Desde que en 2005, el exrepresentante Aníbal Vega Borges asumió las riendas del Municipio de Toa Baja, las finanzas del ayuntamiento se han descontrolado, con operaciones deficitarias que corren de la mano con la otorgación de cuantiosos contratos para diversos servicios a suplidores que, en algunos casos, son nombres notorios.

El más reciente informe de la Contralora muestra que para el año fiscal 2012-2013, Toa Baja afrontaba un déficit de $14.8 millones, que fuentes aseguran se debe al pobre manejo que lleva Vega Borges en las finanzas del ayuntamiento, que incluyen los contratos jugosos a políticos.

Entre los contratistas está el expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y actual candidato para la alcaldía de San Juan, Leo Díaz Urbina, quien desde el 2005 ha mantenido contratos de servicios legales y servicios de consultoría administrativa con el ayuntamiento, que han totalizado $1,482,000.

En entrevista con NotiCel, Díaz Urbina, defendió sus contratos con Toa Baja, los que asegura ha usado para sostener a su familia y no para financiar su campaña política. Más aun, planteó que dada la situación fiscal del ayuntamiento, hace dos años le redujeron su contrato entre un 40% a 45%.

‘Hay sectores que intentan que se me prive de ganarme la vida, a ver si quitándome los medios de sobrevivencia dejo de ser candidato a alcalde de San Juan. Fíjate que sale a relucir el asunto cuando yo aspiro a una posición. Mientras tanto a nadie le preocupaba mi contrato… La campaña se paga con fondos privados que se recaudan en actividades legítimas y legales’, defendió Díaz Urbina.

A su vez, el excomisionado electoral del PNP, Edwin Mundo Ríos, ha tenido unos 21 contratos con el municipio, incluyendo los otorgados a su compañía KEM Consulting Group, Inc. Por medio de estos contratos de servicios legales, consultoría administrativa y servicios de publicidad, representación o artístico, Mundo Ríos ha cobrado unos $600,000.

Asimismo, el exdirector de campaña de Luis Fortuño, Ángel Cintrón, ha tenido 15 contratos con Toa Baja a través del bufete Cintron <><><><>& Laboy, Attorney At Law, P.S.C., que tiene con la exsecretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación y excandidata para un escaño senatorial, Zoé Laboy Alvarado. El monto de todos estos contratos de servicios legales es de $437,200./p

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Otro de los que también ha guisado en el municipio desde el 2005 es el representante por el distrito 22, Waldemar Quiles Rodríguez, quien se ha ganado unos $210,000, supuestamente brindando servicios legales y de consultoría administrativa./p

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Además, en la lista de contratistas figuran el exvicepresidente del Senado, Sergio Peña Clos (el monto total de sus contratos de servicios legales fue de $221,000); el exsecretario del Departamento de Estado bajo la administración de Sila Calderón, Ferdinand Mercado Ramos (el monto total de sus contratos de servicios legales y consultoría administrativa fue de $529,000); el exjuez del Tribunal de Apelaciones y hermano del expresidente cameral, Néstor Aponte Hernández (el monto total de sus contratos de servicios legales y consultoría legal fue de $226,000); el exasesor legal de Thomas Rivera Schatz y exsecretario general del PNP, Tomás Fantauzzi Torres (el monto total de sus contratos de servicios legales, consultoría administrativa y servicios misceláneos no personales fue de $486,800); y el exlegislador, el licenciado Oreste Ramos Díaz (el monto total de sus contratos de servicios legales fue de $165,000).

Otros cuantiosos contratos con Toa Baja los ha tenido el hermano del Presidente del PNP, Jorge Pierluisi Urrutia, por medio del bufete Pierluisi Law Offices, P.S.C.; el licenciado Eliezer Aldarondo Ortiz; el bufete Law Office of Artemio Rivera, P.S.C.; el ingeniero Antonio Rivera Rivera; Joseph Harrison Flores; las empresas Julissa Casting, Inc., Lujani General Contractors, Landfill Technologies Corp., Meg Entertainment, Inc., y C.J.O. Construction Corp.; y los licenciados Rafael Rocher Valera, Rafael Fernández Britto, Manuel Herrero García, Luis Quiñonez Rosado, Jorge Matías Báez, Javier Quiñones Rosado y Carlos Santiago Tavarez.

Aparte de esto, el municipio mantenía una deuda con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de $114.3 millones.

Mientras esto ocurre, Vega Borges, esta al centro de la controversia, porque se le ha imputado haber presionado a su exvicealcalde y actual representante por el distrito 10, Pedro ‘Pellé’ Santiago Guzmán, para que este emitiera un voto a favor del aumento del arbitrio al petróleo crudo y sus derivados, como una medida para supuestamente otorgarle liquidez al BGF.

En momentos en que el legislador fue expulsado del caucus del PNP en la Cámara de Representantes, la portavoz de la minoría, Jenniffer González, sostuvo que Santiago Guzmán había comprometido su voto a cambio de beneficios económicos para Toa Baja, y que cuando este le notificó su intención de votar a favor de la medida, había intentado hacer que cambiara de parecer.

Pese a esto, Santiago Guzmán ha reiterado que su voto fue uno de ‘conciencia’.

Vega Borges no ha contestado a una solicitud de entrevista cursada por este diario, y al ser cuestionado por otros medios ha rechazado las imputaciones de intervención.

El líder municipal se le cuadró el jueves a Pierluisi, quien ordenó una investigación para identificar a las personas que intervinieron para que Santiago Guzmán endosara el Proyecto de la Cámara 2212.

‘No hay ni ha habido ninguna negociación. Si van a nombrar la comisión, pues mire que llamen al Gobernador y le pregunten si yo alguna vez lo llame a él o él me llamo a mí… Yo le voy a dar a ellos el espacio, para que ellos hagan la investigación que quieran hacer. Ahora, que no vengan con cacerías de bruja, y a inventarse cosas, porque hasta ahí van a llegar conmigo’, reaccionó la semana pasada. Luego de esto, ayer el PNP dijo que la comisión especialcreada por el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, se limitará a investigar al representante, y no así la influencia que pudo haber tenido Vega Borges.

Según Díaz Urbina, en conversaciones que ha sostenido con Vega Borges este le ha negado cualquier intervención para que Santiago Guzmán votara a favor de la medida de la administración de Alejandro García Padilla.

‘Lo que ha dicho el Alcalde es que no va a permitir que hayan cacerías de brujas, porque hay personas que han estado especulando maliciosamente sobre este asunto para tratar de hacerle daño a Ricardo Rosselló (Nevares), y por la proximidad que tiene Vega Borges a Ricardo Rosselló han estado tratando de manchar la reputación del Alcalde para ver de qué manera logran llegar a Ricardo Rosselló. Yo te aseguro a ti y al pueblo de Puerto Rico, que si Aníbal Vega Borges no tuviese ningún vínculo con Ricardo Rosselló, muchos sectores no estuviera especulando sobre su posible participación en la votación de Pedro Julio ‘Pellé’ Santiago’, argumentó Díaz Urbina.

Entretanto, el aspirante a la gobernación, Rosselló Nevares, señaló ‘yo entiendo que la delegación del PNP (en la Cámara) dirigida por Jenniffer González demostró gran liderato en manejar este asunto de manera rápida y efectiva, llegando a la máxima de las sanciones que podían ejecutar dentro del caucus’.Este expuso que ahora le toca al directorio decidir que sanciones le aplica al legislador, a quien le ha pedido que renuncie a su escaño.

Al ser abordado, sobre las expresiones de Vega Borges, Rosselló Nevares manifestó que ‘el Partido tiene que iniciar un proceso que sea claro y contundente, que investigue a cabalidad lo ocurrido. Yo he podido hablar con el alcalde, y él me expresó que él no tuvo nada que ver con el proceso. Pero ciertamente el Partido tiene que iniciar ese proceso, y toda persona que sea partícipe o que le haya fallado al pueblo de esta manera, va a tener que responderle al pueblo, al Partido, y a todas las personas que han sido afectadas con esa decisión’.

El próximo miércoles el directorio del PNP se va a reunir para discutir, entre otras cosas, la querella presentada por Pierluisi, sobre la actuación de Santiago Guzmán.

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