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Las concesiones de la Junta de Gobierno UPR con la Junta Fiscal

Presidente UPR asegura mitigará impacto de medidas

La exigencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) para eliminar las exenciones de matrícula afectará a dos mil atletas estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, cuando solo reciban la mitad de la ayuda luego que la Junta de Gobierno de la institución universitaria accediera a las revisiones al Plan Fiscal que pidió el organismo instaurado por la Ley federal PROMESA. 

Según una carta a la comunidad universitaria por parte del presidente de la UPR, Jorge Haddock, celebró que la Junta defendió la permanencia de las exenciones de matrícula, el bono de Navidad y la cuantía de la aportación por concepto de plan médico para los empleados cuando la JCF pretendió eliminar todas las exenciones de matrícula a excepción de las otorgadas por concepto de honor e hijos de veteranos, que se mantendrán en 100 por ciento. Todas las demás exenciones fueron cortadas a la mitad. 

De igual modo, la Junta de Gobierno mantuvo las ayudantías graduadas y representación estudiantil ante la Junta Universitaria y la Junta de Gobierno, sin embargo se incluyó un leve aumento en el crédito de nivel graduado para 2021.

Al excluir estudiantes de honor y veteranos, los costos de las exenciones alcanzan $9.3 millones. En ingresos se esperan $14.9 millones, por lo que se reducen los gastos en 45 % para el año fiscal 2019. 

“Les garantizo que trabajaré con gran ahínco para mitigar el impacto de dichas medidas sobre nuestros estudiantes y personal. Un plan fiscal no se escribe en piedra, es un documento abierto a enmiendas. En la medida en que logremos implementar nuestro plan de trabajo y demostremos la sostenibilidad de las finanzas de la institución, tendremos una verdadera autonomía y lo exigido por la JCF no será necesario”, asegura Haddock en su carta. 

Para implementar el Plan Fiscal, la Junta de Gobierno de la Universidad también se comprometió en entregar los estados financieros auditados del año fiscal 2016-17 para finales de este año. Además, se nombró a un principal oficial financiero para esta tarea y se creó una oficina para la implementación de dicho plan. 

En la carta adjunta a la revisión del Plan con fecha del 30 de agosto, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, indicó que aunque reconoce que el Sistema UPR debe adoptar una estructura operativa más eficiente, reducir personal está en consideración pero advirtió que los gastos por litigios no necesariamente compensan cualquier ahorro de la reducción de personal involuntario. 

Sobre el plan médico de los empleados del sistema, el acuerdo de cobertura médica con la aseguradora MCS dura hasta el 30 de junio de 2019 y se identificaron fondos del presupuesto actual para cubrir el gasto. 

En cuanto al Sistema de Retiro de la UPR se recurrió a una firma local para que evalúe las alternativas de la JCF, que a su vez servirá de vínculo entre la Junta de Fideicomisarios y Retiro. Ya tienen un plan de trabajo de 16 semanas para ver las operaciones, administración y flujo de efectivo del sistema de pensiones por lo que esperan un panorama más claro a finales de 2018 con un voto final de la Junta de Gobierno de la institución luego de obtener los reportes finales de la firma. 

En la revisión del Plan Fiscal, Alomar también destacó la necesidad de cumplir con los estándares de la Middle States Commission on Higher Education, que mantiene en probatoria a ocho de los 11 recintos. 

Hasta agosto 24 de 2018, la UPR tiene 55,060 estudiantes matriculados, pero el proceso de matrícula en el recinto de Carolina comenzó el 21 del mismo mes por lo que el número puede aumentar. 

Puede ver la carta Haddock, la revisión del plan y la carta de Alomar a continuación. 


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