Gobierno

Se defiende Valerie Rodríguez mientras va sin prisa la "alerta" por violencia de género

Gobernadora explica propósito.

Similar a la Orden Ejecutiva (OE) que firmó Ricardo Rosselló Nevares el Día Internacional de la Mujer, la "alerta nacional" para atender los casos de violencia de género decretada por Wanda Vázquez Garced también se ejecutó para reiterarle a las agencias públicas el trabajo que tienen que hacer y no están haciendo.

En conferencia de prensa el jueves, Vázquez Garced afirmó que, previo a la alerta, Puerto Rico ya contaba con las herramientas y los marcos teóricos necesarios para atender estos casos, pero carecía de implementación y cumplimiento. Por esa razón, esperaba que su alerta —una que no se ha efectuado en su totalidad— sirviera para realizar lo que corresponde.

"Todas las agencias tienen medidas específicas de cumplimiento. Todas. Ellas [las agencias] están cumpliendo con su plan de trabajo. Yo creo que una de las preocupaciones mayores de la alerta es que habían leyes suficientes, políticas públicas suficientes, protocolos suficientes y lo que queríamos era que las agencias implementaran y se aseguraran de la implementación de estos protocolos, de estas leyes, para que de una manera coordinada haya una lucha contra la violencia de género", explicó la Primera Ejecutiva.

A más de un mes del llamado, la "alerta nacional" no ha acumulado gestas concretas ya que la semana que viene Vázquez Garced y su equipo suponen presentar el plan de trabajo en respuesta a la alerta.  

"Una de las preocupaciones que trajeron los grupos era que algunas quizás no estaban cumpliendo con esos protocolos así que la alerta era para que las agencias estuvieran cumpliendo con esos protocolos. Leyes y protocolos y maneras de ejecución están, lo que hace falta es que se implementen adecuadamente", reiteró Vázquez Garced.

Las expresiones de la Gobernadora surgen la misma semana en que se reveló que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) cuenta con menos de 40 empleados y una de las contratistas de la agencia es Valerie Rodríguez Erazo, esposa del cabildero y exdirector de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte.

La empresa de Rodríguez Erazo, CDO Group, PSC, ha tenido múltiples contratos con la OPM, incluso desde que Vázquez Garced estaba al mando de la oficina. El acuerdo vigente fue otorgado el 31 de julio de 2019, dos días antes que se hiciera efectiva la renuncia de Rosselló Nevares a la Gobernación, pero posterior al anuncio de su dimisión.

A Vázquez Garced se le cuestionó sobre el contrato en la conferencia de prensa, cosa que alegó desconocerlo.

"Sobre Valerie Rodríguez, desconozco que en este momento haya alguna contratación. Si tiene algún caso específico, lo podemos examinar. [Yo] no la tengo contratada", aseguró la Gobernadora.

Según la Oficina de la Contralora, las labores de la empresa de Rodríguez Erazo son las siguientes:

  • "Servicios de asesoría especializada relacionada a los servicios que se ofrecen a las víctimas de violencia doméstica, violencia en cita, acecho, agresión sexual y sobre las leyes protectoras de las mujeres".
  • "Monitoreo de toda legislación estatal, federal e internacional, jurisprudencia aplicable que beneficie a las mujeres y a mantener a LA PRIMERA PARTE (la OPM) informada de cambios en las mismas. Igualmente monitorear e informar cualquier información sobre controversias relacionadas a la mujer que se ventilen públicamente".
  • "Revisión de legislación protectora de los derechos de las mujeres con el fin de atemperarla a la jurisprudencia reciente".
  • "Proveer asistencia legal en la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Investigaciones y Querellas"
  • Cualquier otra encomienda que le sea referida por la OPM.

El acuerdo, con vigencia hasta el 30 de junio de 2020, es por $9,000.

Previo a este acuerdo, CDO Group tuvo un contrato de un año con la OPM que venció el 30 de junio por $9,900, pero según el registro de Contraloría, fue enmendado en al menos dos ocasiones por cifras de $10,000 y $3,000.

Luego de la publicación de la noticia en los medios de comunicación, la contratista reaccionó mediante declaraciones escritas a la "demonización inaudita" que minimiza sus logros en la agencia. En su publicación, compartida a través de Twitter, aludió a que lleva nueve años rindiéndole servicios a la OPM como abogada y oficial examinadora.

"Cuando comencé en la OPM no estaba casada. Mis trabajos y mis servicios no están vinculados a mi relación marital, como tantos medios insisten. Esto es típico del trato que recibimos las mujeres cuando minimizan o invisibilizan nuestros méritos pretendiendo ponernos a la sombra de nuestros esposos", exclamó Rodríguez Erazo.

La declaración de "alerta nacional" fue anunciada mediante un comunicado de prensa el 4 de septiembre, tras dos reuniones con más de 21 organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas dedicadas a la defensa de la mujer y quienes le pidieron que decretara un "estado de emergencia", reclamo liderado por la Colectiva Feminista en Construcción.

Ese 4 de septiembre, La Fortaleza fue sede de la segunda reunión entre los grupos, quienes salieron del cónclave bajo la impresión de que la declaración de un "estado de emergencia" parecía estar estancado por, entre otras razones, una preocupación de imagen de la Gobernadora así como la incertidumbre sobre cómo funcionaría una determinación de ese tipo.

Para esa fecha, las entidades contaron alrededor de 12 asesinatos a mujeres por manos de sus parejas o exparejas, además de miles de incidentes de violencia de género. Según las estadísticas del Negociado de la Policía, por otro lado, para esa fecha habían ocurrido 28 asesinatos de mujeres, nueve de ellos por violencia de género. Hubo un caso adicional que no se incluyó en esa lista porque se trataba de una menor de edad, lo que hubiera elevado la cifra a diez.

Entre las propuestas presentadas por los grupos, y que fueron endosadas por más de 60 entidades, se encontró la necesidad de enfocar la labor dentro de cinco áreas: campañas preventivas, educación con perspectiva de género, seguridad, techo seguro y cero impunidad.


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