Gobierno

Manejo de fondos federales tuvo problemas desde el principio, evidencia documento

Desconfianza de HUD comenzó en octubre de 2017.

Desde el principio hubo problemas con el manejo de fondos federales después del huracán.

Cuando el Gobierno de Puerto Rico todavía trataba de lidiar con el golpe del huracán María y cuando todavía la relación de Casa Blanca con los políticos locales era de tirarse 'selfies', el gobierno federal ya objetaba los planes de la Administración Rosselló para el manejo de los fondos federales que vendrían para aliviar los estragos del desastre.

Así está consignado en un memo de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda federal (HUD) con fecha del 17 de noviembre de 2017 en el que ese ente fiscalizador rechazó la propuesta de la Administración Rosselló de que los fondos fueran canalizados a través de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), la entidad que se convirtió en sucesora de la otrora Oficina de Comunidades Especiales. La fecha del documento es menos de dos meses después del paso del huracán María por la Isla y poco más de un mes después de la visita de Donald Trump y la primera dama, Melania Trump.

El inspector de HUD señaló múltiples deficiencias que apuntaban a la incapacidad de ODSEC de manejar fondos de recuperación y pone en contexto varias cosas, entre ellas, todo el entramado que se ha creado entre gobierno y la Foundation for Puerto Rico (FPR) para el manejo de estos fondos, así como los cuestionados contratos del exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla, con esa oficina, que se otorgaron supuestamente por su pericia en la obtención y estructuración de fondos federales.

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El memorando de la OIG de HUD constituye, que se conozca hasta ahora, la primera comunicación oficial que surgió en el gobierno federal con razones para, en lo mínimo, frenar y cuestionar el manejo que darían funcionarios y oficinas gubernamentales locales a los fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR por sus siglas en inglés). Las advertencias presentadas en el memorando alimentaron las pretensiones de mal manejo de fondos que hoy la Casa Blanca utiliza para plantear sus reservas con el desembolso de fondos federales.

Entre las razones que dieron en el memorando, la OIG de HUD señaló que la agencia es de reciente creación y no cuenta con historial de gerencia de fondos CDBG, carecen de una oficina de auditoría interna y sus empleados están sujetos a vaivenes políticos. Uno de los comentarios del memorando sostiene que la entidad que maneje los fondos debe ser independiente y no debe ser vulnerable a cambios de administración para asegurar continuidad de planes y proyectos. 

Vea aquí el memorando del OIG de HUD

Señala además que la oficina que previamente administraba fondos CDBG, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), no otorgaba beneficios relacionados a fondos de HUD para propósitos elegibles y no monitoreaban los recipientes de estos fondos adecuadamente. De hecho, 32 empleados de OCAM pasaron a ODSEC cuando fue creada en el 2017, lo que abona a la impresión de que el desempeño será igual al del pasado.

El memorando concluye señalando que la Oficina Central de Reconstrucción -creada por orden ejecutiva por el Gobernador- sería la entidad encargada de planificar y administrar todo lo relacionado a los fondos federales. ODSEC, sin embargo, no pudo explicar cómo ese propuesto arreglo alteraría su rol en el plan como recipiente de los fondos.

A fin de cuentas, el memorando pareció desalentar la intención del gobierno para que ODSEC sea recipiente de los fondos. Una enmienda a la ley orgánica de ODSEC fue ratificada en julio del 2018 y alteró el estatuto para que no fuese esa agencia el principal recipiente de fondos CDBG, sino el Departamento de la Vivienda (DV), bajo el pretexto de la estrecha relación que esa agencia tenía con su contraparte federal en HUD.

Pero aún con el cambio de agencia recipiente, la desconfianza del gobierno federal salía a relucir. Al HUD comunicar la aprobación del Plan de Acción enmendado, el secretario de esa dependencia, Ben Carson, manifestó en declaraciones escritas: “Debido a que Puerto Rico tiene una historia de infracciones fiscales, estamos agregando controles financieros para asegurar que estos fondos de recuperación de desastres sean utilizados apropiadamente”.

El único programa de fondos federales que continuó bajo ODSEC tras la enmienda fue el programa de Subvenciones en Bloque para Servicios Comunitarios (CSBG por sus siglas en inglés). Según indicó previamente a NotiCel el director de ODSEC, Jesús Vélez, la agencia retiene a Santini Padilla para servicios legales relacionados con este programa, contrato que asciende a $28,000 y expira en noviembre de este año.

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Aun así, la ODSEC todavía sigue ligada con el manejo de estos fondos federales. Bajo la contratación del DV a FPR, una contratación 'de dedo' y sin participación de otras entidades similarmente posicionadas en Puerto Rico, la ODSEC se mantiene colaborando en un programa de planificación y resiliencia comunitaria que contaría con $55 millones en fondos CDBG-DR.

La primera propuesta del DV solicitó $37,500,000 para la iniciativa, cuantía que después aumentaron a $55 millones en una enmienda al plan. En su plan, FPR señala que, de esa cuantía inicial, al menos $6,900,000 irán a gastos administrativos, tal como la contratación de empleados y consultores contratados.

FPR ha sido cuestionada por su capacidad de administrar este tipo de programa, dado a que la entidad sin fines de lucro se dedica mayormente a iniciativas de turismo y mercadeo de negocios. De hecho, sus líderes estuvieron detrás también de la ley que crea la Destination Marketing Organization (DMO), la cual recibe $25 millones en fondos públicos.

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En tanto, ODSEC también ha sido señalada por las mismas comunidades que debe servir. Una Cumbre Comunitaria dirigida a orientar a las comunidades sobre el uso de los fondos CDBG-DR fue criticada por varios líderes comunitarios como un intento el gobierno para desviar la atención y querer imponer su visión sobre los reclamos de las comunidades.

Durante la pasada semana la Casa Blanca resaltó que, aunque su compromiso con Puerto Rico sigue vigente, existe una preocupación latente sobre el historial de mal manejo de las finanzas gubernamentales, a lo que se suman recientes preocupaciones sobre el manejo de fondos de emergencia. Los señalamientos han servido para justificar la lentitud con la cual se ha caracterizado el desembolso de fondos de emergencia.

En tanto, fuentes de este medio apuntan a que la posible respuesta del ejecutivo federal a esta situación podría venir en la forma de un Coordinador de Recuperación federal, una figura que designaría el presidente mediante orden ejecutiva para administrar y velar por el buen uso de los fondos de reconstrucción.

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