Aunque no existe consenso entre los alcaldes Asociados y Federados sobre los otras estrategias de lucha.

Los municipios están obligados a buscar otras opciones para allegar recursos a sus arcas, de acuerdo al alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, por lo que se moverán a la solicitud de una línea de crédito a la Junta de Control Fiscal (JCF) de $200 millones.

La determinación, considerada como la más viable por Carrasquillo Cruz, quien también preside la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), surge a partir de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de anular la ley que exime a los municipios de los pagos al plan de salud del gobierno y al sistema de retiro (Ley 29).

Con la decisión judicial, la JCF busca decidir cómo los municipios van a pagar $198 millones adeudados al Estado. Su propuesta es que provenga del CRIM, lo que a su vez dejará a los ayuntamientos sin el pago de las remesas por los próximos tres meses, o sea, sin liquidez.

La falta de liquidez dejaría a los ayuntamientos en la obligación de hacer ajustes fiscales para cumplir con esas obligaciones, como lo sería despedir empleados y reducir los servicios que ofrecen a la población.

Carrasquillo Cruz subrayó que apelar la decisión de la jueza no necesariamente implicaría detener los efectos de la anulación, por lo que la opción de la línea de crédito —que fue propuesta por la JCF— debe ser el próximo paso a seguir.

“No es que nos vamos a allanar, es que es un hecho. Es un préstamo que le haría el Estado a través de esa línea de crédito para tener liquidez. Acuérdese que esto es liquidez. No es que nosotros no tengamos los recaudos, no es que el CRIM no tiene dinero. Es que el CRIM no pudo colectar porque aplazamos la radicación de las contribuciones. Eventualmente se habrá de recibir ese dinero cuando finalmente se paguen las contribuciones. ¿Cuánto vamos a recaudar en comparación con lo que proyectamos? No sabemos”, expresó Carrasquillo Cruz, en referencia a los efectos económicos de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Carrasquillo Cruz estuvo reunido con integrantes de la Junta de Gobierno del CRIM, así como integrantes de la Federación de Alcaldes, compuesta por los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista, y la Asociación de Alcaldes, cuyos miembros pertenecen al Partido Popular Democrático.

“El seguir en la corte no detiene la decisión de la juez, que es final y firme. Por tal razón, tenemos que trabajar esto batalla en batalla. Usted cuando va a la guerra, va trabajando la cosa de batalla en batalla. Tenemos que atender este asunto, darle liquidez a los municipios debido a la pérdida de ingresos y en este proceso hay que negociar de buena fe para que la Junta entienda la situación del gobierno y nos otorgue la línea de crédito para cubrir este momento”, defendió el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Rivera.

En una carta, la JCF informó al CRIM que no debe emitir a los municipios el pago ascendente a $132 millones de las remesas de mayo, junio y julio, para destinar ese dinero al pago de la deuda.

Los alcaldes asociados en otra dirección

Pese al interés principal de los alcaldes federados de pasar la página, la representación de los alcaldes asociados no descartó acudir a los tribunales en aras de defender la necesidad de allegarle recursos a los municipios.

La posición de los alcaldes asociados es que los $132 millones permanezcan en el CRIM y que la búsqueda de alternativas para realizar el pago de $198 millones recaiga en las únicas dos partes demandadas en el pleito: el gobierno central y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), no los municipios.

“Quien tiene que resolver esa situación es Aafaf y el Gobierno de Puerto Rico. No es solamente los padres que se quedan sin pan en su mesa, sino que los servicios que ofrecemos los municipios se limitarían porque no vamos a tener el recurso humano para poder dar los servicios que se necesitan”, exclamó José “Joe” Román Abreu, presidente de la Asociación de Alcaldes.

Román Abreu, explicó que la jueza otorgó un espacio de negociación, pero la JCF no escuchó propuestas que no fueran la suya. Por tanto, sugirió una reunión entre el gobierno central, Aafaf y los alcaldes federados y asociados para elaborar estrategias en conjunto.

En segundo lugar, propuso la creación de un comité con representación de municipios con menor, mediana y mayor cantidad de población para idear medidas “de justicia para los municipios” y, en tercer lugar, subrayó la necesidad de recopilar toda la información necesaria para acudir a los tribunales, si así fuera pertinente.

El Alcalde de San Lorenzo participó de la reunión en el CRIM junto a sus correligionarios de Maunabo, Jorge Márquez Pérez, de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, y de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

En consenso, cuestionaron cómo se pretendía eliminar recursos a los municipios cuando son éstos quienes han asumido mayores responsabilidades en medio de la pandemia ante la incapacidad del Estado, como lo es en la entrega de almuerzos de los comedores escolares y la administración de pruebas para detectar el COVID-19.

“La demanda lo único que hace es anular la Ley 29. No le pide a nadie que pague nada. La Junta de Control Fiscal, en un acto caprichoso, abusador y prepotente, le dice a los municipios y al CRIM: ‘tienen que pagar el dinero que el Gobierno les dio para cumplir con sus obligaciones’. Esto es como si usted cogía pon con su vecino, pero el vecino dejó de pagar el carro. Entonces el banco, en vez de ir contra el vecino, le dice a usted que pague la cuenta del vecino, porque el vecino dejó de pagar el carro”, ejemplificó Cruz Soto.

De acuerdo a la Alcaldesa de San Juan, la esencia de esta discordia es una filosófica, basada en la propuesta de consolidar municipios creada por Ricardo Rosselló Nevares cuando fungió como gobernador y apoyada por Vázquez Garced.

Por lo demás, Cruz Soto aseguró que es Vázquez Garced como actual gobernadora quien tiene la responsabilidad de buscar alternativas para los municipios.