Cinco procuradores hicieron este reclamo ayer en las las audiencias legislativas que evalúan el presupuesto para el próximo año fiscal 2021-2022.

Las diferentes procuradurías del gobierno de Puerto Rico se unieron al reclamo de mayores fondos presupuestarios al comparecer ayer miércoles a las audiencias legislativas que evalúan el presupuesto para el próximo año fiscal 2021-2022.

Una de las procuradurías que expuso su necesidad de mayores fondos fue la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), que solicitó una cantidad de cerca de $4 millones para el año fiscal 2021-2022, de los cuales la Junta de Supervisión Fiscal solo recomendó $3.5 millones.

“La agencia ha sufrido recortes presupuestarios desde el cuatrienio 2013-2016, cuando sufrió una reducción de $2 millones de dólares y en el cuatrienio 2017-2020, la reducción fue cerca de trescientos mil. De $5.8 millones de dólares en el año 2012, donde no había Pay As You Go, hoy ese presupuesto es de $3,132.000.00. Es decir, nuestro presupuesto real es de $2,629.000.00”, expuso el procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano.

Agregó además que el presupuesto recomendado no alcanza para nombrar los asistentes administrativos que requerirán los procuradores de Pequeños Negocios, Transporte Público y Sistema de Seguridad de Data Sensitiva.

Una deficiencia similar presentó la Oficina del Procurador de Edad Avanzada (OPPEA), que recibirá $2.6 millones provenientes del Fondo General y $22.7 millones de Fondos Federales (90%).

“Si comparamos el presupuesto solicitado en su origen de la Resolución Conjunta de la Cámara por $3.1 millones vs el presupuesto recomendado por la Junta de $2.6 millones hay una diferencia de $506,000”, señaló la procuradora, Carmen D. Sánchez Salgado.

La funcionaria alertó que con los fondos asignados no tendrá tampoco recursos suficientes para cubrir la transferencia de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Se determinó que se necesita un total de $147,703, no obstante, la OPPEA podrá cubrir solo $70,097. La cantidad necesaria para cumplir con este propósito de movilidad es de $76,976 y la agencia no cuenta con esa diferencia de fondos para cubrir esos salarios”, señaló.

Otro que levantó un reclamo de fondos adicionales fue el procurador del veterano, Agustín Montañez Allman, que indicó que el presupuesto recomendado para el año fiscal 2021-2022, de $2.3 millones contiene una reducción de $60,000 en nómina.

El Procurador se quejó de que la reducción es continua desde los años fiscales 2014 al 2021 en la asignación especial para la administración, operación y mantenimiento del Cementerio Estatal de Veteranos en Aguadilla.

“Se ha generado una deuda incremental hacia el Municipio de Aguadilla por dicho concepto y la OPV carece de fondos suficientes para sufragarlo, tal como hemos ido advirtiendo desde hace varios años, tanto a la Rama Ejecutiva como a la Legislativa”, recalcó.

Denunció recortes adicionales en las asignaciones para la Casa del Veterano en Juana Díaz, y señaló que la entidad no tiene una partida asignada para mejoras permanentes por lo que estará coordinando con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para poder completar los arreglos necesarios esta instalación.

“La asignación de una partida de presupuesto para el otorgamiento de subsidios a veteranos en la Casa del Veterano no ha sido cónsona con lo dispuesto en la Ley 314-2020, por lo que se ha ido generando, a pesar de nuestras advertencias al ejecutivo y al legislativo, una insuficiencia para cubrir los subsidios concedidos de 128 veteranos residentes en la facilidad hasta el 30 de junio de 2021”, añadió.

También tuvo recortes la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) cuyo presupuesto recomendado de $2.9 millones es también inferior al solicitado.

“La OPM lo que necesita es una asignación presupuestaria suficiente y recurrente para poder ejercer plenamente todas nuestras funciones como agencia. Nos parece insólito que, con respecto a nuestra oficina, la OPM haya replicado presupuestariamente el esquema patriarcal más opresivo en la esfera laboral, que pretende obtener de las mujeres su trabajo igual o mayor por menor paga”, sostuvo la procuradora, Lersy Boria, durante su comparecencia.

Finalmente la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI) informó que solicitó un presupuesto de $1.9 millones, pero la recomendación de la JSF es de solo $1.6 millones “lo que nos deja corto a la defensoría”, expresó el defensor interino, Gabriel Corchado.

Se recordó que actualmente la DPI está bajo una sindicatura de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) por estar en alto riesgo con los fondos federales desde el 2012 y por incumplir con los informes de implementación de ahorro.