Gobierno

Burocracia y tropiezos de Vivienda imposibilitan la recuperación de municipios

A dos años del huracán María.

A dos años del paso devastador del huracán María, el descontento de los alcaldes en Puerto Rico con el Departamento de la Vivienda es indiscutible ya que la agencia —por su burocracia, lentitud y hasta inacción— ha retenido los fondos correspondientes para los ayuntamientos y sus obras de recuperación.

Particularmente, con la llegada del aniversario del huracán más destructivo que ha pisado la Isla, los ejecutivos municipales han denunciado que sus proyectos de reconstrucción y resiliencia se han visto dilatados por la destrucción de documentos por parte de entidades de la Rama Ejecutiva, información que daría acceso a esos millones de dólares.

Mientras que no existe una sola obra de reconstrucción con el dinero recibido por motivo del desastre del 20 de septiembre de 2017, Vivienda también acarrea una deuda con varios municipios que data, en algunas instancias, desde la década pasada, para trabajos ordinarios como la reparación de carreteras, acondicionamiento de estructuras y el pago de mano de obra, que a su vez sirve para reforzar las áreas de cara a otro posible fenómeno atmosférico.

La pugna entre la Rama Municipal y la dependencia de la Rama Ejecutiva está enmarcada en las subvenciones del Community Development Block Grant (CDBG) y del Community Development Block Grant Disaster Relief (CDBG-DR), que provienen del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés). 

Entre esta mezcla de agencias locales y federales, siglas e incongruencias sobresale otra de las razones por las cuales miles de puertorriqueños no han visto mejoras sustanciales a la Isla tras el paso del huracán María, especialmente las 30,000 personas que se estiman aún viven con toldos azules en sus hogares o aquellos niños que aún no cuentan con parques aptos para la recreación.

Los fondos CDBG son una subvención de HUD que supone proveer recursos a comunidades para necesidades particulares. En una ocasión durante su mandato, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares los definió como “lo más cercano a dinero efectivo” que pudieran tener los gobiernos ya que la versatilidad de uso es amplia.

“Son desde obras de mantenimiento de carreteras, de ponerlas al día, desde tal vez servicios básicos como de igual manera la compra de estructuras para habilitarlas y acondicionarlas para varias cosas, crear centros de gestiones únicas, habilitar las Juntas de Inscripción Permanente para servicios”, describió a NotiCel Sergio Torres Torres, alcalde de Corozal, municipio al que se le adeudan unos $200,000.

En un principio, los fondos CDBG eran manejados por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), una entidad creada en el 1991 con el propósito de fungir como asesor y regulador de los municipios en su proceso de desarrollo autonómico. No obstante, con el plan impulsado por Rosselló Nevares de reorganizar los ayuntamientos en “condados”, la agencia fue cerrada y gran parte de sus tareas, como el manejo de los fondos CDBG, pasó en el 2017 a ser responsabilidad de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).

En el 2018 las tareas volvieron a pasar de manos, esta vez a Vivienda, cambio que ha sido criticado por funcionarios electos porque agravó y retrasó el desembolso de fondos. Este paso de batón consta, además, en la Ley 168 de 2018, la cual dicta que “Vivienda será la entidad designada para recibir y administrar los fondos CDBG, los fondos especiales incluidos en el programa CDBG que incluyen CDBG-DR, el ‘Neighborhood Stabilization Program’ (NSP), ‘Disaster Recovery’ y los fondos bajo el programa de Préstamo de la Sección 108, conocido como el ‘Loan Guarantee Assistance Under Section 108’”.

“Lo que se ha argumentado es que en el proceso de transición de una agencia a otra, aparentemente no ha habido un tracto de la documentación y ahora le están pidiendo a los alcaldes documentos y solicitudes, peticiones que habían radicado ya, que las vuelvan a radicar. Los alcaldes están haciendo un esfuerzo, obviamente, porque todo el mundo quiere que los fondos se desembolsen. Eso fue provocado precisamente por esa transición de una agencia a otra en corto tiempo, [la idea] de la creación de los condados y todo ese tipo de cosa”, confirmó a este diario digital el alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz.

NotiCel solicitó una entrevista con el secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, pero su oficial de prensa aseguró que el funcionario tenía la “agenda llena”, por lo que este medio envió una lista de preguntas por escrito que al momento no han sido contestadas. Continúa como un misterio sobre quién recaería la responsabilidad en torno a la destrucción o pérdida de documentos, qué medidas ha tomado el Departamento para subsanar ese problema y por qué el gobierno no puede regresar al concepto de lo que era OCAM para así evitar mayores retrasos.

Al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, también le deben alrededor de $200,000, según destapó en una entrevista radial. “Hay facturas de 2013, 2016, hay adjudicación de fondos del 2018 que no se han hecho. Del 2019 ni se diga, casi nadie lo ha firmado. Esto es un problema serio”, exclamó.

De acuerdo al portal de HUD, el recipiente de los fondos debe desarrollar y seguir un plan detallado que provea el espacio y cuente con la participación ciudadana, especialmente de personas de bajo o mediano ingreso, residentes de comunidades con esas características, barrios o de áreas en las que se propone la inversión de estos fondos. 

Hasta la fecha, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado más de nueve mil millones para la Isla en estos fondos, pero su totalidad no ha sido desembolsada. Incluso, el informe del mes de agosto publicado por HUD catalogó a Puerto Rico como un “slow spender” (gastador lento). 

De forma inmediata, en cambio, varios alcaldes han solicitado el reembolso de unos $20 millones para que se validen los proyectos en sus respectivos municipios.

Contrario a otros, el Alcalde de Cidra del Partido Nuevo Progresista (PNP), no enfrenta el problema de retrasos con Vivienda porque su municipio está catalogado como “entitled”, que bajo los parámetros del programa significa que su subvención es desembolsada de manera directa y no pasa por el filtro de la agencia. 

No obstante, el Ejecutivo municipal conoce de cerca los problemas burocráticos porque los municipios que no son “entitled” se unieron a ellos y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para exigirle respuestas a Vivienda. Según cálculos de Carrasquillo Cruz, 51 municipios no son “entitled”. 

Uno de los requerimientos para ser catalogado de esa forma es contar con una población de 50,000 personas o más. Dicho de otra manera, una minoría de 28 municipios no enfrenta el problema con Vivienda para recibir fondos CDBG.

“Quien maneja eso no le está dando atención específica. Hubo recursos en el Departamento de la Vivienda que manifestaron que ellos están trabajando con los fondos, que ellos quieren acelerar el proceso, pero obviamente está el asunto de la documentación. Entonces, sugieren que en este momento no es lo conveniente volver a crear el ente como era OCAM, sino dejar que el Departamento de la Vivienda ejecute y después posteriormente pues crear un organismo”, recordó Carrasquillo Cruz.

En el 2019 nada más, según informes de HUD, se han asignado $23,715,075 a los municipios que no son “entitled”.

Municipios también quieren los CDBG-DR

Durante una reunión, alcaldes pertenecientes tanto del PNP como el Partido Popular Democrático (PPD), le solicitaron a la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, que apartara a Vivienda de la administración de fondos de recuperación por la lentitud en el proceso de reconstrucción en los municipios, o sea de los fondos CDBG Disaster Relief (CDBG-DR).

Los fondos CDBG-DR, por su parte, son asignados por el Congreso de los Estados Unidos a HUD para la recuperación a largo plazo de viviendas e infraestructura tras un desastre natural, luego que se declare como tal por el Presidente, ya sea un huracán o un fuego forestal, entre otros. Como parte de las exigencias para su uso, se encuentra que es dinero asignado a ciudades, estados, comercios, entre otros, y no a municipios o a individuos.

El Secretario de Vivienda, en apariciones públicas previas, reiteró que fue HUD quien designó a la agencia como custodia de los fondos CDBG-DR para la recuperación tras los huracanes Irma y María. A principios de agosto, HUD designó a un monitor financiero federal para supervisar el desembolso de los fondos de recuperación.

“En fondos CDBG-DR no hay una asignación a los municipios. Ese es el reclamo que estamos haciendo. La asignación la ha mantenido el Estado y se denominó al Departamento de la Vivienda como administrador de esos fondos. El reclamo de nosotros, de los municipios que somos ‘entitled’, es que como hemos manejado fondos CDBG anteriormente, tenemos un buen performance, pues mira, utilízanos como subrecipientes, en vez de quedarte con el dinero allá, pásanos mejor el dinero a nosotros para nosotros ejecutar las obras, pero no ha pasado”, explicó el Alcalde de Cidra.

A la Isla se le aprobaron unos $19 mil millones de fondos CDBG-DR, de los cuales solo se han desembolsado alrededor de la mitad ($1.5 mil millones en una primera asignación y $8,220,783,000 en una segunda asignación).

Carrasquillo Cruz contó que no ha encaminado proyectos que llegó a sugerir en las vistas públicas celebradas para la elaboración del Plan de Acción de Vivienda, que es el documento que desglosa cómo se gastará el dinero asignado a la Isla. Entre ellos se encuentra la reconstrucción o el reemplazo de vivienda para personas en necesidad o estructuras que requieren ser rehabilitadas y la construcción de muros de contención en áreas donde se hayan registrado deslizamientos de terreno.

Entre los simpatizantes de que los municipios sean tratados como subcontratistas de Vivienda se encuentra el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina Rodríguez: “A estas alturas no podemos cambiar el juego. Ya se sometió un plan a Washington y tenemos que buscar la manera de cómo agilizamos y podemos hacer subcontrataciones con el municipio. A estas alturas no podemos pedir sacar esos fondos del Departamento de la Vivienda, pero el Departamento de la Vivienda puede subcontratar a los municipios”.

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