Educación

Sismos revelaron los estragos que ha provocado el abandono en planteles escolares

La inacción hizo estragos antes que los sismos.

Ante el inicio tardío del curso escolar, las inspecciones a los planteles del Departamento de Educación (DE) revelan una infraestructura que acarrea defectos desde el huracán María en el 2017, daños que nunca fueron arreglados y que se intensificaron con los terremotos constantes que afectan a la Isla desde hace un mes.

El deterioro de las edificaciones que albergan más de 280,000 niños y personal docente y no docente es tal que, según fuentes de NotiCel, Educación baraja la posibilidad de que alrededor de 300 de las 856 escuelas activas (35%) no sean aptas para iniciar el curso.

De acuerdo a la información provista a este diario digital, se estima que el 60% de las escuelas en las regiones educativas de Ponce y Mayagüez no podrá reabrir tras los sismos registrados desde el 28 de diciembre, unido a los daños previos. Sobre estas dos regiones el DE no ha dado información oficial limitándose a señalar que las inspecciones de estos planteles todavía se están manejando.

Además, la emergencia por los sismos que afectan la Isla desde el 28 de diciembre han puesto sobre la mesa la posibilidad, necesidad en algunos casos, de recurrir a planteles que fueron cerrados o están en la lista de instalaciones que se venderían bajo la política que estableció el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Se ha revelado también el profundo atraso que tiene el trámite para obtener fondos federales de distinta índole, incluyendo de recuperación, para mejorar los planteles y atender los daños del huracán María y de décadas de falta de mantenimiento adecuado.

En diversas comunicaciones públicas, Educación ha reiterado que las escuelas en Ponce y Mayagüez requieren inspecciones adicionales, pero no ha ofrecido más detalles. Debido a estas necesidades, las escuelas en esas regiones no se encuentran entre las 177 escuelas que comenzarán el semestre de forma escalonada desde el 28 de enero. El número de escuelas aptas es 225 pero ayer el secretario de Educación, Eligio Hernández, anunció la reducción de las que comenzarán esta semana no por razones de seguridad sino que las inspecciones no estaban en condiciones de ser divulgadas a los padres ya sea porque contenían anotaciones que no se entienden o tenían errores en códigos.

El ingeniero estructural Carlos Ignacio Pesquera Morales, quien además asesora a la gobernadora Wanda Vázquez Garced respecto a los terremotos, no confirmó ni negó los números presentados por este diario digital, pero explicó que el detrimento estructural de las escuelas en el sur corresponde a los sismos. Mientras, los daños en el resto de los planteles de la Isla corresponden a deficiencias previas, principalmente el huracán María y el tiempo.

“La inspección en muchos casos detectó daños previos, no asociados con el sismo. Por la responsabilidad de los ingenieros, se informan esos daños y se tienen que atender, pero no son realmente daños producto del evento. Eso es en la gran mayoría de las escuelas, digamos San Juan, Bayamón, cualquier parte de la Isla no en la zona sur primaria cerca del evento, son daños previos, preexistentes que de alguna forma u otra el ingeniero o la ingeniera los señaló y se tienen que atender o son lo suficientemente serios para tomar medidas antes de llamar a los estudiantes”, esbozó Pesquera Morales.

Tras la entrevista con NotiCel, y después de un sismo de 5.0 que se registró en la zona el sábado, Pesquera Morales dijo a periodistas que habría que reinspeccionar planteles y que su recomendación al DE era no usar escuelas en los municipios afectados y optar por otra estructura para recomenzar el curso, como vagones y carpas.

El ingeniero estructural se desempeña como asesor de la Primera Ejecutiva en la implantación de mitigación de riesgo de daños causados por terremotos en instalaciones públicas y es uno de los dirigentes en el proceso de inspección de las escuelas.

Pesquera Morales indicó que el trato hacia las regiones educativas de Mayagüez y Ponce se dividió basado en la dimensión de daños. O sea, las escuelas Mayagüez norte y Ponce este no se consideran como que están en zonas “de cuidado”.

En cuanto a los daños preexistentes en las demás regiones, estos podrían ser columnas de acero cuyas conexiones muestran corrosión, como se han registrado en algunos casos, según el ingeniero estructural.

“Todavía estamos investigando. A base de las inspecciones a la Región de Mayagüez, particularmente al sur de Mayagüez, cuáles son por daños de este evento y no por condiciones preexistentes. A base de eso, se va a tomar una decisión particular para esos pueblos, como Cabo Rojo, Lajas y Sabana Grande, que estamos evaluando los resultados de los daños para ver si son daños relacionados con el evento. Son pocas escuelas fuera de los cinco pueblos más críticos que han sufrido daños relacionados con el evento”, subrayó Pesquera Morales.

A menos de una semana del comienzo del curso escolar, la Cámara de Representantes llevó a cabo una vista pública para conocer el estado de las inspecciones a los planteles escolares tras los sismos. En la vista, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) reveló que, hasta el martes, 21 de enero, solo había inspeccionado 139 de las 393 escuelas que le fueron asignadas.

AEP, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico (OMEP) son las tres agencias encargadas de inspeccionar las escuelas. Éstas, a su vez, han contratado empresas externas para completar el trabajo.

La directora ejecutiva de AEP, Melissa López, reveló en dicha vista pública que la corporación pública requeriría la contratación de dos empresas adicionales a las dos que ya realizaban el trabajo para completar las inspecciones a tiempo. 

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, AEP ha suscrito tres contratos para servicios de ingeniería por $10,000 cada uno y vigentes hasta junio, mientras que OMEP ha contratado a tres empresas por sumas mayores ($82,000 y $431,000). AFI, por su parte, solo ha contratado a una empresa por $134,400.

“Lo importante es la tranquilidad y la seguridad de todos, y para eso le pedimos al Secretario [de Educación] que se presenten las certificaciones y hallazgos de todos los planteles, porque nos preocupa mucho que hay escuelas identificadas como aptas, pero entre los hallazgos dice que hay riesgo de colapso”, explicó Elba Aponte Santos, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

Hasta el martes, 21 de enero, basado en un documento compartido por AEP durante la vista pública, de las 393 escuelas:

  • 107 escuelas en verde (aptas)
  • 27 escuelas en amarillo (parcialmente aptas)
  • 5 escuelas en rojo (no aptas)
  • 34 escuelas en agenda
  • 220 escuelas pendientes
  • 33 escuelas cerradas

La opción para algunos alcaldes de la zona del sur, como es el caso de Ángel Luis Torres Ortiz en Yauco, será revisar las más de 200 escuelas cerradas por la exsecretaria de Educación Julia B. Keleher para conocer si se encuentran en mejores condiciones para recibir estudiantes.

“Estamos auscultando la opción de escuelas que cerraron que se inspeccionen para que vuelvan a ubicar estudiantes. La Escuela Patria Pérez, que se le entregó en óptimas condiciones a una iglesia hace seis o siete meses pero no hemos visto movimiento, es una opción. Fui con OMEP y AEP a inspeccionar algunas. Algunas al momento no se han inspeccionado. Una certificación del ingeniero Carlos Pesquera aún no tengo”, señaló Torres Ortiz.

El ejecutivo municipal hizo referencia a la cesión de escuelas de parte del Gobierno de Puerto Rico a entidades privadas por el precio de $1, promulgada por Ricardo Rosselló Nevares en el tiempo que fungió como gobernador. La Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, Ley 26 de 2017, establece las normas y principios que deben regir el proceso de venta de propiedades inmuebles del Gobierno de Puerto Rico y creó el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes e Inmuebles, como las escuelas.

El presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, Rafael “June” Rivera Ortega, adelantó en declaraciones escritas que someterá una Resolución Conjunta para ordenar al Comité que detenga toda transacción de “venta, usufructo, sesión, permuta o cualquier acto de administración de las escuelas en desuso”.

“Podemos tener el caso, y así se me ha indicado, que algunas escuelas en uso no pasen la inspección, pero otras que están para la venta u otros usos, sí están aptas para recibir a los escolares. Estas escuelas son una alternativa para acomodar a esos estudiantes. Pero necesitamos primero detener el proceso de enajenación contemplado en ley”, aseguró Rivera Ortega, representante del distrito 28, que incluye los pueblos de Barranquitas, Comerío, Corozal y Naranjito.

Inacción desde, mínimo, 2017

Después del huracán María, inspecciones realizadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y un grupo de ingenieros contratados por el Gobierno de Puerto Rico encontraron asbestos, inundaciones, cables colgantes, tuberías rotas y verjas caídas, entre otros daños en las escuelas de la Isla. Sin embargo, al cúmulo de daños se une el año en que fueron construidos los edificios y el tiempo que llevan sin mantenimiento. 

En febrero de 2019, Keleher elaboró una lista de 64 escuelas construidas entre 1975 y 2007 que necesitaban arreglos sustanciales en comparación con las demás escuelas en el inventario de la agencia, que en ese momento consistía de 1,109 planteles.

Para llevar a cabo los arreglos, Keleher, quien ahora es acusada federal en dos casos distintos relacionados a la agencia que dirigía, solicitó $1,250 millones a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para comenzar un proceso de mejoras estructurales y protecciones sísmicas.

Su pedido respondió, además, al informe de la dimensión de daños de la agencia federal realizado luego del huracán María, en el cual FEMA planteó la posibilidad de que los planteles escolares locales colapsaran debido a la manera en que estaban construidos: concreto no reforzado, hormigón, techos planos y características como, entre otras, las columnas cortas.

No obstante, según documentos que revisó NotiCel, la agencia federal eliminó los fondos destinados a reforzar los planteles con protecciones sísmicas y redujo la petición monetaria para mejoras estructurales de $1,250 millones a $250 millones. No obstante, nunca se comenzaron los trabajos a estos fines ni en las 64 escuelas iniciales ni en otras. 

Esta versión es sustentada por el hecho de que al menos tres congresistas estadounidenses enviaron una carta a FEMA —también en febrero de 2019— para exigir una respuesta sobre su decisión de reducir los fondos, puesto que la agencia federal reiteró en sus informes la necesidad de reparar las escuelas para atemperarlas a los códigos de construcción vigentes y a las medidas de prevención sísmica necesarias.

Además, es una afirmación de la Asociación de Maestros, cuya Presidenta ratificó en una entrevista previa con este diario que “la destrucción que hubo en las escuelas tras el huracán no fue reparada”. 

En declaraciones escritas, FEMA indicó a través de un portavoz que la agencia federal no administra directamente las reparaciones de las escuelas, ya que solo provee reembolsos por trabajos elegibles relacionados con el desastre. Sin embargo, referente a las 64 escuelas, confirmó que no se habían comenzado los trabajos.

“FEMA ha estado trabajando con el COR3 [Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia] para ayudar a 1,110 escuelas incluyendo las 64 escuelas de prioridad. Aunque no hemos obligado ningún proyecto permanente hasta la fecha, se están preparando hojas de trabajo de proyecto para que sean obligadas en un futuro cercano”, aseguró la agencia federal. 

La entidad desconoce el dinero que necesitará destinarse para los arreglos, ya que COR3 debe proveer estimados de costos fijos para todas las escuelas, como parte del proceso de la sección 428 de la ley orgánica de FEMA. 

Bajo este requerimiento, el gobierno debe entregar a la agencia federal la cantidad de mejoras que pretende hacer para proyectos de gran escala y sus respectivos estimados de costos. Luego la agencia evalúa las propuestas y emite aprobaciones a su juicio que desembocan en la entrega de fondos y, posteriormente, el comienzo de los trabajos.

Otra fuente de NotiCel, en este caso empleada en la agencia federal en la sección de educación, atribuyó la dilación a la burocracia en la entidad.

“Capas de burocracia, incluyendo que cada cual [de los jefes] esté enterado. Nunca se aprobó. Los cambios de directrices ocurrían constantemente. Primero hacían papeleo para unas ventanas particular, luego decían que otras no. Van dos años y medio y todavía no se han arreglado, ni se ha destinado ni un centavo. Se empezó con 64 escuelas y ni siquiera esas 64 escuelas han salido porque las directrices siguen cambiando”, expresó.

En términos de manejo estatal, Educación ha utilizado un 39% de los cerca de $589 millones de ayuda inmediata para la recuperación de escuelas (Restart, por sus siglas en inglés), cuyos usos podrían extenderse a la reparación o la reconstrucción de planteles pero que han sido destinados a otras áreas. El dinero se ha destinado a la compra de equipos, servicios sicológicos, entre otros.

“Con parte de los fondos de recuperación nuestro Departamento pudo contratar sicólogos y enfermeras para trabajar con el postrauma de los niños causado por el huracán. También se adquirieron laboratorios de ciencias para varios planteles, libros nuevos para el pasado inicio a clases y la compra e instalación de cámaras de seguridad en la totalidad de las escuelas”, destacó el Secretario del DE en un comunicado de prensa.

La disponibilidad del dinero suponía vencerse en abril de 2020 —luego de su aprobación en el 2018—, pero el Departamento de Educación federal avaló una extensión solicitada por el Gobierno de Puerto Rico. Ahora, el dinero estará disponible hasta agosto de 2021.

De acuerdo al Secretario, el 100% de los fondos están asignados en un plan aprobado por el gobierno federal y otra parte del dinero será empleado en la adquisición de generadores para todas las escuelas, compra de campanas y sistemas de supresión para los comedores escolares, adquisición de radios satelitales para cada plantel, implementación de sistema de inventario digital, contratación de consultores para el desarrollo del currículo y la compra e instalación de postes de luz solar para ampliar el sistema de iluminación en las escuelas.


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