Gobierno

Administración Rosselló flojea con su propio plan anticorrupción

[ANÁLISIS]

Si en el asunto de la anticorrupción el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, hubiese seguido su propio plan de gobierno, el llamado Plan para Puerto Rico (PPR), quizás una propuesta contenida allí pero que ha quedado en el olvido, la Oficina de Prevención de Corrupción y Transparencia, hubiese detectado la supuesta “mafia institucional” dentro el Departamento de Hacienda (DH) o quizás nunca se hubiese materializado esa denuncia por medidas proactivas tomadas por el propio exsecretario, Raúl Maldonado Gautier, para evitarla.

Quizás el Gobernador hubiese compelido la entrega de documentos del Registro Demográfico sobre las muertes ocurridas los meses después del huracán María bajo el compromiso consignado de “transparencia total”. O quizás no se hubiese acuñado la frase “hijos talentosos” por entender que el nepotismo constituye uno de “[l]os tipos de corrupción más comunes” en la isla.

Lo que sí se ha demostrado es que los escándalos que han protagonizado los propios colaboradores del PPR refleja una falta de interés y proactividad en impulsar medidas que verdaderamente consignen una política pública de “cero tolerancia”, contra la corrupción. No obstante, las iniciativas incluidas en el plan de gobierno tampoco proveen una ruta clara para evitar los señalamientos hechos contra la administración.

Por una parte, el documento – alardeado hace cuatro años como la clave para el éxito del entonces candidato Rosselló Nevares – reconoce las distintas variantes de corrupción, señalando que, “… se basan en el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada”.

Por otra parte – y en lo que supone un giro irónico – el PPR también advierte que: “[l]a modalidad de corrupción más conocida en Puerto Rico es la que se da a través de sobornos entre una empresa privada y un funcionario público y donde usualmente median otorgamientos de contratos”. La salida de Maldonado Gautier de la secretaría del DH surgió tras este denunciar públicamente que fue objeto de soborno y extorsión y el jefe del Negociado Federal de Investigación (FBI) en San Juan, Douglas Leff, ha dicho que están enfocando sus pesquisas en esa modalidad de "esto por aquello" en la repartición de contratos públicos.

Ante esas denuncias, el Mandatario no dilató en hacer valer la confianza que les exige a sus jefes de agencia, aprovechando los primeros cuatro minutos de una rueda de prensa sobre el programa de vales educativos para anunciar el despido de Maldonado Gautier. Sin embargo, en ese momento, tanto Rosselló Nevares como Maldonado Gautier, quienes se comprometieron con adelantar las medidas del PPR, incumplieron con las iniciativas esbozadas.

El PPR sostiene que los oficiales electos y nombrados por el gobernador “deberán comprometerse y ser proactivos en la prevención, detección y notificación de actos de corrupción”. El exsecretario nunca fue proactivo en denunciar la supuesta “mafia institucional” dentro del DH y la propia secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, tampoco ha empleado los recursos a su disposición para investigar la denuncia, más allá de una citación fallida para obtener el testimonio de Maldonado Gautier.

La proactividad y la prevención, sin embargo, se reitera en varias de las iniciativas que refleja el PPR y se reconoce como elemento fundamental para combatir la corrupción. A ese fin, el Plan propone una unidad dedicada al estudio de áreas de alta incidencia de corrupción en el gobierno, evaluaciones estandarizadas y periódicas a jefes de agencia, asesores y ayudantes del gobernador y la creación de la Oficina de Prevención de Corrupción y Transparencia.

Según el plan, la susodicha oficina – que estaría adscrita a la Fortaleza – trabajaría junto a las dependencias de ley y orden para “…la pronta detección de violaciones a la ley y fortalece[r] la inmediatez en los procesos para evitar el encubrimiento y la impunidad”. La idea va más allá y propone un comité ciudadano independiente con capacidades investigas y la facultad de referir violaciones en ley al DJ.

En los tres años de la presente administración, el Gobernador nunca ha convocado, propuesto o hasta manifestado la intención de crear tal comité ciudadano independiente que pueda investigar y referir actos de corrupción. Rosselló Nevares sí ha invocado a la Oficina del Inspector General (OIG) como remedio seguro para dilucidar los señalamientos de corrupción en el DH, una dependencia que ubica al centro de todas las propuestas anticorrupción en el PPR.

Si bien es cierto que las funciones de la OIG se asemejan a lo propuesto dentro del PPR, lo cierto es que esa oficina no comenzó a operar formalmente hasta apenas hace tres meses. El nombramiento de Ivelisse Torres Rivera a la dirección de la OIG se efectuó a finales de febrero de este año, y la ley habilitadora todavía estaba pasando por cambios a principios de este año, cuando la Administración está a punto medio.

El Código Anticorrupción fue otra propuesta del PPR que la administración sí cumplió, pero que hasta la fecha no ha producido acusaciones amparadas en esa ley. Más aún, esa ley creó un Comité Anticorrupción compuesto por los jefes del DJ, del DH, de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), de la Oficina del Contralor (OCPR), del Negociado de la Policía, de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y del Negociado Federal de Investigaciones (FBI). A finales de febrero de este año, la contralora Yesmín Valdivieso, afirmó que todos los integrantes de ese grupo no habían podido reunirse desde que la ley entró en vigor a principios del 2018.

Quizás la discordia más contundente entre las iniciativas que juró implantar la administración de Rosselló Nevares y las acciones que ejecutan yacen en el tema de los delatores o “whistleblowers”. El PPR consigna el interés en proteger a empleados públicos de represalias en casos que denuncien actos de corrupción, señalando que “[m]ejoraremos y monitorearemos los mecanismos para recibir información de los servidores públicos sobre posibles actos de corrupción”.

Sin embargo, se ha demostrado que las represalias contra empleados públicos delatores continúan. Luego que un programa televisivo (Jay y sus Rayos X) presentara testimonios de empleados del Centro Comprensivo del Cáncer denunciando irregularidades en la administración de fondos, contratos y propiedad, y luego que la asamblea legislativa evaluara las denuncias en vistas públicas, los empleados fueron despedidos.

Una de las funcionarias despedidas, la exdirectora de Finanzas del CCC, Grendaliz Vélez, ya radicó una demanda en la esfera federal, denunciando un despido motivado por discrimen de género y por denuncias contra el director ejecutivo del CCC, Luis Clavell. Actualmente, el Código Anticorrupción dispone una prohibición total de despidos, amenazas o discrimen contra servidores públicos que provean testimonio sobre uso ilegal de propiedad pública o fondos públicos, sin embargo, la ley no se ha hecho valer en este caso.

En días recientes, algunas de las propuestas sobre transparencia que consigna el PPR surgieron mediante propuestas legislativas. Sin embargo, los proyectos han sido repudiados por periodistas y han advertido que las medidas obstaculizarán aún más el acceso a la información pública.

Otro intento para retomar las propuestas del PPR se refleja en la convocatoria de una sesión extraordinaria en la que se discutirá una nueva ley para la Administración de Servicios Generales (ASG), propuesta cónsona con la iniciativa de transformar el sistema de compras del gobierno.

Pero otra iniciativa del Plan que permanece sin considerar es la revisión de leyes de financiamiento de campañas, dirigidas a “desalentar el inversionismo político”. En contraste, esta semana trascendieron unas expresiones emitidas por el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, promoviendo la venta de taquillas para una actividad de recaudación de fondos dirigida exclusivamente a contratistas del gobierno, denominados por el funcionario en una grabación como “recursos externos” para el comité de reelección del Gobernador. En reacción, Llerandi solo ha dicho que la reunión grabada ocurrió fuera de supuestas horas laborables en un encuentro privado, pero no ha negado lo que demuestran los récords, que su presión por taquillas cuadra en fecha con una serie de donativos de contratistas del gobierno.

Rosselló Nevares no dio mérito a la controversia, reafirmó su confianza en Llerandi declarando en rueda de prensa: “Sus expresiones (de Llerandi), que usted las interpreta como una de presión, yo no las interpreto así, yo las interpreto como un llamado de trabajar juntos y tener resultados para Puerto Rico". La situación, hasta el momento, no ha inspirado proactividad alguna de la Administración para demostrar que el comité de reelección del Gobernador repudia y rechaza el inversionismo político, una de las prácticas que el PPR persigue finiquitar.

Aun cuando el Ejecutivo insiste que las acciones contra la corrupción ya están ahí y que continuarán realizando un sinnúmero de cosas para atajar la corrupción, lo cierto es que las denuncias divulgadas por personas cercanas a su administración ya han captado el interés del FBI. A poco más de un año de las elecciones, el PPR y su ristra de iniciativas, ideas y propuestas han resultado ser poco efectivas y en muchas instancias desatendidas o ignoradas completamente, demostrando nuevamente cómo Rosselló Nevares se ha desviado de la ruta trazada por su plan.


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