La reforma, que buscaba centralizar los recursos humanos del gobierno, no cuenta con los recursos humanos y tecnológicos para echarla a caminar.

Tres años después de aprobar legislación a esos fines, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) no ha logrado instituir el concepto del gobierno como empleador único a través de un programa centralizado para todo el aparato gubernamental, ni implementar con efectividad la política pública de movilidad de los trabajadores del sector público.

Ayer, durante el quinto día de las vistas de transición, la directora de la OATRH Sandra Torres López, explicó que tras el paso del huracán María la agencia se instaló en un espacio temporero y se encuentra en este momento en el proceso de mudanza para regresar a su sede en Guaynabo.

“A pesar de todas las condiciones precarias en que se encontraban los empleados luego del huracán María, la OATRH no subcontrató el proyecto, ahorrándole al erario millones de dólares con el desarrollo, validación e implantación del Plan de Clasificación Uniforme. Se logró disminuir, de aproximadamente 25,000 clases comprendidas en 176 planes de clasificación, a 1,575 clases comprendidas en dos Planes de Clasificación, y cumpliendo con el término de dieciocho meses establecidos por ley. A tales efectos los nuevos Planes entraron en vigor el mes de julio de 2019”, afirmó.

Pero además de ese plan uniforme creó otros planes de clasificación especializados para los patólogos del Instituto de Ciencias Forenses y la Policía.

El plan de retribución no corrió igual suerte.

Apuntó que la agencia elaboró el Plan de Retribución, tarea que completó en octubre de 2019. Pero esa propuesta todavía espera por la aprobación de la Junta de Control Fiscal, a pesar de que presentó varios escenarios.

Aclaró que la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos solo cobija a 65 agencias gubernamentales y 26,000 empleadas y empleados públicos. Excluyó a 15 agencias. Por ejemplo, el Departamento de Educación que tiene una tercera parte de los empleados gubernamentales no está contemplado en esta ley. Otras agencias quedan excluidas a través de su Ley orgánica.

El gobierno cuenta con una plantilla de 115,000 empleados públicos y 115 agencias y corporaciones públicas, según datos que ofreció Rachel Pagán González, directora auxiliar de la agencia.

Como parte de su misión de centralizar los recursos humanos del Gobierno, ambas funcionarias también propusieron la adquisición a un costo de $5.5 millones de dos programas de manejo de recursos humanos y de asistencia que permitiría la integración de los datos de las agencias bajo su tutela.

Ese sistema tendría un costo anual de $5.5 millones por el pago de las licencias, pero la OATRH recibiría un pago que oscila entre $4.86 a $5 que cada empleado que se conecte al sistema.

“La centralización de la administración de los recursos humanos en el Gobierno es la solución a la falta de cumplimiento de las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas, con el principio de mérito. Con dicha herramienta y los recursos humanos necesarios en la OATRH, los señalamientos que por décadas se han hecho sobre la politización de los procesos en las entidades individuales, la falta de transparencia y las deficiencias en los procesos se erradican”, aseguró durante las audiencias públicas que se celebran en el Centro de Bellas Artes, en Santurce.

La ausencia de esta tecnología impide a la OATRH conocer la cantidad de empleados que actualmente trabaja remoto o que se reporta a trabajar a las agencias y corporaciones públicas, según reconoció Torres López ante preguntas del presidente del Comité de Transición del Gobierno Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz.

“El sistema centralizado, como lo requiere la Ley 8, no está porque no tenemos el sistema (tecnológico). Hay que solicitársela a cada una de las agencias, igual que los puestos vacantes con presupuesto, los puestos vacantes que no tienen asignado presupuesto. La asistencia que la JCF requiere hay que pedírsela a cada jefe de agencia y prepararlo en una tabla de excel para enviarla”, admitió.

Señaló también que pese a estas carencias, la JCF insiste en que “todo esté bien hecho”.

“Pero sin presupuesto y sin tecnología no se puede hacer”, repitió la funcionaria en varias ocasiones.

«En pleno 2020 la Oficina no cuenta con un sistema tecnológico de información, ni con materiales, equipo o suficiente recursos humanos y económicos para trabajar con agilidad las iniciativas mencionadas anteriormente. La condición presupuestaria de la agencia no permite contratar o comprar los recursos necesarios para ello», agregó en otro momento.

Como otros deponentes, Torres López y Pagán González describieron una relación compleja con la JCF, que en ocasiones no entiende el funcionamiento del Gobierno.

“Mi percepción es que (los miembros de la JCF) están decepcionados”, agregó Pagán González sobre la confusión que crea al ente fiscal el alcance limitado de la agencia.

El concepto de movilidad o el traslado de empleados de una agencia a otra tampoco ha rendido los frutos esperados. Torres López solo mencionó dos ejemplos de agencias que han intentado adoptar esta política pública: el Departamento de Hacienda y la Policía.

Indicó que el movimiento de empleados entre agencias crea inequidades salariales o choca con reglamentación interna que desanima el reclutamiento de ese personal. En el caso de Hacienda, dijo que hubo una situación de empleados que se movieron a la agencia pero ganaban casi el doble del auditor que les enseñaba sus nuevas tareas.

Al hablar de la Policía, subrayó que sus requisitos de contratación y de verificación de antecedentes son tan estrictos que hubo dificultad para que reclutarán personal de otras agencias para realizar trabajos administrativos en la uniformada.

“No se puede seguir moviendo gente, no tenemos suficientes empleados para mover de un lado a otro”, respondió a otra pregunta sobre el efecto de las plazas que se congelan en el gobierno luego que un funcionario se retira o renuncia.