Gobierno

Se augura lenta atención a los "safe kits"

Gobierno "encontró" $3 millones.

Luego de un “tira y jala” por parte del Gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) respecto a la asignación de fondos para atender las pruebas de material genético de casos de agresión sexual, alias “safe kits”, el Gobierno dejará vencer el plazo de uso de ese dinero y firmará un contrato subvencionado por una monto “encontrado” en el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Se trata de 2,700 “safe kits” —también conocidos como “rape kits”— que no se han atendido en la Isla por el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), que datan desde el año 2001 y cuyas víctimas en su mayoría son mujeres, según confirmó la aún senadora y recién nombrada secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado.

Sin embargo, según el estimado del secretario del DSP, Elmer Román González, las pruebas tardarán más de dos años en completarse.

“La Junta de Control Fiscal nos había asignado tres millones de dólares para atender la exigencia de los más o menos 2,700 ‘safe kits’. La exigencia de la Junta era que el dinero fuera gastado en o antes de 60 días después de terminado el Año Fiscal. Así que había hasta agosto 30. El contrato de servicios para usar un laboratorio fuera de Puerto Rico, porque en Puerto Rico no existe laboratorio que pudiera hacer esos exámenes, se está firmando y eso me lo asegura el secretario del Departamento de Seguridad Publica, Elmer Román [González]. Ese contrato se está firmando esta semana”, explicó Laboy Alvarado en conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Por lo tanto, no vamos a poder pagarle al laboratorio, porque no va a hacerle los análisis a los 2,700 ‘safe kits’ antes de agosto 30. Aun cuando no podemos usar esos tres millones de dólares- porque no podemos violar la ley-, Elmer Román pudo identificar un sobrante en el presupuesto del Departamento de Seguridad Publica y eso es lo que vamos a usar”, añadió la Senadora.

Laboy Alvarado hacía referencia a que, bajo las leyes actuales, no se puede pagar por adelantado, en este caso al laboratorio, sin haber completado el trabajo o haber procesado las pruebas.

El asunto fue elevado a la luz pública por la misma Laboy Alvarado en agosto de 2017 —un mes antes del huracán María— mediante la Resolución del Senado 417 y luego fue retomado en septiembre de 2018, lo que desembocó en la celebración de vistas públicas y el anuncio de compromisos verbales entre funcionarios.

En abril del año en curso, Laboy Alvarado anunció junto a Douglas Leff, director del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), que la agencia federal colaboraría con las autoridades locales para aliviar el estancamiento de los miles de “safe kits” en el NCF, específicamente sobre casos de menores de edad.

Ayer, 21 de agosto, o sea, cuatro meses después, el Secretario del DSP repitió lo mismo, también en calidad de anuncio futuro porque aún no se ha concretizado. Según Román González, aquellos casos que involucren menores de edad serían trasladados al “laboratorio de Quantico” en Virginia, donde ubica la academia del FBI.

De acuerdo al Secretario, los “safe kits” “se van a evaluar mensualmente, no sé si 100 mensuales”. Esto significa que, a ese paso, la totalidad de los “safe kits” será atendida en 27 meses, o lo mismo que dos años y 90 días.

“Se habían identificado tres millones en el 2018, pero el 3 de mayo yo empecé a trabajar la negociación de este contrato, que es bastante complejo porque se necesitaba que el laboratorio que hiciera el trabajo, hiciera el trabajo completo, o sea, no es solo el kit, sino que es el perito que venga a la Isla, vengan a testificar, o sea que es un proceso complejo porque hay que validar. Es importante que fuera parte de la negociación. Entra nuevo año fiscal, el contrato se va a preparar para firmar y tiene que ser con fondos corrientes”, esbozó Román González.

No obstante, el Secretario tampoco mostró seguridad en cuanto a la suma de $3 millones encontrados de un sobrante, ya que aún aguarda la notificación sobre subvenciones federales que podrían disminuir la aportación estatal.

“Tres millones, pero en realidad puede ser menos, porque estamos hablando al 30 de junio, pero estamos esperando una certificación adicional de unos ‘grants’. O sea, que la inversión por el DSP puede ser menor”, aseguró Román González.

La noticia surge cuando varios grupos, como la Colectiva Feminista en Construcción, han exigido la implantación de un “Estado de emergencia” respecto a la violencia contra la mujer en la Isla, pues en lo que va de año, ya 15 mujeres han sido asesinadas por parte de parejas y exparejas.

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced, citó a la Colectiva Feminista en Construcción a una reunión hoy, jueves, a las 3:00 p.m. en la Mansión Ejecutiva. 

De cara al encuentro, Vázquez Garced invitó a la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, y le encomendó la elaboración de un análisis para saber si amerita o no decretar un estado de emergencia ante la muerte de más de veinte mujeres por violencia de género.

“Le solicitamos a la procuradora que nos haga un análisis con relación a las necesidades, los pro y los contra y la necesidad de establecer un estado de emergencia, de manera que lo podamos discutir y dialogar con todos los colectivos y tomar las mejores decisiones en pro de la seguridad y la protección de la vida de las mujeres”, informó Vázquez Garced en conferencia de prensa.

En marzo, non motivo del Día Internacional de la Mujer, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una Orden Ejecutiva para, en cierta medida, recordarle a las agencias públicas el trabajo que tienen a su cargo y que ya fue previamente reglamentado respecto a los casos de violencia que involucran a la mujer. 

El documento, respaldado por el Concilio de Mujeres del Gobierno de Puerto Rico, ordenó la recopilación de estadísticas sobre casos de violencia contra la mujer y la creación de protocolos particulares. Al otro día de la firma —anunciada por una transmisión en vivo a través de Facebook— el propio Rosselló Nevares confirmó que se trataba de reiteraciones en algunos casos, mientras que en otros eran sugerencias de los grupos defensores de los derechos de la mujer o iniciativas nuevas para extender las ya existentes.


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