Gobierno

Solución para prevenir la corrupción es una 'prioridad'... que tardó dos años

La Inspectora General no está dedicada a eso solo

Aunque en el Gobierno de Puerto Rico existen, y cuestan dinero público, la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina del Panel del Fiscal Independiente para atender casos de posible corrupción gubernamental, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares cifró su confianza en la recién creada Oficina del Inspector General (OIG) para atender los escándalos que amenazan con desmoronar su administración.

Esa fue la respuesta más concreta que otorgó el Gobernador ayer cuando se le preguntó si está haciendo lo suficiente para atajar la corrupción.

La confianza en la oficina ocurre a pesar de que tardó dos años en tener completamente lista la ley que habilita su creación y el mismo tiempo para encontrar a alguien que la dirija, quien, de paso, no está dedicada solamente a esa oficina ya que se trata de Ivelisse Torres Rivera, que también es comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo.

Cuando se buscó tener acceso a Torres Rivera ayer, justo después de que el Gobernador anunciara que le ha referido todos los asuntos que han surgido en las últimas semanas en cuanto a investigaciones federales que han costado la cancelación de los contratos del principal consultor administrativo del gobierno y la destitución del secretario de Hacienda, director de Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y Principal Oficial Financiero, Raúl Maldonado Gautier, la contacto de prensa de la Inspectora dijo que está fuera del país desde el domingo y que no sabe cuándo regresa.

"(La Oficina) evaluará los méritos y jurisdicción sobre todo referido que reciba... no emitiremos comentarios adicionales hasta tanto y en cuanto las investigaciones que realicemos culminen", dijo como respuesta en un día en que, no solo Maldonado Gautier fue destituido, sino que el exfuncionario denunció que había una "mafia institucional" en Hacienda que intentó extorsionarlo a la vez que su hijo involucró al Gobernador directamente en reuniones en las que pidió que se alteraran auditorías para proteger a la Primera Dama.

Al anunciar la destitución, y a preguntas de NotiCel, el Gobernador enumeró al menos tres medidas que ha tomado su administración para atajar la corrupción gubernamental: la creación de la OIG, la ratificación del Código Anticorrupción y las gestiones emprendidas a nivel del ejecutivo para referir señalamientos de corrupción.

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"¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar haciendo un sinnúmero de cosas, otras iniciativas que están llevando a cabo para tener más claridad sobre todo esto en el gobierno, miren. La ley de contrataciones del gobierno y de ASG (Administración de Servicios Generales), lo que va a hacer es simplificar los procesos. En vez de 250 procesos que tenemos ahora que no hay visibilidad a uno solo, además de tener ahora, vamos a tener visibilidad", dijo el Gobernador, a la vez que siguió enumerando propuestas que aún no se han legislado o activado por orden ejecutiva.


Durante la rueda de prensa, Rosselló Nevares reiteró constantemente que llevará los señalamientos de Maldonado a la atención de la OIG, que se supone coordinar los esfuerzos de auditores de la OGP e internos de cada agencia.

Sin embargo, a pesar que la OIG fue uno de los primeros diez proyectos que presentó la administración de Rosselló Nevares el mismo día de su inauguración en el cargo, no fue hasta finales de febrero de este año que esa Oficina finalmente entró en operaciones con la confirmación legislativa de Torres Rivera. Es decir, por un periodo de dos años, la OIG fue creada, pero no hizo nada.

De hecho, la aprobación legislativa del proyecto que instauró la OIG fue aprobada a finales de febrero del 2017. Sin embargo, la medida fue enmendada en enero de 2018 para modificar los requisitos necesarios para asumir el cargo de Inspector General, un proceso que eliminó el requisito de seis años de experiencia como contador público autorizado o auditor.

No fue hasta más de un año después, 13 de enero de 2019, que el Gobernador anunció la designación de Torres Rivera sin mención del proceso de convocatoria. La confirmación legislativa ocurrió el 28 de febrero.

Es con este historial que aparece en escena, la OIG es la apuesta del Gobernador para sacar la cara por el Gobierno de Puerto Rico en la avalancha de pesquisas federales de las que son objeto funcionarios, contratistas y allegados de la administración.

En términos del Código Anticorrupción, esa ley dispone para la creación de un Comité Interagencial Anticorrupción. Entre sus miembros figura el secretario de Hacienda y entre sus funciones delineadas esta: "mejorar la habilidad del Gobierno para recibir información sobre posibles actos de corrupción".

"¿Y usted entiende que hizo lo suficiente como para promover un ambiente de cero tolerancia contra la corrupción", cuestionó NotiCel. "Yo les dejo a ustedes que evalúen", contestó Rosselló Nevares.

"Las acciones ya están ahí. Que podemos y que vamos a hacer más acciones, pues por supuesto que sí. De eso se trata esto de seguir viendo como uno evalúa y autoevalúa y revalúa las acciones que uno toma y como se pueden mejorar", añadió.

Rosselló Nevares criticó que los cuestionamientos de este diario digital estuvieran "pesados".

"Yo lamento que la premisa tenga que venir pesada con una insinuación de que no se está haciendo algo en contra de la corrupción", contestó a una pregunta sobre las medidas proactivas que ha tomado su administración para frenar la corrupción y sobre la insistente impresión ciudadana de que el gobierno está compuesto por corruptos.

"Hemos estudiado mejores prácticas, todo el mundo en el ejecutivo está instruido que ante la sospecha y la evidencia de que algo esté ocurriendo que entonces nosotros podamos comenzar los procesos para que se haga una evaluación de los hechos y si en efecto se ha cometido algún acto de corrupción, pues nosotros le vamos a caer con todo el peso de la ley", añadió, describiendo el proceso interno de cómo la Fortaleza maneja señalamientos y sospechas de corrupción.

A pesar de estos esfuerzos, la denuncia de Maldonado Gautier de una "mafia institucional" pareció tomar por sorpresa al Gobernador.

Según expresó Rosselló Nevares, su solicitud de renuncia a Maldonado Gautier respondió a que "realizó expresiones a los medios de comunicación, denunciando serias irregularidades en el Departamento que él tiene la responsabilidad de dirigir, las cuales nunca me informó".

"Yo no he hablado con él (Maldonado Gautier)", dijo. "¿Y va a preguntarle?", se le cuestionó. "Bueno, él debe llevar esa información a las entidades pertinentes. Eso es lo que yo estoy solicitando aquí, que el proceso sea uno donde si en efecto hubo una extorsión eso es inaceptable", contestó, añadiendo que también tendría que presentar evidencia.

Puesto de otra manera, a pesar de que el Gobernador sostuvo que contaba con un proceso para detectar y evaluar señalamientos de corrupción, en el caso de Maldonado Gautier confesó sorpresa y reaccionó al señalamiento destituyendo al funcionario sin siquiera hablarle para obtener una versión de los hechos que se pudiera referir a, precisamente, el OIG.


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