Gobierno

Ofensiva federal 'rápida y furiosa'

[ANÁLISIS]

Apenas unos meses antes de ser electo gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en su capacidad como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), culminó la asamblea anual de la colectividad con la firma de un documento que proclamaba la postura institucional de “cero tolerancia” contra la corrupción.

"Que sepan los que están atornillados (en sus asientos) que, si no van con el espíritu de responsabilidad sana y fiscal, pa' fuera es que van. Que sepan aquellos que han hechos transferencias enormes del pueblo puertorriqueño que les va a caer todo el peso de la ley", exclamó en ese momento el candidato de la Palma a la gobernación.

Dos años y medio después, el viento se encargó de llevar esa postura al olvido, sustituida en vez por un escudo de supuesto desconocimiento que siempre carga el primer mandatario y que ha sido golpeado a saciedad en el presente cuatrienio. Mientras tanto, han sido las propias agencias de gobierno las que se han encargado de llevar transferencias enormes del pueblo puertorriqueño y depositarlas en los bolsillos de firmas de consultoría, asesoría y servicios profesionales para llevar a cabo tareas propias del personal de cada agencia.

En contraste, el que parece haber iniciado una cruzada de "cero tolerancia" a la corrupción en el Gobierno de Puerto Rico es el Gobierno de los Estados Unidos, el cual es el origen de aproximadamente dos terceras partes del presupuesto anual del erario en la Isla. La actitud que por años reinó desde Washington DC fue de manos afuera, dejando que la Oficina del Fiscal Federal de Puerto Rico manejara el territorio a su estilo. Pero, en esos mismos dos años y medio que han pasado desde el compromiso público de la nueva administración, las autoridades federales le han puesto banderillas investigativas directas al Gobernador, mediante su amigo y exdirector de campaña, Elías Sánchez, a la estructura gubernamental, mediante la empresa BDO, uno de sus principales consultores administrativos y financieros, y a la Legislatura, mediante la movida contra personal de la confianza política del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

A esto se le añade el pronunciamiento de Casa Blanca, histórico debido a la formalidad que carga la institución de la Casa Blanca independientemente de su ocupante puntual, sobre la corrupción en Puerto Rico que fue emitido el 4 de abril pasado; la rapidez con la que se maneja la designación de un nuevo jefe de la fiscalía en Puerto Rico, un candidato que no es de la Isla y para el cual aparentemente no se ha tomado en cuenta al liderato político local; y el hecho de que varias de las investigaciones que se han conocido ni siquiera se manejan desde la fiscalía de Puerto Rico sino desde Nueva York y el propio Washington DC.

Todo apunta a que, al final de este cuatrienio, habrá ocurrido una racha de "cero tolerancia" a la corrupción, pero aparentemente no de parte de la administración local.

Contratista del DE, DH y ASES acumuló millones

La consultora administrativa y financiera del gobierno, BDO, ya fue señalada durante la pasada semana como blanco de investigación por las autoridades federales por los contratos que mantiene en el Departamento de Educación (DE), el Departamento de Hacienda (DH) y la Administración de Seguros de Salud (ASES). Aunque los gerenciales de esa firma de contabilidad dijeron estar en toda disposición de cooperar con la investigación, lo cierto es que, hasta la fecha, BDO ha acumulado $56,377,158 millones en contratos con varias dependencias del estado.

Sin embargo, no fue hasta que se divulgaron públicamente las investigaciones federales en estas agencias y contra esa compañía que el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, dio a conocer que canceló los contratos de BDO con el DH a partir del 10 de mayo, precisamente por requerimientos de información solicitados por las autoridades federales.

Aunque esta acción podría considerarse una preventiva, dirigida a promulgar “cero tolerancia” hacia la corrupción, el hecho es que la administración de gobierno optó por callarlo, nuevamente fallando en asuntos de transparencia.

En ASES, la intervención de la firma de contabilidad se ha centrado en la figura de Alberto Velázquez Piñol, identificado como consultor de Asuntos Intergubernamentales en BDO y quien, hasta este año, asesoró a la agencia.

El propio secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado, estimó que el mal uso de fondos federales del programa Medicaid podría rondar entre $170 millones y $350 millones. Además, fue franco al destacar que: "están investigando todo donde hay fondos federales. Están haciéndolo en todo. No te puedo decir específicamente, pero todo. Todo, todo programa que tiene fondos federales ahora mismo está siendo auditado por el gobierno federal".

Siguen investigando Tus Valores Cuentan, y por lo bajo empresas educativas transan

En el DE, BDO también tuvo una notable intervención con la operación de cierre de escuelas. Según denunció la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, la firma decidió cuáles escuelas clausurar, sin contar con la experiencia adecuada para ejercer tal decisión.

Más allá de BDO, en el DE las autoridades federales también investigan el manejo de fondos públicos para el programa de “Tus Valores Cuentan”, una contratación que costó casi $17 millones. Aunque ese contrato fue a beneficio del Josephson Institute of Ethics, fue su filial local, Camera Mundi, la que produjo el contenido para ese programa, empresa cuyo principal ejecutivo, Jorge Díaz Rivera, se acogió a sendos acuerdos de transacción con Fiscalía Federal.

Uno fue con otra de sus empresas, Vernet, acusada de cobrar al DE por servicios de tutorías que nunca prestó, y la otra fue con Brainstrong por el mismo concepto. En ambos casos, las empresas de Díaz Rivera transaron por $250,000 a pesar que el monto que alegadamente apropiaron fue mucho más alto.

Investigaciones federales por huracanes

El embate de los huracanes Irma y María y la llegada de fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), también trajo consigo otro frente de investigación para las autoridades federales.

Recientemente, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó que investigan el manejo delos contratos de Cobra Acquisitions por parte de personal de FEMA. Aunque hasta el momento no se han vinculado funcionarios locales con la pesquisa, sí se destituyó de su empleo a la administradora regional adjunta de FEMA, Ahsha Tribble, quien estuvo radicada en la Isla durante la etapa de respuesta tras las tormentas.

Entretanto, el Negociado Federal de Investigaciones Federales (FBI) también lleva una pesquisa en la Guardia Nacional (GN), relacionado a sobrefacturación por el coronel de ese cuerpo, Jorge Santini Padilla. Según explicó el Ayudante General de la GN, José Reyes, al exalcalde de San Juan se le removió de su cargo en el cuerpo castrense por irregularidades en la facturación de su nómina, asunto que fue referido tanto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) como el FBI por tratarse de fondos sufragados por FEMA.

En las puertas del Palacio de las Leyes

Una de las investigaciones federales de alto perfil que ya alcanzó su fase de acusación formal es la pesquisa sobre los empleados fantasmas en el Capitolio, la cual llevó al arresto del entonces director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales, Ángel Figueroa y los excontratistas y operativos políticos Isoel Sánchez y Chrystal Robles.

En este caso, la investigación federal surgió en reacción a una investigación periodística la cual siguió este medio digital. En este caso, se acusan a los excontratistas de incorporar una firma de servicios profesionales legislativos y facturaron por servicios que nunca rindieron, mientras que Figueroa aprobaba las facturas a sabiendas del incumplimiento contractual. El juicio para este caso fue pautado para agosto de este año.

A la vuelta de la esquina el nuevo jefe federal

En Puerto Rico, el poderío investigativo federal radica exclusivamente en la figura del jefe de la Oficina de Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, cargo que actualmente ocupa Rosa Emilia Rodríguez Vélez y quien anunció su retiro a finales de mayo. Rodríguez Vélez fungió como jefa de la Fiscalía Federal por trece años, pero en años recientes también fue objeto de una demanda por discrimen contra un exempleado suyo quien describió su tiempo con ella al mando como “el reino del terror”.

La semana pasada el presidente Donald J. Trump nombró a W. Stephen Muldrow como nuevo jefe de Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, un experimentado fiscal que laboró en la Isla del 1995 al 2001 bajo el liderato del entonces jefe de esa oficina, Guillermo Gil Bonar.

Así las cosas, aunque las autoridades federales “investigan todo”, también se avecina un periodo de transición en Fiscalía Federal con la llegada de Muldrow y la salida de Rodríguez Vélez. El efecto que eso tendrá sobre las investigaciones en curso esta por verse, pero lo cierto es que esa dependencia ha probado hasta ahora ser la única con la voluntad o recursos para producir consistentemente convicciones por corrupción gubernamental.

Esto a pesar de aquel aparente compromiso de “cero tolerancia” contra la corrupción que firmaron varios miembros de la presente administración de gobierno hace tres años.


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