Gobierno

En violación de su ley la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico

Tampoco ha designado miembros de Consejo Asesor.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), incumple con su propia ley orgánica en la medida que aún no informa sobre el estado del proyecto de Comunidades Especiales.

Según la Ley 10 del 2017, la agencia debió investigar y corregir todos los asuntos relacionados al programa así como del Fideicomiso Perpetuo para Comunidades Especiales. El alcance de esa investigación, según la ley, debió extenderse a la adjudicación de proyectos, la obligación y desembolso de fondos y certificaciones que surgieran del programa.

Dicho informe debió someterse ante el Gobernador y la Legislatura en un término no mayor de seis meses a partir de la aprobación de la ley, que entró en vigor a mediados de febrero del año pasado. Hasta la fecha, el director ejecutivo de ODSEC, Jesús Vélez Vargas, no ha hecho ningún pronunciamiento sobre esta pesquisa pese a que estableció a principios de su gestión que la llevaría a cabo.

Este medio procuró al personal gerencial de ODSEC para actualizar el estado de este informe, sin embargo, no hubo respuesta.

Otro asunto que aún no aclara la ODSEC es la conformación del Consejo Asesor, una junta integrada por varios miembros del gabinete, incluyendo a los secretarios de Vivienda, Familia, Recreación y Deportes, Transportación y Obras Públicas, así como el presidente de la Junta de Planificación y dos alcaldes, uno asociado y otro federado.

La ley dispone que ese Consejo cuente también con cuatro residentes de Comunidades Especiales, quienes deben ser seleccionados mediante un procedimiento consignado por reglamento. A pesar que dicho reglamento debió estar listo 90 días posterior a la aprobación de la ley, ODSEC no respondió si ya designaron a estos representantes comunitarios.

Según la ley orgánica de ODSEC, el Consejo Asesor debe reunirse una vez cada dos meses para emitir recomendaciones al director ejecutivo. Fuentes de este medio indican que el secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, recientemente fue cuestionado sobre su participación en estas reuniones pero confesó desconocer que era miembro de ese cuerpo.

Cabe destacar que ODSEC fue una de las múltiples dependencias del gobierno que otorgó un contrato al bufete Soto & Santini, una firma creada a principios del 2017 por el exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla. Según explicó Vélez Vargas a NotiCel en junio de este año, ese contrato fue para redactar documentos relacionados al programa Community Block Service Grant (CSBG).

De hecho, Vélez Vargas defendió la tarifa de $125 por hora que establece ese contrato, indicando que se trataba de una inversión para las comunidades. Aunque ese contrato venció el pasado 30 de septiembre, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, ODSEC volvió a contratar Soto & Santini por $28,000 para rendir servicios legales hasta el 13 de noviembre del 2019.

Dos organizadoras comunitarias que trabajan en ODSEC denunciaron a NotiCel que desde que la agencia comenzó a operar bajo una nueva ley orgánica, el proyecto de Comunidades Especiales ha quedado en el olvido.

Según explicó Naydali Martínez, organizadora comunitaria de la región sur, su trabajo se ha visto afectado por la falta de atención de la administración central a las necesidades y referidos de estas Comunidades Especiales, relegando el proyecto a un segundo plano.

“Entendemos que en este momento con la Ley 10 lo que le están dando prioridad aquí es al tercer sector. Le están dando asignación de fondos al tercer sector y a las otras organizaciones sin fines de lucro para hacer lo que nosotros estamos llamados a realizar”, sostuvo Martínez.

En varias comunidades aún hay personas sin títulos de propiedad, por lo que no pudieron cualificar para ayudas federales después del paso del huracán María. “¿Cómo nosotros no podemos tan siquiera decirles a través del Fideicomiso dónde está la titularidad de la mayoría de los proyectos que se realizaron con fondos del Fideicomiso, que las Comunidades Especiales no pudieron recibir dinero de FEMA por no tener ese documento? Y no tenemos contestación para eso”, cuestionó la líder del sur.

Por su parte, la organizadora comunitaria de la región norte, Elizabeth Haza, señaló que aún hay personas con toldos en sus comunidades. “Todavía yo tengo comunidades en Jayuya que tienen toldos en los techos. En Utuado también y ni siquiera se han visitado porque se visita más el área de San Juan. Para el centro no hay nada”, alertó Haza.


NC.TV

No te pierdas las noticias más importantes del día | ¡Suscríbete aquí!

* indicates required
¿Desea recibir ofertas especiales ocasionalmente?

TU OPINIÓN