El recorte de $95 millones por parte de la Junta de Supervisión Fiscal al presupuesto de Educación Especial representaría inaccesibilidad a servicios como terapia y maestros certificados.

“La mayoría de estudiantes de Educación Especial, no solo se trata de un rezago, es que no recibieron educación, prácticamente no pudieron recibir educación porque no podían pararse frente a una computadora”, sostuvo la madre y portavoz del Movimiento por la Niñez y Educación Pública, Jinnette Morales, durante la protesta en contra del recorte presupuestario al programa de Educación Especial.

Alrededor de 110 mil estudiantes de Educación Especial se verán afectados por este recorte y el rezago académico en lugar de trabajarse, empeoraría, ya que no habrán los recursos necesarios para atenderlo.

“Yo nunca he reconocido que esto fue un año educativo, fue un año en el cual se trató de mitigar el daño”, manifestó Morales. “No le vemos una solución a este problema, porque unas ‘clasesitas’ de verano no es lo que va a solucionar los rezagos de nuestros niños”, añadió.

Las organizaciones que trabajan con la población de estudiantes del programa de Educación Especial, como el Comité Timón, indicaron que no saben de dónde salió el recorte, ya que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no les dio acceso a ella.

“Se supone que esto del presupuesto sea público, y que nos indiquen de donde salen las partidas, pero eso no se ha presentado nunca”, expresó la portavoz del Comité Timón, Carmen Warren.

Asimismo, Warren reclamó a la JSF que reajuste y devuelva el presupuesto que requiere Educación Especial para su funcionamiento. Además, exigió que quien esté a cargo del Departamento de Educación, aunque sea de manera interina, debe tomar acción.

“El que haya un secretario o secretaria de educación nombrado no hace ninguna diferencia, aquí el que esté, sea interino o formalmente nombrado, tiene que ejecutar en favor de la niñez puertorriqueña y atender las necesidades de este rezago”, reiteró la portavoz del Comité Timón.

El recorte presupuestario de $95 millones implicaría unos vacíos en la educación de los menores con diversidad funcional que, según el Comité Timón, son inimaginables.

“El daño es hipotético porque no lo vamos a ver hasta que los niños lleguen al salón. Estos niños llevan desde los terremotos sin una estructura, sin continuidad. Los que pasaron de grado no van a tener los recursos cuando vayan presencial”, expuso Jasmine Berrios del Comité Timón.

“Muchos de ellos van a requerir ser reevaluados y más servicios si demuestran regresión. Necesitamos más dinero por lógica, en ninguna cabeza cabe que necesitaremos menos”, resaltó Berrios.

El Movimiento por la Niñez y Educación Pública, el Comité Timón y la Alianza de Autismo de Puerto Rico se unieron en el reclamo de exigir que se asignen más fondos al programa de Educación Especial.