Gobierno

Desaparecida la auditoría de ayudas post huracán, crece desconfianza para ayudas por sismo

Auditoría sobre gestión de Beatriz Rosselló.

La auditoría sobre los vagones que contenían donaciones para damnificados por el huracán María, una de las razones por las que Raúl “Raulie” Maldonado Nieves —hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda Raúl Maldonado Gautier— tildó de corrupto e inepto al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, no aparece. 

La desaparición del importante documento ocurre en momentos en que la isla enfrenta una secuencia sísmica que afecta la zona sur desde el 28 de diciembre, y que ha provocado que en busca de evitar que los suministros aparezcan luego abandonados como en el 2017, la ciudadanía se volcara hasta los municipios de Guayanilla, Ponce, Peñuelas, Yauco y Guánica para entregar las ayudas con sus propias manos, ignorando el aparato gubernamental. 

La movilización de ciudadanos comunes, así como de organizaciones sin fines de lucro y artistas, continúa diariamente pese a que el Gobierno de Puerto Rico ha llamado a canalizar la ayuda al sur mediante las autoridades. En cambio, el artista urbano Benito Martínez, conocido como 'Bad Bunny'  realizó un llamado contrario al de la actual administración de Wanda Vázquez Garced: “Gente IMPORTANTE: Recuerden NO DONAR dinero o alimentos a entidades gubernamentales", escribió este intérprete en su cuenta de Instagram. En efecto, este fin de semana los tapones protagonizaron el área sur por personas que querían llevar sus ayudas directa, sin intervención oficial.

De hecho, los primeros señalamientos relacionados a la entrega de suministros ya se han hecho sentir. Por un lado, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet denunció que su municipio había sido "olvidado" por el gobierno central pese a que fue uno de los más afectados tras el terremoto de magnitud 6.4 que despertó toda la isla la madrugada del martes. En su denuncia, relató que le faltan artículos de primera necesidad como catres para que los refugiados pasaran la noche. En cambio, la Gobernadora en una rueda de prensa instó al Ejecutivo Municipal a que siguiera "los procedimientos" para poder obtener la ayuda requerida. 

"Ellos (los alcaldes) saben cuál es el procedimiento y ellos saben que cualquier necesidad deben comunicarse con la Oficina de Manejo de Emergencias Estatal, de manera que nosotros podamos desplegar la ayuda. Mi exhortación es que sigan los procedimientos", mencionó la Mandataria en respuesta el pasado jueves. 

Pero el lío por la entrega de suministros tras el terremoto no se limita a la Gobernadora, sino que salpicó a la comisionada residente, Jenniffer González Colón y al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Desde inicios de la pasada semana, rondaba las redes sociales una fotografía que muestra bolsas de suministros con logos del Municipio de Bayamón y de la Comisionada Residente bajo el lema: Unidos por el sur. 


La imagen le ha ganado fuertes críticas tanto al Municipio de Bayamón como a González Colón, que ahora son tildados de "politiquear" con la emergencia del pueblo. Sin embargo, la Comisionada respondió ayer los ataques aludiendo a que “para mí es importante saber que lo que se está recogiendo se entregue y la única manera de saber si se entregó es identificar quién lo envió y lo importante es que la ayuda llegue”.

La raíz de la desconfianza

En cuanto al documento de los suministros perdidos en 2017 supone detallar cómo los furgones con suministros del esfuerzo Unidos por Puerto Rico se trasladaron desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) hasta una finca en Toa Alta propiedad de un activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), en lugar de llegar a las manos de los sobrevivientes del fenómeno atmosférico del 20 de septiembre de 2017.

Maldonado Gautier divulgó un breve memorando en septiembre de 2018 para explicar cómo se movieron los furgones, no obstante, no existe un tracto del documento desde donde surgieron sus conclusiones.

Por los pasados meses, NotiCel ha contactado en múltiples ocasiones a la Secretaría de la Gobernación, al Departamento de Hacienda y a Maldonado Gautier, pero ninguno de ellos o sus representantes han podido dar cuenta de la auditoría. De no existir el documento, esto apuntaría a que los funcionarios pudieron haberse inventado los resultados con el fin de apaciguar la opinión pública.

Las peticiones a las agencias públicas a lo largo de al menos cuatro meses solo fueron recibidas por una continua reafirmación de que se estaba buscando la información, hasta culminar con la ignorancia del pedido.

“El documento que contiene las conclusiones de la auditoría de los furgones encomendada por el entonces Secretario de la Gobernación no consta en los archivos de la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, a pesar de los múltiples esfuerzos por precisar una copia de éste. Con el interés de obtener el archivo, se hizo una solicitud al Departamento de Hacienda, pero el expediente tampoco consta en sus registros. No obstante, el Departamento de Hacienda realizó una solicitud del documento a la compañía de contabilidad encargada de realizar la auditoría. Al momento el expediente no ha sido provisto”, declaró la exoficial de prensa de la secretaría de la Gobernación, Karixia Ortiz Serrano, mediante un correo electrónico en agosto de 2019. 

Maldonado Gautier, por su parte, indicó a través de su abogada Mayra López Mulero que no tenía copia del documento, porque pertenecía a la Oficina de la Secretaría de la Gobernación.

“En su momento, el entonces Secretario de la Gobernación publicó a los medios de comunicación de manera formal las conclusiones de la auditoría y otros hallazgos que se desprenden del documento. Cabe señalar que la auditoría, si bien la refirió el entonces Secretario de la Gobernación como parte de sus funciones, la compañía mantenía un contrato con el Departamento de Hacienda y no con La Fortaleza”, añadió Ortiz Serrano. En ese momento, Ricardo Llerandi Cruz lideraba la secretaría de la Gobernación.

Al ser referida a Hacienda, NotiCel insistió sobre la petición de información de forma semanal desde agosto hasta octubre de 2019. Entre promesas de “dar seguimiento” y “paso la petición”, el pedido quedó en nada.

En agosto de 2018, informes periodísticos revelaron el extravío de 12 vagones utilizados para transportar suministros en la Isla, bajo custodia de la Guardia Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Los furgones encontrados también contenían juguetes que sobraron de la Fiesta de Reyes de ese año, organizada por la Oficina de la Primera Dama Beatriz Rosselló.

En ese tiempo, la entonces secretaria del Departamento de Justicia —y ahora gobernadora— Wanda Vázquez Garced, rechazó tomar acción investigativa porque la Guardia Nacional había “aclarado” el asunto mediante un comunicado de prensa, asunto que le ganó críticas por parte del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz

Sin embargo, el exsecretario de Hacienda ordenó una pesquisa mediante un contrato de dos firmas de contadores públicos autorizados para “asegurar que el proceso [de entrega de suministros] fue el correcto”.

A través de la entonces portavoz de prensa del Secretario, Iliana Rivera Deliz, se supo que BDO Puerto Rico y Robles & Associates LLC tendrían a su cargo la encomienda. Estas eran las mismas firmas de auditores que asistían a la Oficina de la Gobernación, la cual también era liderada por Maldonado Gautier en ese entonces.

En el camino, y ante preguntas de este diario digital, Hacienda confirmó que solo BDO quedó con la responsabilidad de investigar, empresa que era investigada por el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés). Pocos meses después, el presidente de BDO, Fernando Scherrer-Caillet, fue arrestado y acusado de participar de un alegado esquema de corrupción y fraude en el Departamento de Educación y en la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Entre los descubrimientos, se le indicó a este diario digital que la tarea de investigar fue ordenada por Maldonado Gautier en su puesto como secretario de la Gobernación, pero alegadamente no fue tramitada por esa oficina, sino desde Hacienda. 

Sin embargo, el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico no muestra ningún contrato otorgados a estos fines por la Oficina del Gobernador, la cual agrupa todas las oficinas de La Fortaleza, ni por Hacienda. Los contratos que sí mantenía BDO en ese tiempo con estas entidades tampoco mostraban enmiendas ni cambios para incluir estas funciones.

En su relato, “Raulie” Maldonado Nieves afirmó que estuvo presente en una reunión en La Fortaleza con su padre, el entonces Gobernador y el Presidente de BDO. En ella, según sus declaraciones, Rosselló Nevares solicitó que se modificara la auditoría al esfuerzo de entrega de suministros Unidos por Puerto Rico, con tal de no perjudicar a la Primera Dama, quien lideró esa iniciativa.

“Hoy dicen mentiras. Cero tolerancia, yo presentaré mi evidencia. Gobernador, dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el informe de unidos por Puerto Rico porque afectaba a su esposa. Habla de los cheques que estaban en la gaveta. No dicho por mí, que el pendejo que está ahí que es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabía, eras inepto. Es bien diferente porque gobernador, usted sabía, no eres inepto porque lo eres, eres corrupto”, detalló Maldonado Nieves en su perfil de Facebook.

Sus declaraciones surgieron luego de que su padre fuera despedido por el Primer Ejecutivo, quien alegó en una entrevista radial que en Hacienda había una “mafia institucional”.

Esta sería al menos la tercera auditoría relacionada a la entrega de suministros por parte de la entonces Primera Dama, ya que Hacienda encaminó una auditoría sobre el centro de acopio de la Primera Dama en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también bajo el nombre Unidos por Puerto Rico y la firma BDO realizó una auditoría a la entidad sin fines de lucro que nació a partir de esta iniciativa, Juntos y Unidos por Puerto Rico.

En su informe, Hacienda detalló cómo la agencia pareció poner orden en la operación de manejo y entrega de los suministros, al implementar procedimientos de recolección de información y medidas tan sencillas como la entrega de un acuse de recibo tras la distribución de los donativos en el llamado “Choliseo”.

Por su parte, el análisis de BDO, que hasta mayo de 2019 figuraba como la principal consultora del gobierno, señaló a la Oficina de la Primera Dama como la responsable de la creación de la entidad sin fines de lucro Unidos por Puerto Rico así como de la primera fase de entrega de suministros luego del paso del huracán María.

Las conclusiones de Maldonado Gautier en su memorando solo tomaron en cuenta la información provista por funcionarios de la CEE, así como personal de la Guardia Nacional, encargada de transportar los furgones o contratar carreros privados para sus movimientos. La docena de vagones fueron entregados a las compañías de transporte Crowley y Tote, respectivamente, luego de repartir los suministros entre escuelas, municipios, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. 

Ambas, realizadas con meses de distancia, concurrieron en que se delegó en la Oficina de la Primera Dama —que a su vez representaba al Gobierno de Puerto Rico— la operación del recibimiento, el manejo y la entrega de suministros para damnificados, lo que a su vez entra en conflicto con las explicaciones ofrecidas por Rosselló Nevares y quien fuera la Primera Dama antes de marcharse de La Fortaleza el 2 de agosto. 

Ante la afirmación de Maldonado Nieves de que la entrega de suministros fue detenida en una ocasión por motivaciones políticas y consideraciones de imagen, Rosselló Nevares subrayó que el rol de su esposa en los esfuerzos no era uno administrativo, sino de portavocía.


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