El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo hoy que sus nombramientos son constitucionales.

La Junta de Control Fiscal le dio la bienvenida a la decisión unánime del Tribunal Supremo de Estados Unidos que permite a sus miembros continuar con sus labores bajo la Ley PROMESA.

La decisión del Tribunal Supremo confirma que PROMESA estableció la Junta de Supervisión como una entidad que forma parte del Gobierno de Puerto Rico, y que el proceso designado al Congreso para seleccionar a los miembros de la Junta de Supervisión no viola la Cláusula Constitucional de Nombramientos.

«El proceso de designaciones de PROMESA estableció una Junta de Supervisión bipartita, asegurando decisiones balanceadas para ayudar a Puerto Rico en su recuperación y progreso», sostuvo el organismo en declaraciones escritas.

Agregaron que los miembros de la Junta de Supervisión tienen una responsabilidad importante: asistir a Puerto Rico para que pueda superar una deuda insostenible y décadas de mala gestión fiscal. «La Junta de Supervisión se encuentra renegociando la deuda de Puerto Rico y se mantiene trabajando consistentemente para establecer un sistema de planificación fiscal y de presupuestos balanceados a largo plazo», reza la declaración escrita.

«Los miembros de la Junta de Supervisión desean continuar su trabajo para favorecer los intereses del pueblo de Puerto Rico. Es de suma importancia que Puerto Rico supere esta crisis lo más pronto posible”, concluyeron.

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