Gobierno

Dos generaciones Rosselló le hablan directo al "criminal" sin éxito

La 'mano dura' no funciona apuntan expertos

El 13 de febrero de 1993, cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló ofreció su primer mensaje sobre la situación del país ante la Asamblea Legislativa, articuló las palabras que marcarían un punto histórico para Puerto Rico: "Nos han pedido guerra y guerra tendrán. Que lo sepa el criminal: nuestra paciencia se acabó".

Las palabras pronunciadas anunciaban el inicio del plan de seguridad “Mano dura contra el crimen”, que tuvo como elementos principales la activación de la Guardia Nacional y la ocupación de residenciales públicos con el propósito de reducir la incidencia criminal.

Desde entonces, un caserío se ocupaba militarmente cada semana y miles de personas fueron arrestadas durante esas intervenciones. Más de 80 residenciales fueron intervenidos por la Policía y la Guardia Nacional durante la campaña.

Aunque estadísticamente la "Mano dura" del exgobernador Rosselló no tuvo impacto significativo, sus estrategias políticas fueron copiadas por todos sus sucesores, quienes usaron nombres parecidos como “Castigo seguro” (Aníbal Acevedo Vilá) y “Golpe al punto” (Luis Fortuño), entre otros.

Todos los gobernadores desde Pedro Rosselló movilizaron también a la Guardia Nacional en diversas extensiones.

También se plantearon nuevas leyes para limitar el derecho a la fianza, pero dichos esfuerzos fracasaron en los dos referéndum que se realizaron para consultarle al pueblo. Las consultas se realizaron porque los cambios en materia de fianzas conllevan cambios en la Constitución del país.

El primero fue en 1994 como parte del plan de Rosselló de combatir la criminalidad y “sacar a los delincuentes habituales de las calles”. Luego en 2012, el gobierno de Luis Fortuño intentó lo mismo, con un resultado similar.

Hoy, al plantearse públicamente una nueva crisis de seguridad -lo que el Gobierno niega- se propone el regreso de algunas de aquellas medidas fracasadas.

“No hay crisis de criminalidad, realmente. Desde 1990 llevamos con altas y bajas en la incidencia criminal que se mantienen en los mismos parámetros. Lo que sí ha habido es una visibilización de esta violencia. Los adelantos tecnológicos lo han permitido”, dijo el profesor de Justicia Criminal en la Universidad Interamericana de Ponce, Gary Gutiérrez.

“La derecha del país, encarnada en este gobierno, está utilizando esto para empujar una agenda de aumento en recursos policíacos. Probablemente se necesiten, pero la criminalidad no es un problema policíaco sino social”, dijo el también comunicador, quien agregó que las desigualdades sociales y económicas son el caldo de cultivo de la criminalidad.

Opinó también que los espectáculos de fuerza (como los operativos en los residenciales con la presencia del Gobernador) ya no son efectivos puesto que muchas de nuestras comunidades ya están inmunes al miedo que pretende generar el Estado.

“Ciertamente, la raíz es más profunda. Establecer medidas represivas y aumentar penas en delitos no resuelve, no combate, no reduce ni previene la criminalidad”, dijo, por su parte, el también profesor de Justicia Criminal en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, José Manuel Martínez.

“Ningún gobierno ha trabajado con planes de prevención, solo han puesto parchos. Es decir, hasta ahora el gobierno interviene cuando ocurre el hecho, pero no previene para que el hecho no ocurra. La Policía sí debería tener mejores condiciones de trabajo con los recursos necesarios, pero hay un problema de desigualdad social con el que no se está trabajando”, manifestó.

Mencionó, por ejemplo, el caso de la rehabilitación de los confinados. “No he visto tampoco para rehabilitación de confinados. ¿Qué pasará con él cuando regrese a la libre comunidad? Es como un médico que te receta medicamentos para los síntomas, pero no trata la enfermedad”, cuestionó.

Martínez dijo que la limitación del derecho a la fianza tampoco resolvería algo. “Se afectaría realmente el desventajado. La fianza es una garantía para que la persona acuda al proceso judicial. Dos veces el pueblo lo ha rechazado. No resuelve la criminalidad”, afirmó.

Para Gutiérrez, por su parte, resulta interesante el planteamiento del gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre el uso de grilletes. “Si esta medida viene es porque hay grupos de interés para que se privatice el uso de grilletes como aparato de vigilancia electrónica. Como es la familia quien tiene que mantenerlo y alimentarlo, el gobierno se evitaría ese gasto. Me parece que más que bregar con la criminalidad estaría bregando con el presupuesto. Algo me dice que la cosa va por ahí”, opinó.

Blanco de críticas Héctor Pesquera

Una de las principales críticas a la Administración Rosselló Nevares en el tema de seguridad es la presencia del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, quien desde que fue nombrado hace dos años, ha sido duramente criticado principalmente por su creencia de que “no hay crisis de seguridad”, pero sigue contando con la confianza del Gobernador.

El arribo de Pesquera al Gobierno de Puerto Rico se dio de la mano del exgobernador Luis Fortuño, quien lo nombró Superintendente de la Policía en marzo de 2012. Era el tercer Superintendente en tres años durante su administración.

Bajo Fortuño, Pesquera tuvo un salario de hasta $283,100 anuales que incluía beneficios marginales. Cuando Fortuño pierde las elecciones de 2012, el nuevo gobernador Alejandro García Padilla decide retenerlo unos meses -con el mismo salario- para que completara unas gestiones que se habían comenzado con el gobierno federal. Finalmente, Pesquera presentó su renuncia el 30 de noviembre de 2013.

Rosselló Nevares lo trae de vuelta en enero de 2017 para que trabajara la integración de varias agencias de seguridad bajo la sombrilla del DSP para lo cual fue nombrado secretario.

Su salario ahora es de $250,000 anuales sin beneficios marginales bajo un contrato de servicios profesionales suscrito con la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para "coordinar los esfuerzos para reestructurar todas las áreas operacionales y administrativas de todas las agencias de seguridad y manejo de emergencia, como parte de la ejecución de un Plan Fiscal certificado bajo la Sección 201 de PROMESA".

La semana pasada, Pesquera lideró un operativo en el residencial Ernesto Ramos Antonini en busca de los involucrados en el tiroteo ocurrido en Isla Verde el Día de Reyes. Aunque solo arrestaron a dos de los ocho individuos que estaban buscando, el operativo fue marco para que el gobernador Rosselló hicera acto de presencia y emitiera declaraciones que recordaron las de su padre en 1993.

"Estamos aquí porque vamos a detener al criminal. Vamos a dar la lucha contra los narcotraficantes y los que atenten con nuestra paz. La paz es de nuestro pueblo y nos tenemos que unir todos como equipo, como sociedad, y tenemos el compromiso para hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para lograrlo", expresó Rosselló a la prensa. 

"Estamos aquí para tomar acción. Estamos aquí para arrestarlos y no vamos a permitir que le roben la paz al pueblo de Puerto Rico", manifestó el Gobernador.


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