Lo atribuyen al acaparamiento de propiedades en el casco urbano de la comunidad por parte de los beneficiarios de la Ley 22.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), denunció que residentes de Río Piedras están siendo desplazados de sus hogares, y enfrentarán aumentos en la renta, debido a la llegada de inversionistas a esa comunidad.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en el Comité Central de esa colectividad, el excandidato a la alcaldía de San Juan, Adrián González Costa denunció el acaparamiento de diversas propiedades en el casco urbano de la comunidad, por parte de los beneficiarios de la Ley 22.

La Ley 22, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, concedió exenciones contributivas sobre ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advienen residentes de Puerto Rico. La ley establecía que concederían estas exenciones hasta el 31 de diciembre de 2035.

Las denuncias surgieron tras el reclamo de los residentes del Condominio La Torre ubicado en la avenida Juan Ponce de León. Según González Costa, el nuevo dueño del edificio, Thomas Axon, quien representa a Fortaleza Equity Partners 2, informó que habría un aumento en la renta que ascendería a $1,000 mensuales.

El licenciado explicó que los beneficiarios de la Ley se han salido de áreas turísticas, y apelan más a comunidades como Río Piedras. En esta comunidad sanjuanera se vislumbra un aumento de $100 a $300 en la renta sin incluir luz ni agua.

Pese a la Ley 22, en 2019 la Ley 60, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, consolidó decenas de decretos, incentivos, subsidios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes, entre los que se encontraban la Ley 20-2012 y la Ley 22-2012. Según Microjuris, el objetivo de la consolidación en una misma ley era “promover el ambiente, las oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico”.

“El problema de fondo es que hay una legislación que enriquece a otras personas, porque se les llama ‘inversionistas’, pero no hacen una inversión en la economía del país; en lo único que invierten es en su propia riqueza. Entonces, no hay voluntad para enmendar ni derogar la legislación, al contrario, se fomenta”, señaló el licenciado.

En la conferencia se mencionó que de nueve propiedades compradas en Río Piedras, ocho están a nombre de la misma compañía: Puerto Rico Flips cuya presidenta es Kira Golden. El abogado indicó que Golden, en un podcast, señaló que el huracán María, que azotó la isla en 2017, fue “amazing” para Puerto Rico.

“Creo que es una falta de respeto el catalogar el huracán María como algo positivo, y más aún cuando lo que quiso decir fue que por haber llegado tantos fondos, contratistas y oportunidades de inversión, el huracán resultó positivo para Puerto Rico. Sin embargo, no puso en perspectiva las vidas que se perdieron y la cantidad de personas que se quedaron sin hogar”, indicó González Costa.

Por otro lado, la licenciada Adriana Gutiérrez Colón indicó que es ofensivo que continúe el aumento en las rentas de las viviendas disponibles para estudiantes, luego del cierre de Torre Norte y Resicampus que dejó a más de 700 universitarios sin vivienda accesible. Asimismo, explicó que la revitalización debe nacer de la comunidad para servir a la comunidad.

“Debemos estar promoviendo un casco urbano para la comunidad, y más tras el cierre de viviendas universitarias y aumento en matrículas. El acaparamiento de inversionistas y el desplazamiento que conlleva la compra de estos edificios se aleja de lo que deberíamos estar promoviendo como país: un casco urbano para la comunidad, sobre todo para la estudiantil”, expresó Gutierrez Colón.

La abogada exhortó a las comunidades a que levanten la voz, y al municipio a que no permita que los inversionistas desplacen a los residentes.