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En manos de las comunidades la defensa del patrimonio de Puerto Rico

Gobierno abandona esta responsabilidad

Mientras sobran las leyes en Puerto Rico convertidas en letra muerta, el Gobierno también viola la Constitución de los Estados Unidos, cuyo Artículo VI, asegura que la responsabilidad de defender el patrimonio cultural de un pueblo yace en el Gobierno Estatal, ya sea territorio o estado de los Estados Unidos de América. Tal vez sea falta de voluntad, pero las comunidades se han encargado de ocupar el espacio abandonado por el oficialismo. 

Este escenario fue conversado entre la arqueóloga Maritza Torres Martínez, el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Luis E. Rodríguez; la coordinadora de Política Pública Ambiental y Relaciones Gubernamentales de Para la Naturaleza, María Soledad Gaztambide, y el activista Carlo Andre Oliveras Rodríguez, durante el foro “Patrimonio Cultural: Lo que perdemos”, moderado por el periodista Héctor Feliciano y celebrado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La conversación giró alrededor de la importancia del patrimonio histórico de los cascos urbanos en la isla y cómo en años recientes la emigración ha mostrado sus efectos en las estructuras que los pueblan. 

La población de los cascos urbanos de los municipios de Puerto Rico era conformado mayormente por la clase empresarial de alto capital que, ante el declive económico de los municipios rurales, terminaron mudándose a la zona metropolitana abandonado estructuras que quedaron a merced de los gobiernos municipales que preferían la vía de la declaración de estorbos públicos para dar paso a nuevos desarrollos urbanos. 

De acuerdo al creador del proyecto “Barrioization”, Oliveras Rodríguez, en la isla “no hay un apoyo para trabajar una revitalización” de los cascos urbanos, lo cual los ha llevado a ser abandonados tanto por la ciudadanía como por los municipios.

Coincide la arqueóloga Torres Martínez, quien explicó cómo muchos municipios pese a buscar su asesoría y ser advertidos de las consecuencias legales de demoler estructuras históricas, los ayuntamientos se deciden por la demolición. 

Otra falta común que ha visto la también historiadora son aquellas administraciones que se esconden detrás de la “jurisdicción federal” clamando que la construcción de nuevas obras son posibles por fondos federales.

Para el defensor del medio ambiente como patrimonio de la humanidad, Rodríguez expone que el Gobierno “ha abdicado la protección del medio ambiente y el patrimonio” y su defensa ha recaído mayormente en los ambientalistas y la comunidad.

“Leyes hay demás para proteger el medio ambiente, lo que no hay es voluntad para hacerlo cumplir”, denunció.

Para Rodríguez, los verdaderos héroes del medio ambiente han sido los grupos comunitarios que “se han ocupado del espacio y se han responsabilizado en el manejo de los recursos naturales”.

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Según el también profesor de la UPR, estas acciones son una tendencia ecológica mundial que han acogido otros grupos pues la falta de atención hacia el patrimonio y el medio ambiente no es un mal que agobia solo a Puerto Rico, si no a nivel mundial, son varios los países que se excusan con la falta de capital para no defender su patrimonio.

Sin embargo, Gaztambide advierte que las acciones que se tomen para defender el patrimonio puertorriqueño no deben ser parte de la “cultura de la reacción”.

“La propuesta se queda en ese ámbito donde nos estamos hablando nosotros porque no hay un espacio de poder… No hay una voluntad para verdaderamente crear espacios multisectoriales e inclusive espacios multipartidos, porque no podemos negar que el problema aquí también es la cuestión del cambia y cambia del partidismo”, dijo la planificadora, quien propuso grupos a nivel de comités como en Nueva York, donde se creaban grupos multisectoriales previo a implementarse propuestas de desarrollo urbano.

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