCel_8001