Gobierno

Faltan los chavos federales, pero no los amigos de la casa

Foundation for Puerto Rico gana otro proyecto.

Aunque el domingo la administración de gobierno de Ricardo Rosselló Nevares anunció la ratificación de un convenio con Foundation for Puerto Rico (FPR) para que administren junto al Departamento de Vivienda (DV) los fondos federales que subvencionarán el Programa de Planificación de Resiliencia Comunitaria, ni los fondos, ni las comunidades aún se han identificado.

Mediante este convenio, FPR sigue posicionándose como una de las entidades sin fines de lucro con más influencia sobre la administración de gobierno. La creación de la Organización para el Mercadeo de Puerto Rico como Destino (DMO por sus siglas en inglés), fue otra propuesta desarrollada en gran medida con apoyo de recursos de FPR.

De hecho, ambas entidades comparten al ejecutivo Jon Borschow, pues funge como presidente de fundador y Principal Oficial Ejecutivo de FPR y presidente de la Junta de Directores del DMO. Con el acuerdo establecido para administrar fondos federales del programa CBDG-DR, se confiere sobre FPR otra oportunidad para colaborar en desarrollos, esta vez relacionadas a comunidades. La colaboración no es desprendida, ya que el DMO recibe unos $25 millones anuales en fondos públicos mientras que el programa bajo Vivienda tendrá un presupuesto de $37.5 millones.

La actual presidenta y Principal Oficial de Operaciones de FPR, Annie Mayol, se desempeñó como jefa de agencia en la Administración Rosselló y en el sector privado está identificada como una persona cercana a los círculos del Partido Republicano en Estados Unidos.

Borschow, por su parte, cuenta con un historial de señalamientos por mal manejo de fondos públicos de hace más de 20 años. Además de una convicción dirigida a su anterior empresa, Borschow Medical and Hospital Supplies Corporation (BMHSC), por violaciones a la ley electoral – producto de un donativo excesivo dirigido al entonces gobernador Pedro Rosselló González- BMHSC también fue señalada por la Oficina del Contralor por obtener un contrato en el municipio de San Juan a pesar de la convicción y el cual se excedió en su cuantía original de $20 millones a $22.7 millones.

Aun así, al ser designado como presidente de la junta del DMO, Borschow sostuvo que estos señalamientos no ponen en duda su capacidad de manejar fondos para la Organización.

Según indica el Plan de Acción presentado por el DV para detallar los usos que darán a los fondos provenientes del programa de Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CBDG-DR por sus siglas en inglés), la iniciativa tiene como norte emprender un esfuerzo de planificación en cada municipio para determinar las necesidades urgentes de las comunidades.

Pero, aunque el plan señala que la prioridad serán las comunidades de alto riesgo a inundación o deslices de terreno, la primera fase del proceso consiste en un proceso de planificación, el cual sería reembolsado para cada municipio. En esa primera fase, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades (ODSEC) proveería asistencia técnica.

Ya a partir de la segunda fase, ciertas comunidades que serán elegidas en base a un criterio de selección podrían recibir hasta $500,000 para financiar el plan para las comunidades. Estas obras, según el plan de acción, podrían consistir en inversiones en viviendas, infraestructura, desarrollo económico, salud y educación, entre otros propósitos.

Los criterios de selección para estas comunidades, sin embargo, aún no han sido difundidos. Según el plan de acción, suponen estar preparados para el primer trimestre de este año.

En la segunda fase, los municipios y las comunidades no serían los únicos recipientes elegibles, pues las organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios, y otras organizaciones sin fines de lucro se pueden insertar para colaborar en el proceso.

A más de un año del paso del huracán María, el desembolso de los fondos CBDG-DR no ha progresado tal y como calendarizó en un principio la administración de gobierno, pues no fue hasta finales del año pasado que los primeros fondos de desastre se hicieron disponibles. La primera partida de $400 millones en fondos CBDG-DR fue dirigida para proyectos de vivienda multifamiliar en Caguas, San Juan, Dorado, Comerío y Vega Alta.

En su plan de acción, el DV solicitó poco más de $43 millones para iniciativas relacionadas a la reconstrucción de comunidades post María, de los cual poco más de $20 millones han sido comprometidos, pero no desembolsados.


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