Educación

En el DE alteraron documentos para beneficiar allegados con fondos federales

Bajo la secretaría de Julia Keleher.

La Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación (DE) -bajo la incumbencia de Julia Keleher- alteró el formulario para otorgar al menos dos contratos de consultoría con fondos federales sin la autorización del programa encargado de manejar este dinero.

El Programa de Educación Ocupacional y Técnica del DE recibió $6.2 millones en fondos federales provenientes de la 'Ley Carl D. Perkins Career and Technical Education' entre el periodo de julio de 2018 a septiembre de 2019.

Los fondos federales otorgados al Programa de Educación Ocupacional y Técnica fueron víctimas de presuntas movidas realizadas por Keleher para beneficiar ciertos allegados. Los señalamientos están dirigidos a que designar fondos para contratar servicios profesionales y consultivos requiere una certificación, documento que se utiliza para autorizar toda contratación con fondos federales y que debe ser fimado por el solicitante de los fondos pero que, en este caso, fue alterado para omitir esa firma. La omisión de la firma ocurrió en la adjudicación de un contrato a EDN Consulting Group y otro al bufete Brustein & Manasevit por $110,000 y $180,000, respectivamente.

Según la Oficina del Contralor, EDN Consulting ha obtenido $10.8 millones en contratos con el DE desde el 2013 hasta el presente. Hasta el 2017 aparecía como gerente de la firma Ileana Fas Pacheco, exdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá.

Los registros del Departamento de Estado consignan una enmienda en julio de 2017 cambiando el administrador a Alfredo Martínez Álvarez, un donante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De acuerdo con la Oficina del Contralor Electoral (OCE), del 2011 al 2018 Martínez Álvarez ha donado un total de $35,380 para campañas de candidatos del PNP y comités de acción política vinculados a la estadidad. Aparece donando $5,000 al candidato por el Partido Popular Democrático (PPD) a la gopbernación, Alejandro García Padilla. Donó además $ 500 y $800 a los comités de los senadores Antonio Fas Alzamora y Ángel Rodríguez, también del PPD.

Brustein & Manasevit, por su parte, es un bufete de Washington especializado en asuntos relacionados a educación. Desde el 2009 al presente ha  devengado $8.4 millones en contratos con el DE.

De acuerdo con las disposiciones federales, los fondos destinados al Programa de Educación Ocupacional y Técnica tienen que ser autorizados por el secretario auxiliar de este programa, como demuestra el documento original firmado por el entonces funcionario el 10 de julio de 2018.

En apenas nueve días se cambió el documento para otorgar los contratos de EDN y Brustein Manasevit con la firma de Sylvia Batiz Torres, coordinadora del componente fiscal. Ambos contratos son firmados también por la secretaria auxiliar de la Oficina de Asuntos Federales del DE, Yanin M. Dieppa Perea.

“Yo nunca había escuchado ese título como persona que puede administrar los fondos, si no fue el solicitante. Si el solicitante fue el director de la división ese es quien puede firmar y otorgar autorización para contratos con esos fondos federales. Para eso es que se nombra el director de una división o un secretario. Ese es el responsable de los fondos que llegan y los fondos que se solicitan”, señaló por su parte la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz.

Añadió que si otra persona dentro del DE maneja los fondos federales, el director del programa que los solicitó sigue siendo el responsable ante el ente federal. “Es el nombre del que está en la solicitud de esos fondos”, insistió Díaz.

Tras la renuncia de Keleher el pasado lunes a la secretaría del DE, surgieron informaciones sobre investigaciones a nivel federal por presuntas irregularidades en la otorgación de contratos. Aunque la exsecretaria había anunciado que permanecía como asesora con su contrato en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), La Fortaleza dijo el jueves que Keleher desistió de continuar con el gobierno.

La próxima semana se espera que la Cámara de Representantes apruebe una resolución para investigar irregularidades en el manejo de los fondos federales. El presidente cameral, Carlos 'Johnny' Méndez, ya anticipó que la exfuncionaria será citada por la Comisión de Educación durante la pesquisa.

Por su parte, el Departamento de Educación rechazó haya habido alguna irregularidad en el trámite de dichos contratos. Mediante declaraciones escritas, el DE sostuvo que se debió a un acuerdo para unificar los procesos de administración local de los fondos federales a través de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales por recomendación de la Oficina de Manejo de Riesgo del Departamento de Educación Federal.

Sin embargo, aunque el DE plantea que el acuerdo se firmó en febrero de 2017, todavía en julio de 2018 el Secretario Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica aparece firmando otra certificación para obligar fondos federales provenientes de la Ley Carl D. Perkins, según documentos oficiales del DE.

“El Departamento de Educación niega categóricamente que a través de la Secretaria de Asuntos Federalesse hayan alterado o falsificado documentos para favorecer contrataciones de allegados… En este caso los documentos de contratación fueron firmados por la Oficina de Asuntos Federales cumpliendo con directriz emitida desde el 2 de febrero de 2017 en memorando en el cual mueve el personal fiscal de la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica (SAEOT) a la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales(SAAF) para que esta última trabaje todo lo relacionado a los fondos federales para la educación ocupacional, en este caso el fondo federal Carl D. Perkins”, leen las declaraciones del DE.

Lea la certificación de julio de 2018.

Y este es el Acuerdo de Colaboración de Febrero 2017.


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