Gobierno

Querella cuestiona la destrucción de documentos tras María

Pugna en el Instituto de Cultura.

El director del Archivo General de Puerto Rico, Dr. Samuel Quiñones García, radicó una querella ante la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) por presunta destrucción ilegal de documentos públicos tras la emergencia por el paso del huracán María.

Pero el caso del ICP puede ser sólo la punta de iceberg sobre tratamiento ilegal de los documentos y archivos públicos tras el paso del huracán María ya que, a pesar de que está evidenciado que muchas sedes de oficina de gobierno tuvieron sufrieorn daños considerables en su estructura y en sus interiores, no se ha registrado ninguna solicitud formal para tramitar legalmente la disposición de documentos públicos.

De acuerdo a Quiñones García, a semanas del paso del ciclón, sorprendió a funcionarios del ICP destruyendo documentos que se encontraban en perfecto estado sin que se siguiera el debido proceso de ley.

“A principios de octubre, objeté la forma en que se estaban descartando documentos en archivos que en apariencia no representaban un peligro a la salud de los empleados o la propiedad del Instituto”, lee la querella radicada el 26 de diciembre en la que solicita la intervención de la Junta de Directores del ICP.

De acuerdo con los documentos, el director del Archivo General fue testigo de la destrucción de documentos “en perfecto estado de conservación” en la Oficina del Programa de Promoción Cultural, Artes Populares e Industrias Creativas del Instituto.

También hace referencia a que la Administradora de Documentos del Instituto de Cultura, Marly Ferrer le había expresado sus dudas sobre los procedimientos seguidos por los empelados para descartar ciertos documentos innecesariamente ya que los mismos “eran salvables”.

Al igual que Quiñones García, la funcionaria también advirtió al director ejecutivo del Instituto sobre los protocolos requeridos para destruir documentos afectados por el ciclón y sus consecuencias legales. En la carta enviada a tan solo nueve días de María, Ferrer estima que apenas un 2% de los documentos en el Instituto tenían pérdida irreparable.   

Quiñones García sostuvo en entrevista con este diario que los reglamentos disponen que en caso de emergencia cualquier destrucción de documentos públicos tiene que ser en consulta con el director del Archivo General de Puerto Rico.

Todos los documentos que se vayan a disponer deben tener la autorización del director del Archivo General y hasta a casi siete meses del paso del huracán, Quiñones García no ha sido notificado de ninguna solicitud de autorización de documentos lo que violaría el Artículo 45.1 del Reglamento 4284. Confirmó que también le hizo saber esa preocupación al director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz.

“No he sido notificado de ninguna solicitud. Después de un huracán tiene que haber habido miles de documentos que se mojaron, algunos de los cuales son prescindibles y otros había que invertir dinero para conservarlos, en virtud de que tenían que ver con alguna auditoría; que tenían que ver con algún pleito pendiente; que tenían un periodo de retención legal estatal o federal o que sencillamente tenían algún valor histórico”, explicó Quiñones García en entrevista con este diario.

El referido del Director del Archivo General es acompañado por anejos de las gestiones realizadas, comunicaciones con el Director Ejecutivo del ICP, un memorando de derecho sobre el procedimiento para la concesión de dispensas para destruir documentos de la Rama Ejecutiva en caso de emergencia, así como una declaración jurada.

Por su parte, Luis Pedraza Leduc, portavoz de Pro Sol Utier dijo que la pugna se origina por una lucha de poder entre funcionarios de confianza de la presente administración que se agrava por la inacción de Ruiz ante la planteada controversia.

El representante sindical de los trabajadores unionados del Instituto de Cultura, solicitó a Ruiz a investigar la denuncia para despejar dudas del proceso y, de encontrar alguna irregularidad, fijar las responsabilidades a quien corresponda. No obstaste, sostuvo que los empleados le han asegurado que el proceso se realizó correctamente.

“Esta investigación tiene que resolverse. Hay unos documentos que supuestamente se autorizan a decomisarlos porque no son históricos ni fiscales. El personal que autoriza a disponer de esos documentos tiene que levantar un listado de lo que se decomisó. Según las empleadas unionadas eso se hizo bien. Solo hay que verificar esos listados y si alguien puede probar que hay documentos en el zafacón no incluidos esa es la evidencia”, puntualizó el líder sindical.

Al ser entrevistado por NotiCel, Ruiz aseguró que el proceso de destrucción de documentos en la agencia se llevó a cabo conforme a lo que dispone la ley para decomisar documentos directamente impactados por la lluvia causada por el huracán.

“El proceso se llevó a cabo conforme a la ley. Aquí de ninguna manera se autorizó la destrucción de documentos que no fueran los que estuvieron dañados, Se dañaron documentos en el área de recursos humanos y no se tocaron. El proceso fue observado”, señaló Ruiz.

Sobre las objeciones a la cadena de mando y quién debe autorizar el proceso, Ruiz dijo que la ley le confiere la autoridad para delegar en quien entienda debe representarlo. Reiteró la pulcritud del proceso de disposición de documentos públicos tras el paso de María.

“Para mí es lamentable la querella. El proceso de disposición de documentos lo llevan a cabo dos especialistas de 27 años (de experiencia). Yo soy en ley el administrador del Programa de Documentos Públicos a nivel del ejecutivo. Entiendo el argumento del Sr. Quiñones, pero no lo entiendo válido”, insistió el funcionario.


NC.TV

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